Marisol Tlahuetl Pérez
Expediente 1523/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1523/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/08/2017
Partes del expediente
- Marisol Tlahuetl Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de José Víctor Martínez Benavidez autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Marisol Tlahuetl Pérez, en atención a su contenido, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir el que indica, y por revocado el señalado en el escrito inicial de demanda. Finalmente, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dígasele que deberá comparecer ante este juzgado federal en forma personal debidamente identificado en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves por así permitirlo las labores del juzgado, para que se le haga la devolución de los documentos que solicita, previa copia que de ellos se deje en autos, recabándose razón de su entrega. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de enero de dos mil diecisiete, en el toca Q. 183/2016 derivado de la queja formulada por la promovente Marisol Tlahuetl Pérez a través de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo José Víctor Martínez Benavídez, interpuesta en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por este juzgado federal dentro del juicio de amparo 1523/2016. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la queja de referencia fue resuelta bajo el siguiente punto resolutivo: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja promovido por MARISOL TLAHUETL PÉREZ, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del juicio de amparo 1523/2016. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de José Víctor Martínez Benavidez autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la promovente Marisol Tlahuetl Pérez, por el que interponen recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la nueva Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Sexto Circuito, y envíensele con copias certificadas de las constancias pertinentes. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Marisol Tlahuetl Pérez, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que de la lectura integral de la demanda, así como del escrito de cuenta, se advierte que la hoy quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1.- Preciso el acto que en concreto reclamo en la presente instancia constitucional a cada autoridad señalada como responsable: A) En cuanto a estas autoridades señaladas como responsables: El Congreso de la Unión y/o Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de quien legalmente lo represente. Con domicilio bien conocido en la Ciudad de México. Con domicilio en Avenida Congreso de la Unión No. 66 Col. El Parque Delegación Venustiano Carranza. Ciudad de México. A través de quien legalmente la represente. El Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos ENRIQUE PEÑA NIETO. Domicilio en: Residencia Oficial de los Pinos, Puerta 1, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México. Y/O domicilio bien conocido en la Ciudad de México. A través de quien legalmente lo represente. La Secretaría de Economía. Con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 296, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México y/o domicilio bien conocido en la Ciudad de México. A través de quien legalmente la represente. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (SHCP) con domicilio en Palacio Nacional, Edificio "O", 2do. Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. y/o domicilio bien conocido en la Ciudad de México. A través de quien legalmente la represente. La Comisión Nacional Bancaria. Con domicilio en 31 Sur No. 3902, 72440 Puebla, Puebla. y/o con domicilio bien conocido en la Ciudad de México, A través de quien legalmente la represente. El Banco de México. Con domicilio en: Avenida 5 de Mayo #2, Colonia Centro, C.P.06059, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México, Y/O Domicilio bien conocido en la Ciudad de México, a través de quien legalmente lo represente. a) Les reclamo el siguiente acto: 1.- La inconstitucionalidad de los artículos 8 y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por no contener expresamente el cuidado y las abstenciones que debe guardar una institución de banca múltiple, respecto del Estado de Derecho Mexicano, en especial el respeto al derecho humano de propiedad y la no disposición de la propiedad sin previo juicio y orden judicial. 2.- La inconstitucionalidad del artículo 65 y 66 de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros. Por no contener recurso efectivo que suspenda los actos de molestia que la autoridad responsable ejecute o trate de ejecutar, y que en términos del artículo 64 y 63 de dicha ley mencionada con anterioridad les otorga la calidad de autoridad financiera. Normas todas estas que con motivo del primer acto de su aplicación a la suscrita me causan perjuicio. (Ley heteroaplicativa) B) Por otro lado, a las siguientes autoridades señaladas como responsables: A La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Con domicilio en Calle 19 Sur # 506, Despacho 103, Col. La Paz, C.P, 72160. A través de quien legalmente la represente. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (CONDUSEF) Con domicilio en Bulevar Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad, C.P. 72160 Puebla, Pue. A través de quien legalmente la represente. La Comisión Nacional Bancaria. Con domicilio en 31 Sur No. 3902, 72440 Puebla, Puebla. y/o con domicilio bien conocido en la Ciudad de México, A través de quien legalmente la represente. El Banco de México. Con domicilio en: Avenida 5 de Mayo #2, Colonia Centro, C.P.06059, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México, Y/O Domicilio bien conocido en la Ciudad de México, a través de quien legalmente lo represente. El registro de contratos de adhesión (RECA) a través de quien legalmente lo represente, con domicilio bien conocido en la Ciudad de México. a) Les reclamo los siguientes actos: 3.- La omisión de efectiva protección al consumidor y usuario de instituciones crediticias como expresamente se lo ordena la ley. 4.- La omisión del cuidado y vigilancia de las Instituciones de Crédito y de banca múltiple. 5.- La omisión de vigilancia y protección e inscripción de contratos de adhesión, que son nulos de pleno derecho. C) Así mismo a esta autoridad también señalada como responsable: HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. DOMICILIO AVENIDA SAN JERÓNIMO NÚMERO 630 COLONIA SAN JERÓNIMO CIUDAD DE MÉXICO. Y/O ESQUINA AVENIDA JUÁREZ Y QUINCE SUR DE LA ZONA ESMERALDA EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA. a) Le reclamo el acto siguiente: El uso y abuso de mis datos personales, y la disposición abusiva de mi salario y por ende violación al derecho humano de propiedad, vejación en mi dignidad, al derecho a comer, el peligro de inanición, desfalleciente por no poder obtener artículos de primera necesidad para mi manutención, ni el de mi familia, verdaderamente puso en peligro la vida de la suscrita y el de mi familia, así como el derecho humano de propiedad privada y privación de mi salario y patrimonio por la cantidad de $24 000.00 sin previo juicio. Actos estos que tacho de imposible reparación. D) POR ÚLTIMO, A TODAS LAS AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS LES RECLAMO LOS SIGUIENTES ACTOS: A todas las autoridades reclamo la falta de respeto a la ley de Instituciones de Crédito, Ley de protección y Defensa al usuario de servicios financieros y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por ende la violación a dichas Leyes Federales por la falta de Protección al consumidor, usuario de servicios financieros y vejación en los derechos de personalidad y humanos al dejarme sin protección, me quede varada en la Ciudad de México, sin comida ni víveres que comer, sin poder ayudar y contribuir con la manutención de mi familia, sin techo al no poder pagar la vivienda que rento, además la vejación que sufrí a mi dignidad como persona al disponer la institución bancaria que nombro como autoridad y como tercero interesado de mi salario sin previo juicio ante las autoridades judiciales correspondientes [.] sin embargo el día 31 de agosto de 2016, al retirar en un cajero en la cantidad de $7 000.00 me percato que solo restan la cantidad de $1 486.45, por lo que me dispuse a pedir en el banco HSBC sucursal San Jerónimo en la Ciudad de México, un detalle de movimientos o Estado de Cuentas y al expedirme dicho detalle de cuentas dicha institución me percato que la institución bancaria HSBC autoridad señalada como responsable dispuso sin previo juicio la cantidad de $24,147.77, por concepto de Cargo por cobranza TDC A 5412908001567523, el día 29 de agosto de 2016, como es obvio sin previo juicio (tal y como se aprecia del detalle de movimientos de fecha 31 de agosto de 2016 día en que me entero de los actos que reclamo, y que obra en autos". Precisado lo anterior, respecto del acto de aplicación, el suscrito estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la afirmación de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, encuentra su fundamento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. Bajo este orden de ideas, tratándose de amparo promovido en contra de una institución bancaria, debe decirse que ésta carece del carácter de autoridad, toda vez que en el presente caso entre las partes existe una relación de coordinación regulada por el derecho privado, ya que se actualiza un vínculo prestador de servicios financieros-usuario; y por tanto, se denota que la relación existente entre instituciones financieras y la parte promovente del amparo es una relación derivada de actos entre particulares. Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Que se afecten derechos. c) Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora bien, en el caso, respecto del acto atribuido a la institución financiera señalada como responsable no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación contractual, derivada del contrato de prestación de servicios financieros celebrado entre una persona física ahora quejosa con una institución bancaria, relación regulada por el derecho privado. Por lo anterior, en la especie, se estima improcedente el juicio de amparo; por tanto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia invocada; con fundamento en los artículos 62 de la nueva Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. Debe señalarse que la causal de improcedencia respecto del acto de aplicación debe hacerse extensiva a la inconstitucional de las normas señaladas como actos reclamados. En efecto, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, como sucede en el particular, no se puede desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación. Es decir, el estrecho enlace entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento. Por tanto, el órgano de control constitucional debe examinar, primigeniamente, si el juicio de amparo resulta apto en cuanto al acto de aplicación impugnado, verificando que en relación con él no se patentice alguna causal de improcedencia, ya que de no acontecer así, necesariamente tendrá que decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto del acto concreto de aplicación, lo que evidentemente envuelve y abarca a la norma general atacada. Así justamente lo ha señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 251, Tomo, I, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. De igual forma, es aplicable el criterio del propio Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 27, volumen 217 a 228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Asimismo, apoya tal consideración la jurisprudencia 348, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4034, Tomo II, Volumen 2, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre 2011, de rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. En ese sentido, si en el particular la parte disconforme reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículo 65 y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y expresamente señaló en su escrito inicial, que su demanda derivaba de que los mismos habían sido aplicados por primera vez el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; es inconcuso que el sobreseimiento decretado respecto del acto de aplicación, señalado en último término, debe hacerse automáticamente extensivo a la norma general combatida, como se señala en los criterios previamente transcritos (mismos que son observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo), sin que sea necesario realizar un análisis adicional al respecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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