Maritza Reyes Jacobo
Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia
- Maritza Reyes Jacobo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 21, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo que antecede, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el juicio, conforme a lo establecido en el referido numeral. 1.3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe. xbrs P-907/2021 OFICIO(S) 17029 y 17030xbrs
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 907/2021, promovido por Mariano Barojas Rodríguez, apoderado de Maritza Reyes Jacobo1 , por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente y actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala al Presidente y actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como acto reclamado, lo siguiente: a) La omisión de dictar laudo en el expediente especial 4A2871/2018; y, b) Su debida notificación a las partes. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la omisión reclamada no tiene ejecución y además se atribuye a unas autoridades que residen dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. NORMA, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA SÍ QUEDÓ ACREDITADA. El Presidente y actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptaron la omisión reclamada. Aunado a que de la constancia que adjuntó, se advierte su certeza; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo; y en el caso, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."2 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral 4A-2871/2018, por parte de la autoridad responsable. Así, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se aprecia que el quince de octubre de dos mil veintiuno, emitió el laudo en el juicio ordinario laboral 4A-2871/2018. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable el quince de octubre del presente año, dictó el laudo respectivo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya emitió el laudo respectivo. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que sea óbice que no exista constancia alguna se la notificación a la aquí quejosa el laudo dictado por la Junta responsable, dado que la omisión reclamada atañe a la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, no al derecho de petición contenido en el ordinal 8° del propio ordenamiento. En conclusión, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al resultar improcedente el juicio de amparo y ante el sobreseimiento decretado, por cuestión prioritaria, acorde con la técnica que rige dicho juicio, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable, la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época de título siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que pase inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado que remite la autoridad responsable, pues al caso, no existe un fin práctico que pudiera favorecer al quejoso, ya que no se advierte que una vez transcurrido el mismo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido de los informe justificado, permite establecer que el sentido de la determinación sería el mismo, en tanto no ocurre supuesto de probar en contra de la "justificación" de los mismos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Mariano Barojas Rodríguez, apoderado de la quejosa Maritza Reyes Jacobo, contra el acto que reclama a las autoridades responsables, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución
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ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, diez horas con treinta y siete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez, en el juicio de amparo 907/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo; asimismo, hace constar que el Presidente y actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad rinde su respectivo informe justificado y anexos, registrado con folio número 16306; con lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el citado informe justificado, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por las partes. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna parte los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución.
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En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, del que se observa que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con el que cuentan las autoridades responsables para rendir su informe justificado, dado que el cuatro de octubre actual les fue notificado el oficio en el que se les requirió para ello. 1.1. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta y siete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.
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