Marisol Vega Chávez
Expediente 1100/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marisol Vega Chávez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARISOL VEGA CHÁVEZ. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Marisol Vega Chávez, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De conformidad con el punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiese exhibido, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARISOL VEGA CHÁVEZ. Vista la demanda de amparo promovida por Marisol Vega Chávez, por derecho propio, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y actuario de su adscripción; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número II-1100/2019. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. De la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: No. AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. De las cuales reclama lo siguiente: El auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, en el que ordena la entrega real y material del inmueble ubicado en calle Eduardo Aldasoro Suárez, número 799, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, a la parte actora dentro del juicio sumario civil hipotecario 447/2015, con la cual se pretende privar a la quejosa de la posesión del mismo. La ejecución de dicha determinación En la especie, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Del precepto legal trascrito se desprende en lo que interesa, que se actualiza la mencionada causal de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. Que se intente contra el mismo acto o actos reclamados. Que dicho juicio se encuentre en trámite. El artículo invocado dispone que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. En ese contexto, para la existencia de la litispendencia en el juicio de amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de garantías en el que aún no se haya dictado sentencia respecto de las mismas partes o esté pendiente de causar ejecutoria sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En el caso, la parte quejosa señaló en la demanda que se acuerda como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: No. AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. De las cuales reclama lo siguiente: El auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, en el que ordena la entrega real y material del inmueble ubicado en calle Eduardo Aldasoro Suárez, número 799, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, a la parte actora dentro del juicio sumario civil hipotecario 447/2015, con la cual se pretende privar a la quejosa de la posesión del mismo. La ejecución de dicha determinación. Ahora, de la certificación secretarial que antecede se desprende que la demanda de garantías promovida por Marisol Vega Chávez, por derecho propio, con la que se formó el juicio de amparo indirecto número II-1049/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, el cual constituye un hecho notorio para este juzgador, el cual puede invocarse aun cuando no se haya alegado y probado por las partes en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, se aprecia que la promovente de amparo, señaló como autoridades responsables al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y actuario de su adscripción, de quienes reclamó en esencia el auto de cuatro de septiembre del año en curso, en el que ordena hacer entrega real y material del inmueble ubicado en calle Eduardo Aldasoro Suárez, número 799, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, a la parte actora dentro del juicio sumario civil hipotecario 447/2015, con el cual se pretende privar a la quejosa de su posesión, acto que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercera extraña al juicio subyacente, porque afirma que es comodataria de la persona a que se pretende conminar a entregar el inmueble en mención (foja 4). Por tanto, de dicha demanda se puede destacar, en lo que importa, que en esencia la parte quejosa ya había promovido juicio de amparo, respecto de la determinación emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, dentro del juicio sumario civil hipotecario 447/2015, mediante la cual pretende desposeer a la aquí quejosa del inmueble descrito en líneas precedentes, del que manifiesta tener la posesión en virtud al contrato de comodato que celebró con María de los Ángeles Ortiz Sanpablo, parte demandada en el juicio de origen. Sin que sea inadvertido para este juzgado que en la demanda de amparo que se acuerda, la promovente indicó que reclama el auto emitido el diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se dictó la ejecución forzosa, y que en el diverso juicio de garantías II-1049/2019, haya manifestado que lo es el proveído de cuatro del mes pasado, en el que se requirió a la parte demandada en el juicio sumario civil hipotecario 447/2015, del cumplimiento voluntario; sin embargo, de ambas demandas se aprecia que el acto del que realmente se duele la promovente, es de la determinación del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, por la que se le pretende privar de la posesión del inmueble ubicado en calle Eduardo Aldasoro Suárez, número 799, colonia Jardines de Guadalupe, en esta ciudad, no en sí los requerimientos, que en igual sentido al primigenio reclamado en el juicio II-1049/2019, se le reiteren con posterioridad, habida cuenta que la quejosa no puede figurar como tercera extraña al procedimiento tantas veces así lo estime. A efecto de evidenciar lo anterior y proporcionar certeza a la justiciable de lo antes expuesto, glósese previa certificación, copias de las constancias necesarias de lo actuado en el juicio de amparo II-1049/2019 de referencia. De lo anterior se aprecia que tanto la presente demanda de amparo II-1100/2019, como la diversa II-1049/2019, son promovidas por la misma quejosa, contra del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, por la propios actos reclamados, que en esencia consiste en la determinación emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, dentro del juicio sumario civil hipotecario 447/2015, mediante la cual pretende desposeer a la aquí quejosa del inmueble descrito en líneas precedentes, del que manifiesta tener la posesión en virtud al contrato de comodato que celebró con María de los Ángeles Ortiz Sanpablo, parte demandada en el juicio de origen, y que se reclaman las mismas violaciones constitucionales; esto es, se advierte que Marisol Vega Chávez, por derecho propio, promovió el diverso juicio de amparo número II-1049/2019, respecto del mismo juez responsable y actos, que en el sumario que nos ocupa, y que la demanda que lo originó se admitió a trámite el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, misma que se encuentra en trámite. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XI.2o.8 K , que a continuación se reproduce: DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto. Igualmente, resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 287 , Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Precisado lo anterior, debe decirse que, lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, por tratarse de actos materia de otro juicio de amparo que se encuentra en trámite, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y las mismas violaciones constitucionales. Por tanto, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, ambos de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior, que en la presente demanda de garantías, la quejosa señala como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, toda vez que le atribuye el carácter de ejecutora, por lo que el acto atribuido a ésta corre la misma suerte que el de la autoridad ordenadora, puesto que no guarda respecto de éste, una autonomía. No se soslaya que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Señalamiento de domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Valencia Barrera, toda vez que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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