Maritza Elena Teodoro Barrera
Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maritza Elena Teodoro Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
... Principal 14/2023-II CUENTA. El dos de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2703, con un anexo certificado. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por el que rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 120/2022; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Como se advierte de las constancias que remite la citada responsable, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 120/2022, cuya falta de dictado constituyó el acto aquí reclamado. En consecuencia, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto, para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la junta responsable emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 120/2022; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en la inactividad procesal por la falta de dictado del laudo en el juicio laboral de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 WordSISE ??????????????? relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la inactividad procesal por la falta de emisión del laudo correspondiente por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en este puerto, dentro del juicio laboral 120/2022. Y de acuerdo a las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se desprende que dicha inactividad procesal dejó de existir, ya que con CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 WordSISE ??????????????? fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se emitió el laudo. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que con fecha posterior a la que se promovió la demanda de amparo, se dictó el laudo en el juicio natural, de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto rezan así: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".... En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal.... Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.... Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe....
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ATO DE 2 DE MARZO DE 2023, QUE DICE: Principal 14/2023-II CUENTA. El dos de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2703, con un anexo certificado. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por el que rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 120/2022; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Como se advierte de las constancias que remite la citada responsable, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 120/2022, cuya falta de dictado constituyó el acto aquí reclamado. En consecuencia, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto, para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la junta responsable emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 120/2022; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en la inactividad procesal por la falta de dictado del laudo en el juicio laboral de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 WordSISE ??????????????? relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la inactividad procesal por la falta de emisión del laudo correspondiente por parte de la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en este puerto, dentro del juicio laboral 120/2022. Y de acuerdo a las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se desprende que dicha inactividad procesal dejó de existir, ya que con CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 WordSISE ??????????????? fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se emitió el laudo. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que con fecha posterior a la que se promovió la demanda de amparo, se dictó el laudo en el juicio natural, de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto rezan así: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 18:00:00 emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".... En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal.... Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.... Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe....
- Principal
Principal 14/2023-II CUENTA. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2155. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: se tiene por recibido el escrito de la cuenta secretarial, firmado por Juan Carlos Santos Muñoz, autorizado de la quejosa Maritza Elena Teodoro Barrera, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista decretada en proveído de ocho de febrero del año en curso, y al efecto vierte diversas manifestaciones relacionadas con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas en calidad de alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración en la etapa procesal oportuna. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Delegada de la Subdirectora de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de la impresión de pantalla del Sistema Integral de Retiro-Tiempo de Servicios (SIR-TS), en la que se ve reflejado que el cambio de vigencia se realizará en este mes de febrero de dos mil veintitrés; de lo que queda enterada la suscrita, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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