Marlen Medina Ortiz
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marlen Medina Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. De conformidad con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno, se declara que el original del incidente de suspensión es susceptible de conservación por un plazo de tres años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a su transferencia a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y no ampara ni protege HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en los Libros de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido. Déjese por separado el cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno en cita, el expediente principal es conservable, por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, procédase a su transferencia a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se declara que el cuaderno del incidente de suspensión es conservable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; consecuentemente, háganse las anotaciones en los Libros de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y una vez cumplido los tres años de su conservación, procédase a su transferencia la Dirección General de Archivo y Documentación en cita. Agréguese copia simple del presente proveído al cuaderno incidental relativo al juicio de amparo de que se trata. Finalmente, dado que resulta innecesario que este órgano jurisdiccional siga conservando el tomo de prueba que se formó por separado con las copias certificada de diversas constancias que integran el expediente 05/2022-II, que remitió la autoridad responsable Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, recibidas en proveído de tres de abril del presente año; devuélvansele para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a trece de julio de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 180/2023-VI, promovido por ******, por derecho propio, en contra del acto que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, remitido en esa misma data, por razón de turno a este órgano de control constitucional, Marlén Medina Ortiz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio (.). IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- La resolución interlocutoria de fecha 3 de noviembre de 2022, la cual me fue notificada en forma personal el día 31 de enero del año actual, dictada en el expediente 05-2/2022 del índice del juzgado sexto de primera instancia en materia familiar relativo al juicio de divorcio promovido por el hoy tercero interesado, en contra de la suscrita. SEGUNDO. Prevención y trámite del Juicio. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el número 180/2023, y previno a la parte quejosa para que precisara la autoridad a la que atribuyó el acto reclamado en el expediente 05-2/2022 y, si era su deseo señalar como acto reclamado la multa impuesta el juicio de referencia (foja 15 a 17). Mediante escrito registrado con número de folio 3044 (foja 21), la quejosa en desahogo de la prevención manifestó lo siguiente: "Que el ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022, se le atribuye al Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares con domicilio públicamente conocido en (.). Se manifiesta también como acto reclamado la multa por la cantidad de $7,697.60 que me impuso la juez estatal." Con motivo de lo anterior, por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo el dos de mayo de dos mil veintitrés, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.4 TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, de acuerdo con la lectura integral del escrito inicial de demanda, del escrito de desahogo de la prevención y de las constancias que integran el juicio familiar de origen, la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? La resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 5/2022-II, que 4 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. declaró improcedentes los recursos de reconsideración, interpuestos en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. ? La multa impuesta por la cantidad de $7,697.60 en acuerdo de catorce de dieciséis de junio de dos mil veintidós y notificada en diversa comparecencia de catorce de septiembre de ese año. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar 05/2022-II, se notificó a la aquí quejosa, mediante cédula de notificación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (foja 277 del tomo de pruebas), de ahí que, el término para la presentación de la demanda empezó a transcurrir a partir del día siguiente de su notificación de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Civil del Estado5; entonces, si la demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, es oportuna pues se recibió dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que transcurrió del dos al veintitrés de febrero del año en cita, descontándose los cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año en cita, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la Ley de Amparo. La oportunidad de la presentación de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la multa será analizada en considerandos siguientes. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, cuyo rubro reza: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable, Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le atribuyen. 5 "Artículo 129.- Cómputo de plazos judiciales. Los plazos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación, y se contará, en ellos, el día del vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos el mismo día en que se hubieran hecho y las demás al día siguiente de haberse practicado." Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO."6. Certeza además que se corrobora con las copias certificadas en las que obra, la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 05/2022-II, que la mencionada autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Prueba documental a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su ordinal 2°. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, se analizará la procedencia del juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con el siguiente rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.", visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página ciento noventa. En el caso contra el acto reclamado consistente en la multa impuesta por la cantidad de $7,697.60 en acuerdo de catorce de dieciséis de junio de dos mil veintidós y notificada en diversa comparecencia de catorce de septiembre de ese año, se materializa la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito, pues la parte quejosa no promovió la demanda dentro del término legal. Dicha causa de improcedencia se establece en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Texto conforme con el que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de los que no se promueva el amparo dentro de los términos legales correspondientes. 6 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830. Bien, la causa de improcedencia anunciada, reside en que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus garantías, precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Los diversos numerales 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Así, la fracción XIV, del arábigo 61, de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en las disposiciones que se acaban de reproducir. En efecto, de los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de los siguientes momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del acto o de su ejecución. En el entendido, que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17, de la Ley de Amparo, que aducen que el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional (fracción I); mientras que en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años (fracción III). En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años (fracción II); y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo (fracción IV). En ese contexto, si las oportunidades legales para la promoción del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, en atención al principio de exclusión, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran las excepciones contempladas por el artículo 17, de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Se indica lo anterior, pues el acto, respecto del cual se analiza la causa de improcedencia de consentimiento tácito, fue reclamado a través del escrito presentado ante el Juzgado de Distrito hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias es posible advertir que la citada quejosa tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, el día catorce de septiembre de dos mil veintidós, cuando compareció de manera voluntaria recibir la cantidad de un mil quinientos pesos por concepto de pensión alimenticia provisional (foja 222 del anexo) y el juez del conocimiento le notificó de manera personal los acuerdos dictados el dieciséis, veinticuatro y treinta de junio de dos mil veintidós, tal como se advierte de la firma estampada por la aquí quejosa al final de la comparecencia ( foja 222 vuelta ibídem). En ese contexto, la parte quejosa conoció plenamente del acto reclamado en esa data (día catorce de septiembre de dos mil veintidós), tal como se demuestra con su comparecencia ante la responsable; entonces, a partir de esa data debe computarse los quince días con que cuentan para la presentación de la demanda, entonces el término para interponer la demanda comenzó a correr a partir del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y feneció el siete de octubre de ese año, descontando los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinticinco de septiembre y uno y dos de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, es claro que, al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficialía de Partes del Juzgado, hasta el día veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (de acuerdo con los sellos de recepción), dicha presentación estuvo fuera del término que el artículo 17, de la Ley de Amparo prevé, para el ejercicio oportuno de la acción constitucional, lo que conduce a afirmar que, la resolución reclamada en esta instancia constitucional, fue consentida tácitamente. Así las cosas, basta que la parte quejosa, tratándose de una persona con capacidad jurídica convencional, se hizo conocedora plena del acto aquí reclamado, debe considerársele sabedora de la existencia de todo esto para presentar la demanda de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Asimismo, la tesis VIII.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con número de registro digital 173128, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE QUE EL QUEJOSO TUVO ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE LO CONTIENEN ANTES DE LA SOLICITUD DE COPIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (ALCANCE DE LA TESIS 1a./J. 42/2002 DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Del análisis de la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco del Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", se colige que la materia de la contradicción de tesis respectiva fue determinar en qué momento debe tenerse por conocido el acto reclamado por parte del peticionario de garantías, en el caso, exclusivamente, de que se soliciten copias de dicho acto; esto es, el supuesto analizado en la resolución de la Corte es aquel en cuyo caso el único dato revelador de conocimiento del acto por parte del gobernado es la solicitud de copias respectiva, pero no la hipótesis en la cual existe evidencia de que la parte agraviada tuvo acceso a las constancias que contienen el acto reclamado desde antes de la solicitud de copias. Lo anterior es así, pues el plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 21 de la Ley de Amparo debe computarse desde que el gobernado está informado de la existencia del acto, ya sea mediante notificación, el conocimiento por otras vías, o desde que se manifieste sabedor. De lo contrario, exagerar la trascendencia de la jurisprudencia citada implicaría que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo requiriera inexorablemente que la parte obtuviera copias certificadas de las actuaciones en las que conste el acto reclamado, lo cual redundaría, en la práctica, en dejar a la voluntad del agraviado el tener o no "conocimiento" del acto, pues hasta el momento en que gestionara y recibiera la copia certificada del acto reclamado empezaría a correr el plazo para la acción constitucional.". De acuerdo con lo expuesto, ha quedado acreditada la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, circunstancia que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo con la fracción V, del numeral 63, del propio ordenamiento. SÉPTIMO. Antecedentes. A fin de tener un panorama claro del asunto, conviene tomar en consideración que de las constancias que aportó junto con su informe justificado la responsable, se aprecia que: i) Por auto de once de enero de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite la demanda de divorcio incausado, presentada por Christian Samuel Farías Sánchez en contra de Marlén Medina Ortiz, la cual registró bajo el número de expediente 05/2022-II, y fue emplazada la parte demanda (fojas 21 a 27 del tomo de pruebas). ii) Mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Juez responsable entre otras cuestiones proveyó lo relativo a las convivencias provisionales de los niños con el progenitor no custodio, que en lo que interesa, es del tenor siguiente: "Acapulco, Guerrero a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. (.) Por cuanto hace a su última petición, tomando en consideración que en auto de radicación este juzgado se reservó a proveer lo conducente a decretar un régimen de convivencias provisionales de los menores hijos S. E. L. D. y J. E., todos de apellidos F. M., con su progenitor no custodio, hasta en tanto se entablara la relación procesal, ponderando el interés superior de los menores de edad, así como a los establecido por el artículo 9 de la Convención sobre los derechos del niño, en relación con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece de manera expresa los estados intervinientes en dicha convención, se encuentran obligados a respetar el derecho de los niño que están separados de uno o de ambos padres, es decir, los órganos jurisdiccionales que tengan conocimiento de procedimientos en los cuales se encuentren inmersos derechos de infantes, deberán mantener las relaciones personales y de contacto directo con ambos padres de forma regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, tomando en cuenta la edad de dichos menores (dos, tres y ocho años, respectivamente), las convivencias entre la actora y sus menores hijos, de manera provisional se decretan de manera supervisada en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral (CECOFAM), a fin de e con ello se genere seguridad en el infante y se logre además su pleno desarrollo, en tal virtud, de la forma siguiente: 1.- El actor Christian Samuel Farías Sánchez, convivirá con los menores de identidad reservada S. E. L. D. y J. E., todos de apellidos F. M, los días sábados de cada semana, en un horario de once de la mañana hasta las catorce horas del mismo día, en el Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y se devolverá a su progenitora Marlén Medina Ortiz, en ese mismo centro al finalizar las convivencias. (Lo destacado es propio) En el entendido de que dicho régimen de convivencia iniciara el siguiente fin de semana a que sea realizada la notificación antes citada. Gírese atento oficio a la Directora del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, para que tenga conocimiento de lo anterior, y tome las medidas necesarias para la debida convivencia de los menores con su progenitora en los días y horarios establecidos. Bajo esa premisa, requiérase personalmente a la demandada Marlén Medina Sánchez, en el domicilio que tenga en autos para que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente cuarenta veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), en términos de la fracción I del numeral 144 del cuerno de leyes en cita, correlacionado con los artículos 2, 3 y 7 del Decreto por el que se expidió la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis; y además de ello se le dará vista el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que proceda a instar la carpeta de investigación en su contra por el posible delito de desacato a una orden judicial. (Lo destacado es propio), (foja 102 y 103 del tomo de pruebas, ) (.)" iii) El dos de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó sentencia en el juicio familiar de origen, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "Resuelve: Primero. El actor Christian Samuel Farías Sánchez, probó extremos de su acción de divorcio incausado, en tanto que la demandada Marlén Medina Ortiz, produjo su contestación a la demanda consecuencia, Segundo. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une Christian Samuel Farías Sánchez y Marlén Medina Ortiz, bajo régimen de separación de bienes; en tal virtud, no ha lugar a liquidar sociedad, dado el régimen bajo el cual contrajeron matrimonio. Tercero. Ambos divorciados quedan en aptitud para contraer nuevamente matrimonio, si a sus intereses conviniere. Quinto (sic). En relación a la guarda y custodia, alimentos y convivencias de los menores de nombres J. E., L. D. y S. E., todos de apellidos FM., queda en los términos decretados en el considerando V de esta resolución Sexto. Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas mediante auto de radicación de fecha once de enero del presente año, con excepción de las relativas a la pensión alimenticia y convivencias de los menores con su progenitor no custodio, decretadas en auto de veinticuatro de febrero del año actual. Séptimo. En relación a las cláusulas tercera, sexta, octava y décima, adicionadas por la demandada en su contrapropuesta respectiva, tomando en consideración que las partes no están de acuerdo en los términos propuestos, tal como se advierte de la contestación de demanda, así como el desahogo de vista realizado por el actor en escrito exhibido el dieciséis de febrero del año actual, y lo manifestado por la demandada en la presente audiencia, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 33 de la Ley de Divorcio del Estado, se dejan a salvo los derechos de las partes, para que respecto a estos rubros, lo hagan valer en la vía incidental correspondiente. Octavo. Se les hace saber a los divorciantes que el presente fallo que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse las resoluciones interlocutorias que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados, lo anterior con sustento en el artículo 51 de la Ley de Divorcio vigente en el Estado de Guerrero, (REFORMADO, P.O. 09 DE MARZO DE 2012). Noveno. Una vez que esta resolución sea ejecutable, y acorde a lo que dispone el precepto legal 38 de la Ley de Divorcio vigente en el Estado, (REFORMADO, P.O. 09 DE MARZO DE 2012), para que se haga la anotación marginal en el libro respectivo y para que se publique un extracto de este fallo en los lugares que tengan destinados para tal efecto, durante quince días, con copia certificada del mismo, gírese oficio al oficial del Registro Civil en donde se efectuó el matrimonio, así como al Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado; para que hagan las anotaciones en los libros respectivos y levanten el acta correspondiente. Así también, con fundamento en el artículo 366 del Código Civil de esta Entidad, remítase copia certificada de la presente resolución y de las partidas de nacimiento de los divorciados, al Oficial del Registro Civil donde se encuentra registrado el nacimiento de los antes citados, para hacer las anotaciones respectivas. Octavo (sic). No se hace condena al pago de gastos y costas, por tratarse de un asunto inherente a cuestiones familiares (divorcio). Noveno (sic). No se hace condena a ninguno de los cónyuges a proporcionar alimentos a favor del otro, por las razones vertidas en considerando, de este fallo; de igual forma, no se hace condena alguno relación a la indemnización que establece el numeral 7 Bis de la Ley de Divorcio del Estado, por las razones vertidas en el considerando V del presente fallo. Décimo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvió y firma, en definitiva, la licenciada Amelia Gama Pérez, Juez Sexto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ante la licenciada Eledibeth Galindo Matamoros Segunda Secretaria de Acuerdos que y da fe. Doy fe. Toda vez que Christian Samuel Farías Sánchez y Marlén Medina Ortiz, se encuentran presentes en este acto, con fundamento en numerales 151 fracción V y 167 fracción II del Código Procesal Civil, se les tiene por legalmente notificados de la sentencia que antecede, de igual forma quedan notificados el Ministerio Público y Representante del Dif adscritos a este juzgado. (Lo destacado es propio) Acto seguido, el abogado patrono de la parte actora, solicita el uso la palabra y concedido que le fue el derecho dijo: que visto lo manifestado por su señoría en el auto de fecha veinticuatro de febrero del presente año relacionado con el régimen de convivencias provisionales solicitó que para efecto de evitar dilaciones procesales, se le requiera en este acto a demandada, para efecto de que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas en dicho auto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En seguida la juez acuerda: visto lo manifestado por el abogado patrono de la parte actora, y tomando en consideración que se encuentra presente en la presente audiencia la demandada Marlén Medina Sánchez, con las facultades que a la suscrita confieren los numerales 167 fracción II, 520, 520 bis fracciones II y IV del Código Procesal Civil del Estado, en este acto se le tiene por notificada a dicha enjuiciada del auto de veinticuatro de febrero del año actual, y en su cumplimiento, se le requiere para que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas en dicho proveído, en que se determinó que el régimen de convivencia iniciaría el fin de semana siguiente a que sea realizada la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cuarenta veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), en términos de la fracción I del numeral 144 del ordenamiento legal invocado. Manifestando en este acto darse por enterada y notificada de dicha determinación, firmando la presente diligencia para debida constancia legal." (fojas 111 a 120 ibidem, lo destacado es propio) iv) Con motivo del escrito presentado por el abogado patrono de la parte actora, la Juez responsable emitió el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que es del tenor siguiente. "Acapulco, Guerrero, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta dada por la secretaria de acuerdos actuante, y el escrito signado por el licenciado Adalberto Pérez Lira, abogado patrono de la parte actora, atenta a su contenido, tomando en consideración que no fue posible notificar a la demandada Marlén Medina Ortiz, los requerimientos ordenados en autos, tomando en cuenta las razones actuariales levantadas por el secretario actuario de esta adscripción, y que la demandada se cambió de domicilio, manifestando el ocursante que desconocen algún otro lugar donde viva o habite, y dada la rebeldía con la que se ha conducido dicha demandada, lo que se advierte de los autos que integran este procedimiento, con las facultades que a la suscrita confieren los numerales 9 fracción I, 122, 158, 520, 520 BIS fracción II, 522 fracción V, del Código Procesal Civil del Estado, se ordena notificar a Marlén Medina Ortiz, en el lugar donde se encuentre, para lo cual se instruye al secretario actuario adscrito a este juzgado, para que lleve a cabo las diligencias que fueren necesarias, con el debido cercioramiento y en estricta observancia de las normas que rigen el procedimiento. En tal virtud, considerando las facultades que otorgan los artículos 9° fracción I del código adjetivo civil de la entidad, 44 fracciones VI y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, 51 y 54 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye a la secretaria de acuerdos actuante, para que turne el expediente al Actuario adscrito a este juzgado, a fin de que éste, en observancia de lo dispuesto por el dispositivo legal 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado: 1) agote las notificaciones y requerimientos ordenados a Marlén Medina Ortiz, con la oportunidad exigida por el numeral 145 del Código Procesal Civil del Estado; y, 2) en un término de veinticuatro horas siguientes a su realización, devuelva dicho expediente así como las constancias de las diligencias que en su caso hayan sido agotadas, debidamente agregadas a los autos, en términos de lo dispuesto en el numeral 60 fracción II de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero. (foja 209 ibídem). (.)" v) Comparecencia de la aquí quejosa, ante la Juez responsable de catorce de septiembre de dos mil veintidós, que es del tenor siguiente. "En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día catorce de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora que lo permiten las labores de este juzgado, en el expediente número 05/2022-11, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Christian Samuel Farías Sánchez, en contra de Marlén Medina Ortiz, comparece la demandada Marlén Medina Ortiz, quien se identifica con su credencial de elector número de clave MDORMR97020712M100, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su abogado patrono licenciado David López Vargas, quien se identifica con su cédula profesional número 6432315, expedida por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se hace constar la presencia del Representante del Ministerio Público y Representante del DIF adscritos. Con lo anterior, la licenciada Saray Díaz Rojas, Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, que actúa con la licenciada Eledibeth Galindo Matamoros, Segunda Secretaria de, Acuerdos, que autoriza y da fe, declara abierta la presente comparecencia. Continuamente, Marlén Medina Ortiz solicita el uso de la palabra y concedido que le fue el derecho dijo que en este acto pido me sea entregado el de depósito exhibido por el actor, mismo que fue recibido el siete de septiembre del año actual, de lo que tuve conocimiento por la publicación del citado acuerdo por lista que se publica en los estrados del juzgado. La juez acuerda: visto lo manifestado por la compareciente, tomando en consideración que el demandado exhibió el billete de depósito número Y824318, de fecha treinta y uno de agosto del año actual, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos procreados con la aquí demandada Marlén Medina Ortiz, derivado del pago de las incapacidades por el accidente que sufrió su representado cubiertas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tanto, con independencia del informe solicitado al referido nosocomio, como lo solicita la compareciente, hágase entrega del billete de depósito, debidamente endosado a su favor, previa razón y firma que asiente por su recibo. Por otra parte, y toda vez que Marlén Medina Ortiz, comparece de manera personal a la presente comparecencia, en cumplimiento al proveído de veintiséis de agosto del año actual, se le tiene por debidamente notificada de dicha determinación, así como del contenido de los acuerdos dictados el dieciséis, veinticuatro y treinta de junio, del que transcurre, por tanto, en atención a los mismos se le requiere para que dentro del término de cinco días hábiles, haga pago de la cantidad de $7,697.60 (siete mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 moneda nacional), que le fue impuesta como multa, la cual deberá depositar en cualquiera de las cuentas aperturadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, ya que de no hacerlo se procederá a su cobro mediante el procedimiento coactivo correspondiente. Con independencia de lo anterior, se le requiere para que dentro del término de tres días hábiles, proporcione su nuevo domicilio particular donde habita con sus hijos, asimismo para que proporcione las facilidades necesarias a fin de que las convivencias fijadas en este procedimiento principal, se lleven a cabo en los términos decretados, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se le impondrá una multa del equivalente a cien veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), asimismo y no obstante de que el Ministerio Público de esta adscripción tuvo intervención en el juicio desde el auto de radicación, se le dará vista, por desacato a una orden judicial en que ha incurrido la enjuiciada. (foja 222) (.)" vi) Escrito signado por la aquí quejosa, presentado ante la responsable el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual interpuso recurso de revocación, en contra del auto de veintiséis de agosto del año en cita, en lo relativo al requerimiento de pago de la multa impuesta (fojas 225 a 229). vi) Diverso ocurso signado por la aquí quejosa, presentado ante la responsable el veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual interpuso recurso de revocación en contra del requerimiento realizado el catorce de septiembre del año en cita, en lo conducente al requerimiento de proporcionar el nuevo domicilio particular donde habita con sus hijos, proporcione las facilidades necesarias para las convivencias fijas en el procedimiento (fojas 231 a 235). vii) Mediante resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, la Juez responsable, declaró improcedentes los recursos de revocación interpuesto en contra del auto de veintiséis de agosto y el requerimiento de catorce de septiembre ambos de dos mil veintidós. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de Fondo. En el caso, no se aprecia causa de improcedencia que hagan valer las partes o bien que de oficio este juzgador advierta, por lo que se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte impetrante contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 79 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, en lo sustancial la quejosa en el presente juicio de amparo, argumenta lo siguiente: 1. Que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que la resolución es incongruente al no haber decidido el Juez lo que en derecho corresponde en torno a las inconformidades que describió menos aún de los criterios que invocó. 2. Que contrario a lo que se resolvió los recursos de reconsideración no combatían el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, sino el requerimiento de pago de catorce de septiembre de ese año de la multa e impulso procesal de un juicio que ya está culminado. Son inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa contra el acto reclamado destacado en el considerando segundo de esta sentencia. En efecto, las consideraciones en que la autoridad responsable sustentó el acto reclamado, son las siguientes: "SENTENCIA INTERLOCUTORIA. Acapulco de Juárez, Guerrero, a tres de noviembre del dos mil veintidós. VISTOS, los autos para resolver los recursos de reconsideración interpuestos por Marlén Medina Ortiz, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de agosto del dos mil veintidós, así como requerimiento que le fue efectuado el catorce de septiembre del citado año, derivados del expediente número 5/2022-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Christian Samuel Farías Sánchez, en contra de Marlén Medina Ortiz, teniendo los siguientes: RESULTANDOS (.) Conforme a los numerales transcritos, el divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en la ley de divorcio; en caso de diferencias en las propuestas de convenio de las partes, la juzgadora citara a una audiencia previa y de conciliación para promover un acuerdo entre ambos, y en caso de no existir acuerdo entre ellos, emitirá sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial, dejando a salvo el derecho de los cónyuges para que en los puntos en los cuales exista controversia, lo hagan valer en la vía incidental correspondiente, exclusivamente por lo que concierne al convenio; no obstante ello, atendiendo las diferencias advertidas, en esa sentencia de divorcio se encuentra obligada a fijar la situación de los hijos, para lo cual gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y en especial a la custodia y cuidado de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio para ello. Con lo anterior queda claro, que si bien en caso de no haber acuerdo entre las partes, por cuanto hace a los convenios propuestos, dejará a salvo el derecho de ambos, para que lo hagan valer en la vía y forma correspondiente, también es verdad que conforme a dichos numerales la juzgadora se encuentra plenamente facultada para que, en ante la existencia de esas diferencias decrete las medidas provisionales que sean procedentes, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. En el caso, en la audiencia previa y de conciliación celebrada el dos de marzo de dos mil veintidós, al no existir acuerdo entre las partes, la suscrita juzgadora emitió la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial, y en la misma, en uso de transcritos le confieren, dejó subsistentes las medidas provisionales de convivencias entre los hijos procreados y su progenitor no custodio, en términos del proveído de veinticuatro de febrero de este año, así como la medida provisional de alimentos determinada en auto de radicación de fecha once de enero de mismo año; resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley en esa misma fecha al haber sido notificadas las partes, de ese fallo. Tan es así, que en cumplimiento al auto de veinticuatro de febrero del año actual, en el que se decretaron las convivencias de los hijos procreados en la unión matrimonial con su progenitor no custodio, se requirió a la demandada Marlén Medina Ortiz, para que proporcionara todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales decretadas, con el apercibimiento de ley correspondiente, sin que se advierta de autos que la enjuiciada impugnará esa determinación y requerimiento, razón por la cual, adquirió firmeza judicial, en ese sentido, es claro que, por un lado, la orden y ejecución contenida en el proveído que ahora pretende sea reconsiderado, se encuentra consentido, al haber sido emitido dando cumplimiento al datado el veinticuatro de febrero del año actual, en atención a que la medida provisional de convivencias quedó subsistente, mientras las partes promuevan el incidente en el cual se fije de manera definitiva el régimen de convivencias, y por otro, que en tanto eso sucede, el numeral 144 del Código Procesal Civil del Estado, para hacer cumplir las determinaciones emitidas, faculta a la Suscrita, para emplear cualquiera de los medios de apremio contenidos en dicho dispositivo legal. El tal tesitura, los agravios expresados por la recurrente, a juicio de este órgano jurisdiccional, resultan infundados e inoperantes, para reconsiderar el veintiséis de agosto del año actual, así como el requerimiento efectuado en comparecencia de fecha catorce de septiembre de mismo año, ya que contrario a lo manifestado por la recurrente, en modo alguno hubo inexacta aplicación y/o inobservancia de los numerales 262 B fracción IV del código adjetivo civil de la entidad, así como la fracción VI del artículo 48 y 58 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado, es de resolverse y se: RESUELVE: Único.- Se declaran inoperantes los agravios hechos valer por la recurrente en sus escritos exhibidos el diecinueve y veinte de septiembre del año actual, respectivamente, por medio de los cuales interpuso dos recursos de reconsideración, y en términos de lo dispuesto por el artículo 382 fracción IV del Código Procesal Civil, se confirma el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, así como el requerimiento efectuado en comparecencia de fecha catorce de septiembre del referido año. De la confrontación de los argumentos sintetizados, se obtiene que en la sentencia que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, el Juez responsable declaró infundado e inoperante el motivo de agravio enderezados contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de divorcio incausado 5/2022, y en los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, la impetrante de amparo se limita sustancialmente en reiterar y en su caso abundar sobre los que en vía de agravio expuso en su recurso de reconsideración intentado contra la decisión judicial de referencia. Empero, omite desvirtuar el calificativo de infundado e inoperante que de ellos hizo el juez responsable, a fin de demostrar así la ilegalidad del fallo de referencia. En efecto, la quejosa no hace valer argumentos para demostrar la eficacia de aquéllos que formuló en su escrito de reconsideración de tal manera que se pruebe que la calificación de infundados o insuficiencia que realizó la responsable es equivocada; de ahí que, se insiste, los conceptos de violación, son inoperantes, pues contra la declaración de infundado e inoperante de su agravio, no se razona el ataque que en ellos se hiciera contra la resolución de descrita en el párrafo que precede y que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sustenta la conclusión anterior, la Jurisprudencia XXI.1o. J/19, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 188866, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS." Asimismo, la Jurisprudencia V.2o. J/62, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con número de registro 216788, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA." En las condiciones anotadas, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la resolución impugnada sí cumple con el requisito formal de fundamentación, motivación y congruencia, al precisar la responsable los dispositivos jurídicos que le sirvieron de apoyo; además, de referir las circunstancias propias del caso, consideradas para establecer la adecuación de los preceptos legales al caso concreto, así como de atender los motivos de inconformidad expuestos en vía de agravios, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo, como en el caso ocurrió, los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado; consecuentemente, al no advertirse violación manifiesta del artículo 16 constitucional en contra de la solicitante del amparo, que actualizara la suplencia de la queja, es inconcuso que se satisfizo lo establecido en jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 238212, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En consecuencia, al haber resultado los conceptos de violación inoperantes, procede negar el amparo a la parte quejosa contra el acto que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares. Por consiguiente, ante la calificación de inoperancia de los conceptos de violación, es innecesario hacer pronunciamiento sobre los criterios o tesis que invoca la quejosa en su demanda de amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la Décima Región, con número de registro digital 160604, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo por cuanto al acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerado sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy doce de julio de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; a trece de julio de dos mil veintitres. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 180/2023-VI, promovido por ******, por derecho propio, en contra del acto que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, remitido en esa misma data, por razón de turno a este órgano de control constitucional, Marlén Medina Ortiz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio (.). IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- La resolución interlocutoria de fecha 3 de noviembre de 2022, la cual me fue notificada en forma personal el día 31 de enero del año actual, dictada en el expediente 05-2/2022 del índice del juzgado sexto de primera instancia en materia familiar relativo al juicio de divorcio promovido por el hoy tercero interesado, en contra de la suscrita. SEGUNDO. Prevención y trámite del Juicio. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el número 180/2023, y previno a la parte quejosa para que precisara la autoridad a la que atribuyó el acto reclamado en el expediente 05-2/2022 y, si era su deseo señalar como acto reclamado la multa impuesta el juicio de referencia (foja 15 a 17). Mediante escrito registrado con número de folio 3044 (foja 21), la quejosa en desahogo de la prevención manifestó lo siguiente: "Que el ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022, se le atribuye al Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares con domicilio públicamente conocido en (.). Se manifiesta también como acto reclamado la multa por la cantidad de $7,697.60 que me impuso la juez estatal." Con motivo de lo anterior, por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo el dos de mayo de dos mil veintitrés, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.4 TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, de acuerdo con la lectura integral del escrito inicial de demanda, del escrito de desahogo de la prevención y de las constancias que integran el juicio familiar de origen, la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? La resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 5/2022-II, que 4 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. declaró improcedentes los recursos de reconsideración, interpuestos en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. ? La multa impuesta por la cantidad de $7,697.60 en acuerdo de catorce de dieciséis de junio de dos mil veintidós y notificada en diversa comparecencia de catorce de septiembre de ese año. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar 05/2022-II, se notificó a la aquí quejosa, mediante cédula de notificación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (foja 277 del tomo de pruebas), de ahí que, el término para la presentación de la demanda empezó a transcurrir a partir del día siguiente de su notificación de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Civil del Estado5; entonces, si la demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, es oportuna pues se recibió dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que transcurrió del dos al veintitrés de febrero del año en cita, descontándose los cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año en cita, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la Ley de Amparo. La oportunidad de la presentación de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la multa será analizada en considerandos siguientes. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, cuyo rubro reza: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable, Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le atribuyen. 5 "Artículo 129.- Cómputo de plazos judiciales. Los plazos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación, y se contará, en ellos, el día del vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos el mismo día en que se hubieran hecho y las demás al día siguiente de haberse practicado." Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO."6. Certeza además que se corrobora con las copias certificadas en las que obra, la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 05/2022-II, que la mencionada autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Prueba documental a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su ordinal 2°. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, se analizará la procedencia del juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con el siguiente rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.", visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página ciento noventa. En el caso contra el acto reclamado consistente en la multa impuesta por la cantidad de $7,697.60 en acuerdo de catorce de dieciséis de junio de dos mil veintidós y notificada en diversa comparecencia de catorce de septiembre de ese año, se materializa la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito, pues la parte quejosa no promovió la demanda dentro del término legal. Dicha causa de improcedencia se establece en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Texto conforme con el que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de los que no se promueva el amparo dentro de los términos legales correspondientes. 6 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830. Bien, la causa de improcedencia anunciada, reside en que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus garantías, precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Los diversos numerales 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Así, la fracción XIV, del arábigo 61, de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en las disposiciones que se acaban de reproducir. En efecto, de los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de los siguientes momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del acto o de su ejecución. En el entendido, que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17, de la Ley de Amparo, que aducen que el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional (fracción I); mientras que en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años (fracción III). En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años (fracción II); y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo (fracción IV). En ese contexto, si las oportunidades legales para la promoción del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, en atención al principio de exclusión, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran las excepciones contempladas por el artículo 17, de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Se indica lo anterior, pues el acto, respecto del cual se analiza la causa de improcedencia de consentimiento tácito, fue reclamado a través del escrito presentado ante el Juzgado de Distrito hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias es posible advertir que la citada quejosa tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, el día catorce de septiembre de dos mil veintidós, cuando compareció de manera voluntaria recibir la cantidad de un mil quinientos pesos por concepto de pensión alimenticia provisional (foja 222 del anexo) y el juez del conocimiento le notificó de manera personal los acuerdos dictados el dieciséis, veinticuatro y treinta de junio de dos mil veintidós, tal como se advierte de la firma estampada por la aquí quejosa al final de la comparecencia ( foja 222 vuelta ibídem). En ese contexto, la parte quejosa conoció plenamente del acto reclamado en esa data (día catorce de septiembre de dos mil veintidós), tal como se demuestra con su comparecencia ante la responsable; entonces, a partir de esa data debe computarse los quince días con que cuentan para la presentación de la demanda, entonces el término para interponer la demanda comenzó a correr a partir del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y feneció el siete de octubre de ese año, descontando los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinticinco de septiembre y uno y dos de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, es claro que, al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficialía de Partes del Juzgado, hasta el día veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (de acuerdo con los sellos de recepción), dicha presentación estuvo fuera del término que el artículo 17, de la Ley de Amparo prevé, para el ejercicio oportuno de la acción constitucional, lo que conduce a afirmar que, la resolución reclamada en esta instancia constitucional, fue consentida tácitamente. Así las cosas, basta que la parte quejosa, tratándose de una persona con capacidad jurídica convencional, se hizo conocedora plena del acto aquí reclamado, debe considerársele sabedora de la existencia de todo esto para presentar la demanda de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Asimismo, la tesis VIII.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con número de registro digital 173128, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE QUE EL QUEJOSO TUVO ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE LO CONTIENEN ANTES DE LA SOLICITUD DE COPIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (ALCANCE DE LA TESIS 1a./J. 42/2002 DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Del análisis de la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco del Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", se colige que la materia de la contradicción de tesis respectiva fue determinar en qué momento debe tenerse por conocido el acto reclamado por parte del peticionario de garantías, en el caso, exclusivamente, de que se soliciten copias de dicho acto; esto es, el supuesto analizado en la resolución de la Corte es aquel en cuyo caso el único dato revelador de conocimiento del acto por parte del gobernado es la solicitud de copias respectiva, pero no la hipótesis en la cual existe evidencia de que la parte agraviada tuvo acceso a las constancias que contienen el acto reclamado desde antes de la solicitud de copias. Lo anterior es así, pues el plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 21 de la Ley de Amparo debe computarse desde que el gobernado está informado de la existencia del acto, ya sea mediante notificación, el conocimiento por otras vías, o desde que se manifieste sabedor. De lo contrario, exagerar la trascendencia de la jurisprudencia citada implicaría que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo requiriera inexorablemente que la parte obtuviera copias certificadas de las actuaciones en las que conste el acto reclamado, lo cual redundaría, en la práctica, en dejar a la voluntad del agraviado el tener o no "conocimiento" del acto, pues hasta el momento en que gestionara y recibiera la copia certificada del acto reclamado empezaría a correr el plazo para la acción constitucional.". De acuerdo con lo expuesto, ha quedado acreditada la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, circunstancia que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo con la fracción V, del numeral 63, del propio ordenamiento. SÉPTIMO. Antecedentes. A fin de tener un panorama claro del asunto, conviene tomar en consideración que de las constancias que aportó junto con su informe justificado la responsable, se aprecia que: i) Por auto de once de enero de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite la demanda de divorcio incausado, presentada por Christian Samuel Farías Sánchez en contra de Marlén Medina Ortiz, la cual registró bajo el número de expediente 05/2022-II, y fue emplazada la parte demanda (fojas 21 a 27 del tomo de pruebas). ii) Mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Juez responsable entre otras cuestiones proveyó lo relativo a las convivencias provisionales de los niños con el progenitor no custodio, que en lo que interesa, es del tenor siguiente: "Acapulco, Guerrero a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. (.) Por cuanto hace a su última petición, tomando en consideración que en auto de radicación este juzgado se reservó a proveer lo conducente a decretar un régimen de convivencias provisionales de los menores hijos S. E. L. D. y J. E., todos de apellidos F. M., con su progenitor no custodio, hasta en tanto se entablara la relación procesal, ponderando el interés superior de los menores de edad, así como a los establecido por el artículo 9 de la Convención sobre los derechos del niño, en relación con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece de manera expresa los estados intervinientes en dicha convención, se encuentran obligados a respetar el derecho de los niño que están separados de uno o de ambos padres, es decir, los órganos jurisdiccionales que tengan conocimiento de procedimientos en los cuales se encuentren inmersos derechos de infantes, deberán mantener las relaciones personales y de contacto directo con ambos padres de forma regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, tomando en cuenta la edad de dichos menores (dos, tres y ocho años, respectivamente), las convivencias entre la actora y sus menores hijos, de manera provisional se decretan de manera supervisada en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral (CECOFAM), a fin de e con ello se genere seguridad en el infante y se logre además su pleno desarrollo, en tal virtud, de la forma siguiente: 1.- El actor Christian Samuel Farías Sánchez, convivirá con los menores de identidad reservada S. E. L. D. y J. E., todos de apellidos F. M, los días sábados de cada semana, en un horario de once de la mañana hasta las catorce horas del mismo día, en el Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y se devolverá a su progenitora Marlén Medina Ortiz, en ese mismo centro al finalizar las convivencias. (Lo destacado es propio) En el entendido de que dicho régimen de convivencia iniciara el siguiente fin de semana a que sea realizada la notificación antes citada. Gírese atento oficio a la Directora del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM) del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, para que tenga conocimiento de lo anterior, y tome las medidas necesarias para la debida convivencia de los menores con su progenitora en los días y horarios establecidos. Bajo esa premisa, requiérase personalmente a la demandada Marlén Medina Sánchez, en el domicilio que tenga en autos para que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente cuarenta veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), en términos de la fracción I del numeral 144 del cuerno de leyes en cita, correlacionado con los artículos 2, 3 y 7 del Decreto por el que se expidió la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis; y además de ello se le dará vista el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que proceda a instar la carpeta de investigación en su contra por el posible delito de desacato a una orden judicial. (Lo destacado es propio), (foja 102 y 103 del tomo de pruebas, ) (.)" iii) El dos de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó sentencia en el juicio familiar de origen, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "Resuelve: Primero. El actor Christian Samuel Farías Sánchez, probó extremos de su acción de divorcio incausado, en tanto que la demandada Marlén Medina Ortiz, produjo su contestación a la demanda consecuencia, Segundo. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une Christian Samuel Farías Sánchez y Marlén Medina Ortiz, bajo régimen de separación de bienes; en tal virtud, no ha lugar a liquidar sociedad, dado el régimen bajo el cual contrajeron matrimonio. Tercero. Ambos divorciados quedan en aptitud para contraer nuevamente matrimonio, si a sus intereses conviniere. Quinto (sic). En relación a la guarda y custodia, alimentos y convivencias de los menores de nombres J. E., L. D. y S. E., todos de apellidos FM., queda en los términos decretados en el considerando V de esta resolución Sexto. Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas mediante auto de radicación de fecha once de enero del presente año, con excepción de las relativas a la pensión alimenticia y convivencias de los menores con su progenitor no custodio, decretadas en auto de veinticuatro de febrero del año actual. Séptimo. En relación a las cláusulas tercera, sexta, octava y décima, adicionadas por la demandada en su contrapropuesta respectiva, tomando en consideración que las partes no están de acuerdo en los términos propuestos, tal como se advierte de la contestación de demanda, así como el desahogo de vista realizado por el actor en escrito exhibido el dieciséis de febrero del año actual, y lo manifestado por la demandada en la presente audiencia, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 33 de la Ley de Divorcio del Estado, se dejan a salvo los derechos de las partes, para que respecto a estos rubros, lo hagan valer en la vía incidental correspondiente. Octavo. Se les hace saber a los divorciantes que el presente fallo que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse las resoluciones interlocutorias que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados, lo anterior con sustento en el artículo 51 de la Ley de Divorcio vigente en el Estado de Guerrero, (REFORMADO, P.O. 09 DE MARZO DE 2012). Noveno. Una vez que esta resolución sea ejecutable, y acorde a lo que dispone el precepto legal 38 de la Ley de Divorcio vigente en el Estado, (REFORMADO, P.O. 09 DE MARZO DE 2012), para que se haga la anotación marginal en el libro respectivo y para que se publique un extracto de este fallo en los lugares que tengan destinados para tal efecto, durante quince días, con copia certificada del mismo, gírese oficio al oficial del Registro Civil en donde se efectuó el matrimonio, así como al Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado; para que hagan las anotaciones en los libros respectivos y levanten el acta correspondiente. Así también, con fundamento en el artículo 366 del Código Civil de esta Entidad, remítase copia certificada de la presente resolución y de las partidas de nacimiento de los divorciados, al Oficial del Registro Civil donde se encuentra registrado el nacimiento de los antes citados, para hacer las anotaciones respectivas. Octavo (sic). No se hace condena al pago de gastos y costas, por tratarse de un asunto inherente a cuestiones familiares (divorcio). Noveno (sic). No se hace condena a ninguno de los cónyuges a proporcionar alimentos a favor del otro, por las razones vertidas en considerando, de este fallo; de igual forma, no se hace condena alguno relación a la indemnización que establece el numeral 7 Bis de la Ley de Divorcio del Estado, por las razones vertidas en el considerando V del presente fallo. Décimo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvió y firma, en definitiva, la licenciada Amelia Gama Pérez, Juez Sexto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ante la licenciada Eledibeth Galindo Matamoros Segunda Secretaria de Acuerdos que y da fe. Doy fe. Toda vez que Christian Samuel Farías Sánchez y Marlén Medina Ortiz, se encuentran presentes en este acto, con fundamento en numerales 151 fracción V y 167 fracción II del Código Procesal Civil, se les tiene por legalmente notificados de la sentencia que antecede, de igual forma quedan notificados el Ministerio Público y Representante del Dif adscritos a este juzgado. (Lo destacado es propio) Acto seguido, el abogado patrono de la parte actora, solicita el uso la palabra y concedido que le fue el derecho dijo: que visto lo manifestado por su señoría en el auto de fecha veinticuatro de febrero del presente año relacionado con el régimen de convivencias provisionales solicitó que para efecto de evitar dilaciones procesales, se le requiera en este acto a demandada, para efecto de que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas en dicho auto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En seguida la juez acuerda: visto lo manifestado por el abogado patrono de la parte actora, y tomando en consideración que se encuentra presente en la presente audiencia la demandada Marlén Medina Sánchez, con las facultades que a la suscrita confieren los numerales 167 fracción II, 520, 520 bis fracciones II y IV del Código Procesal Civil del Estado, en este acto se le tiene por notificada a dicha enjuiciada del auto de veinticuatro de febrero del año actual, y en su cumplimiento, se le requiere para que proporcione todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales señaladas en dicho proveído, en que se determinó que el régimen de convivencia iniciaría el fin de semana siguiente a que sea realizada la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cuarenta veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), en términos de la fracción I del numeral 144 del ordenamiento legal invocado. Manifestando en este acto darse por enterada y notificada de dicha determinación, firmando la presente diligencia para debida constancia legal." (fojas 111 a 120 ibidem, lo destacado es propio) iv) Con motivo del escrito presentado por el abogado patrono de la parte actora, la Juez responsable emitió el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que es del tenor siguiente. "Acapulco, Guerrero, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta dada por la secretaria de acuerdos actuante, y el escrito signado por el licenciado Adalberto Pérez Lira, abogado patrono de la parte actora, atenta a su contenido, tomando en consideración que no fue posible notificar a la demandada Marlén Medina Ortiz, los requerimientos ordenados en autos, tomando en cuenta las razones actuariales levantadas por el secretario actuario de esta adscripción, y que la demandada se cambió de domicilio, manifestando el ocursante que desconocen algún otro lugar donde viva o habite, y dada la rebeldía con la que se ha conducido dicha demandada, lo que se advierte de los autos que integran este procedimiento, con las facultades que a la suscrita confieren los numerales 9 fracción I, 122, 158, 520, 520 BIS fracción II, 522 fracción V, del Código Procesal Civil del Estado, se ordena notificar a Marlén Medina Ortiz, en el lugar donde se encuentre, para lo cual se instruye al secretario actuario adscrito a este juzgado, para que lleve a cabo las diligencias que fueren necesarias, con el debido cercioramiento y en estricta observancia de las normas que rigen el procedimiento. En tal virtud, considerando las facultades que otorgan los artículos 9° fracción I del código adjetivo civil de la entidad, 44 fracciones VI y XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, 51 y 54 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye a la secretaria de acuerdos actuante, para que turne el expediente al Actuario adscrito a este juzgado, a fin de que éste, en observancia de lo dispuesto por el dispositivo legal 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado: 1) agote las notificaciones y requerimientos ordenados a Marlén Medina Ortiz, con la oportunidad exigida por el numeral 145 del Código Procesal Civil del Estado; y, 2) en un término de veinticuatro horas siguientes a su realización, devuelva dicho expediente así como las constancias de las diligencias que en su caso hayan sido agotadas, debidamente agregadas a los autos, en términos de lo dispuesto en el numeral 60 fracción II de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero. (foja 209 ibídem). (.)" v) Comparecencia de la aquí quejosa, ante la Juez responsable de catorce de septiembre de dos mil veintidós, que es del tenor siguiente. "En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día catorce de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora que lo permiten las labores de este juzgado, en el expediente número 05/2022-11, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Christian Samuel Farías Sánchez, en contra de Marlén Medina Ortiz, comparece la demandada Marlén Medina Ortiz, quien se identifica con su credencial de elector número de clave MDORMR97020712M100, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su abogado patrono licenciado David López Vargas, quien se identifica con su cédula profesional número 6432315, expedida por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se hace constar la presencia del Representante del Ministerio Público y Representante del DIF adscritos. Con lo anterior, la licenciada Saray Díaz Rojas, Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, que actúa con la licenciada Eledibeth Galindo Matamoros, Segunda Secretaria de, Acuerdos, que autoriza y da fe, declara abierta la presente comparecencia. Continuamente, Marlén Medina Ortiz solicita el uso de la palabra y concedido que le fue el derecho dijo que en este acto pido me sea entregado el de depósito exhibido por el actor, mismo que fue recibido el siete de septiembre del año actual, de lo que tuve conocimiento por la publicación del citado acuerdo por lista que se publica en los estrados del juzgado. La juez acuerda: visto lo manifestado por la compareciente, tomando en consideración que el demandado exhibió el billete de depósito número Y824318, de fecha treinta y uno de agosto del año actual, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos procreados con la aquí demandada Marlén Medina Ortiz, derivado del pago de las incapacidades por el accidente que sufrió su representado cubiertas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tanto, con independencia del informe solicitado al referido nosocomio, como lo solicita la compareciente, hágase entrega del billete de depósito, debidamente endosado a su favor, previa razón y firma que asiente por su recibo. Por otra parte, y toda vez que Marlén Medina Ortiz, comparece de manera personal a la presente comparecencia, en cumplimiento al proveído de veintiséis de agosto del año actual, se le tiene por debidamente notificada de dicha determinación, así como del contenido de los acuerdos dictados el dieciséis, veinticuatro y treinta de junio, del que transcurre, por tanto, en atención a los mismos se le requiere para que dentro del término de cinco días hábiles, haga pago de la cantidad de $7,697.60 (siete mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 moneda nacional), que le fue impuesta como multa, la cual deberá depositar en cualquiera de las cuentas aperturadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, ya que de no hacerlo se procederá a su cobro mediante el procedimiento coactivo correspondiente. Con independencia de lo anterior, se le requiere para que dentro del término de tres días hábiles, proporcione su nuevo domicilio particular donde habita con sus hijos, asimismo para que proporcione las facilidades necesarias a fin de que las convivencias fijadas en este procedimiento principal, se lleven a cabo en los términos decretados, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se le impondrá una multa del equivalente a cien veces el Valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), asimismo y no obstante de que el Ministerio Público de esta adscripción tuvo intervención en el juicio desde el auto de radicación, se le dará vista, por desacato a una orden judicial en que ha incurrido la enjuiciada. (foja 222) (.)" vi) Escrito signado por la aquí quejosa, presentado ante la responsable el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual interpuso recurso de revocación, en contra del auto de veintiséis de agosto del año en cita, en lo relativo al requerimiento de pago de la multa impuesta (fojas 225 a 229). vi) Diverso ocurso signado por la aquí quejosa, presentado ante la responsable el veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual interpuso recurso de revocación en contra del requerimiento realizado el catorce de septiembre del año en cita, en lo conducente al requerimiento de proporcionar el nuevo domicilio particular donde habita con sus hijos, proporcione las facilidades necesarias para las convivencias fijas en el procedimiento (fojas 231 a 235). vii) Mediante resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, la Juez responsable, declaró improcedentes los recursos de revocación interpuesto en contra del auto de veintiséis de agosto y el requerimiento de catorce de septiembre ambos de dos mil veintidós. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. OCTAVO. Estudio de Fondo. En el caso, no se aprecia causa de improcedencia que hagan valer las partes o bien que de oficio este juzgador advierta, por lo que se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte impetrante contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 79 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, en lo sustancial la quejosa en el presente juicio de amparo, argumenta lo siguiente: 1. Que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que la resolución es incongruente al no haber decidido el Juez lo que en derecho corresponde en torno a las inconformidades que describió menos aún de los criterios que invocó. 2. Que contrario a lo que se resolvió los recursos de reconsideración no combatían el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, sino el requerimiento de pago de catorce de septiembre de ese año de la multa e impulso procesal de un juicio que ya está culminado. Son inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa contra el acto reclamado destacado en el considerando segundo de esta sentencia. En efecto, las consideraciones en que la autoridad responsable sustentó el acto reclamado, son las siguientes: "SENTENCIA INTERLOCUTORIA. Acapulco de Juárez, Guerrero, a tres de noviembre del dos mil veintidós. VISTOS, los autos para resolver los recursos de reconsideración interpuestos por Marlén Medina Ortiz, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de agosto del dos mil veintidós, así como requerimiento que le fue efectuado el catorce de septiembre del citado año, derivados del expediente número 5/2022-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Christian Samuel Farías Sánchez, en contra de Marlén Medina Ortiz, teniendo los siguientes: RESULTANDOS (.) Conforme a los numerales transcritos, el divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en la ley de divorcio; en caso de diferencias en las propuestas de convenio de las partes, la juzgadora citara a una audiencia previa y de conciliación para promover un acuerdo entre ambos, y en caso de no existir acuerdo entre ellos, emitirá sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial, dejando a salvo el derecho de los cónyuges para que en los puntos en los cuales exista controversia, lo hagan valer en la vía incidental correspondiente, exclusivamente por lo que concierne al convenio; no obstante ello, atendiendo las diferencias advertidas, en esa sentencia de divorcio se encuentra obligada a fijar la situación de los hijos, para lo cual gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y en especial a la custodia y cuidado de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio para ello. Con lo anterior queda claro, que si bien en caso de no haber acuerdo entre las partes, por cuanto hace a los convenios propuestos, dejará a salvo el derecho de ambos, para que lo hagan valer en la vía y forma correspondiente, también es verdad que conforme a dichos numerales la juzgadora se encuentra plenamente facultada para que, en ante la existencia de esas diferencias decrete las medidas provisionales que sean procedentes, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de menores o incapaces y, régimen de convivencia. En el caso, en la audiencia previa y de conciliación celebrada el dos de marzo de dos mil veintidós, al no existir acuerdo entre las partes, la suscrita juzgadora emitió la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial, y en la misma, en uso de transcritos le confieren, dejó subsistentes las medidas provisionales de convivencias entre los hijos procreados y su progenitor no custodio, en términos del proveído de veinticuatro de febrero de este año, así como la medida provisional de alimentos determinada en auto de radicación de fecha once de enero de mismo año; resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley en esa misma fecha al haber sido notificadas las partes, de ese fallo. Tan es así, que en cumplimiento al auto de veinticuatro de febrero del año actual, en el que se decretaron las convivencias de los hijos procreados en la unión matrimonial con su progenitor no custodio, se requirió a la demandada Marlén Medina Ortiz, para que proporcionara todas las facilidades necesarias para el debido desarrollo de las convivencias provisionales decretadas, con el apercibimiento de ley correspondiente, sin que se advierta de autos que la enjuiciada impugnará esa determinación y requerimiento, razón por la cual, adquirió firmeza judicial, en ese sentido, es claro que, por un lado, la orden y ejecución contenida en el proveído que ahora pretende sea reconsiderado, se encuentra consentido, al haber sido emitido dando cumplimiento al datado el veinticuatro de febrero del año actual, en atención a que la medida provisional de convivencias quedó subsistente, mientras las partes promuevan el incidente en el cual se fije de manera definitiva el régimen de convivencias, y por otro, que en tanto eso sucede, el numeral 144 del Código Procesal Civil del Estado, para hacer cumplir las determinaciones emitidas, faculta a la Suscrita, para emplear cualquiera de los medios de apremio contenidos en dicho dispositivo legal. El tal tesitura, los agravios expresados por la recurrente, a juicio de este órgano jurisdiccional, resultan infundados e inoperantes, para reconsiderar el veintiséis de agosto del año actual, así como el requerimiento efectuado en comparecencia de fecha catorce de septiembre de mismo año, ya que contrario a lo manifestado por la recurrente, en modo alguno hubo inexacta aplicación y/o inobservancia de los numerales 262 B fracción IV del código adjetivo civil de la entidad, así como la fracción VI del artículo 48 y 58 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado, es de resolverse y se: RESUELVE: Único.- Se declaran inoperantes los agravios hechos valer por la recurrente en sus escritos exhibidos el diecinueve y veinte de septiembre del año actual, respectivamente, por medio de los cuales interpuso dos recursos de reconsideración, y en términos de lo dispuesto por el artículo 382 fracción IV del Código Procesal Civil, se confirma el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, así como el requerimiento efectuado en comparecencia de fecha catorce de septiembre del referido año. De la confrontación de los argumentos sintetizados, se obtiene que en la sentencia que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, el Juez responsable declaró infundado e inoperante el motivo de agravio enderezados contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de divorcio incausado 5/2022, y en los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, la impetrante de amparo se limita sustancialmente en reiterar y en su caso abundar sobre los que en vía de agravio expuso en su recurso de reconsideración intentado contra la decisión judicial de referencia. Empero, omite desvirtuar el calificativo de infundado e inoperante que de ellos hizo el juez responsable, a fin de demostrar así la ilegalidad del fallo de referencia. En efecto, la quejosa no hace valer argumentos para demostrar la eficacia de aquéllos que formuló en su escrito de reconsideración de tal manera que se pruebe que la calificación de infundados o insuficiencia que realizó la responsable es equivocada; de ahí que, se insiste, los conceptos de violación, son inoperantes, pues contra la declaración de infundado e inoperante de su agravio, no se razona el ataque que en ellos se hiciera contra la resolución de descrita en el párrafo que precede y que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sustenta la conclusión anterior, la Jurisprudencia XXI.1o. J/19, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 188866, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS." Asimismo, la Jurisprudencia V.2o. J/62, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con número de registro 216788, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA." En las condiciones anotadas, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la resolución impugnada sí cumple con el requisito formal de fundamentación, motivación y congruencia, al precisar la responsable los dispositivos jurídicos que le sirvieron de apoyo; además, de referir las circunstancias propias del caso, consideradas para establecer la adecuación de los preceptos legales al caso concreto, así como de atender los motivos de inconformidad expuestos en vía de agravios, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo, como en el caso ocurrió, los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado; consecuentemente, al no advertirse violación manifiesta del artículo 16 constitucional en contra de la solicitante del amparo, que actualizara la suplencia de la queja, es inconcuso que se satisfizo lo establecido en jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 238212, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En consecuencia, al haber resultado los conceptos de violación inoperantes, procede negar el amparo a la parte quejosa contra el acto que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares. Por consiguiente, ante la calificación de inoperancia de los conceptos de violación, es innecesario hacer pronunciamiento sobre los criterios o tesis que invoca la quejosa en su demanda de amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la Décima Región, con número de registro digital 160604, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo por cuanto al acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerado sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy doce de julio de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe"
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