Maritza Magaña Sosa

Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1044/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Maritza Magaña Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Por resolución dictada el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *********, contra los actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, para el efecto siguiente: ".Acuerde el escrito presentado por la quejosa ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral D-********." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el siete de agosto del presente año, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. Por lo anterior, el catorce de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable y la quejosa no hizo manifestaciones. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De los autos se aprecia que el Presidente de la Junta requerida, mediante oficio 12162/2023, recibido en la oficialía de este Juzgado el catorce de agosto del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo dictado el diez de agosto de dos mil veintitrés. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable, con las cuales se acredita que el diez de agosto de dos mil veintitrés, dictó el acuerdo que le fue requerido y ordenó su notificación a las partes. De lo que se sigue, que la autoridad responsable mediante acuerdo dictado el diez de agosto del presente año, proveyó lo conducente respecto del escrito presentado por Marco Antonio Amaro Huertero, apoderado legal de la quejosa Maritza Magaña Sosa, acordando favorable su petición, procediendo con la ejecución del laudo dictado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, por lo que en cumplimiento al citado laudo realizó la cuantificación del pago de las diversas prestaciones a que fue condenada la parte demandada, asimismo señalo hora y día para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. CONSERVABLE Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa, es CONSERVABLE, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, este juzgado federal ordenara su transferencia al Archivo de Concentración. Debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo que la fecha probable de su TRANSFERENCIA será El UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 38 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE TRANSFERENCIA en la carátula del expediente. Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el director de Archivos de Notarías del Gobierno de Puebla, mediante el cual informa su imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento de seis de julio de dos mil veintitrés, en virtud a que dentro de sus archivos tiene que como último instrumento a resguardo el realizado el veintitrés de diciembre de dos mil cinco, volumen sesenta de la Notaría Pública Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Por tanto, con lo anterior dese vista a la tercera interesada Seledonia Meza Flores, para que manifieste lo que en su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se requerirá al Titular de la Notaría Pública número Cinco en Huejotzingo, Puebla, acceso a los documentos indubitables. Por otra parte, requiérase al Titular de la Notaría Pública número Cinco en Huejotzingo, Puebla, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional si ********************, en su carácter de perito oficial adscrito a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, compareció ante sus instalaciones a las 13:00 trece horas del 09 nueve de agosto de dos mil veintitrés, a efectos de tener acceso a los instrumentos notariales (dubitables) para rendir su dictamen pericial. Asimismo, requiérase al perito oficial ********************, para que informe si compareció ante las instalaciones de la Notaría Pública número Cinco en Huejotzingo, Puebla, a las 13:00 trece horas del 09 nueve de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que AMPARA ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán: ".Acuerde el escrito presentado por la quejosa ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral D-2/704/2020." Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 2ª./J.36/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Libro IV, Tomo IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, se señala el VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que la(s) autoridad(es) responsable(s) ha(n) realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de la omisión y autoridad señaladas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

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