Marissa Marcelina Perales Rodríguez

Expediente 1500/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1500/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Marissa Marcelina Perales Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de siete de julio de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Marissa Marcelina Perales Rodríguez, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del expediente 262/1998, de su registro. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, reponga el procedimiento en el incidente de liquidación de laudo y realice lo siguiente: a. Requiera a la Secretaría de Administración del Estado de Tabasco, la información requerida mediante oficio TCyA/EJEC/1963/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, relativa a la información de los aumentos y mejoras salariales que haya tenido la categoría de subcomandante (o en su caso la que sustituyó a dicha categoría) con la que se ostentaba Marissa Marcelina Perales Rodríguez, de la entidad pública Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, correspondiente a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019. b. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emita la planilla de liquidación correspondiente, analizando las pruebas recabadas, y valorando íntegramente las manifestaciones y documentales ofrecidas por las partes en sus planillas de liquidación, respectivamente y resuelva sobre las prestaciones que fueron materia de condena en el laudo y sobre las que le corresponden los aumentos y mejoras salariales a partir del treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho al veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 3. En la inteligencia de que tal determinación deberá encontrarse debidamente fundada y motivada, para lo cual, la responsable deberá relacionar pormenorizadamente los incrementos y mejoras anualizados del salario de la actora, además de allegarse de los elementos suficientes para establecer, los aumentos y mejoras salariales de las prestaciones que fueron materia de condena en el laudo, en base al salario diario establecido". El veintiuno de abril siguiente, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Por acuerdo de dos de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, dictado en autos de la controversia laboral 262/1998 de su índice, del que se obtuvo que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Acordó el oficio SAIG/UAJ/0874/2019, signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien en contestación al oficio TCyA/EJEC/1936/2019. Determinó dar vista al dictaminador para resolver el incidente de liquidación respectivo. Por lo que hace a los años 1998, 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, consideró que el Dictaminador adscrito a dicho Tribunal, debería determinar a verdad sabida y buena fe, los aumentos y mejoras salariales que correspondan, fundándose con lo dispuesto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por lo qué, se consideró que la sentencia concesoria de amparo se encontraba en vías de cumplimiento. El veintiocho de junio posterior, el Magistrado Presidente del tribunal responsable, remitió copia certificada de las notificaciones efectuadas a las partes el veintitrés y veintisiete del citado mes, respecto del proveído de veintisiete de abril anterior; no obstante, se determinó requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable para efecto de que en el término de tres días hábiles emitiera la planilla de liquidación correspondiente, atendiendo las directrices establecidas en la sentencia de amparo. En consecuencia, mediante oficio TCYA/AMP/6656/2022, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria emitida el cinco de julio de dos mil veintidós en el expediente laboral 262/1998 de su índice. Documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se observa que acató tales efectos, ya que se observa que realizó lo siguiente: El veintisiete de abril de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. También, acordó el oficio SAIG/UAJ/0874/2019, signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien en contestación al oficio TCyA/EJEC/1936/2019, informó que los incrementos salariales relativos al Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Director de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Recursos Humanos, únicamente contaba con los incrementos salariales para la Categoría de Sub-Comandante por el periodo comprendido de 2002 al 2011, toda vez que dicha categoría estuvo vigente a partir del año 2002 y debido a una reingeniería laboral en el 2011 dejó de estar contemplada en los Tabuladores de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; teniendo por cumplido a lo peticionado por dicho Tribunal. Asimismo, determinó dar vista al dictaminador para resolver el incidente de liquidación respectivo. Y además, consideró que el Dictaminador adscrito a dicho Tribunal, debería determinar a verdad sabida y buena fe, los aumentos y mejoras salariales que correspondieran a los años 1998, 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, fundándose con lo dispuesto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El cinco de julio de la presente anualidad, dictó resolución interlocutoria en el expediente laboral 262/1998 de su índice, la que fue resuelta por el monto total de $1'479,065.92 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil sesenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional) que deberá pagar la entidad pública demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a favor de Marissa Marcelina Perales Rodríguez. Lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 262/1998 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual, remite copia certificada de las notificaciones efectuadas a las partes el veintitrés y veintisiete de junio actual, respecto del proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, dictado en autos de la controversia laboral 262/1998 de su índice, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y determinó dar vista al dictaminador para resolver el incidente de liquidación respectivo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. No obstante, se indica al Tribunal responsable que no debe esperar a que este órgano jurisdiccional le requiera las constancias con las cuales realice las actuaciones correspondientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector concedido, pues como se ve desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ordenó la notificación de dicho proveído a las partes, lo cual, de manera inexcusable debió realizar de manera inmediata, sin que lo hiciera; lo que conlleva que, con su actuar se retrase de manera injustificada el trámite del juicio laboral de origen, y por ende, el cumplimiento de la ejecutoria concedida, pues como se ve, contó con el tiempo suficiente para realizar dichas notificaciones. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable a Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que SIN DILACIÓN dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que sea notificado del presente proveído, EMITA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá a Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal responsable, multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe al maestro Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de dos de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, remitiendo copia certificada del proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, dictado en autos de la controversia laboral 262/1998 de su índice, del que se obtuvo que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Acordó el oficio SAIG/UAJ/0874/2019, signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien en contestación al oficio TCyA/EJEC/1936/2019, informa que los incrementos salariales relativos al Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Director de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Recursos Humanos, únicamente cuenta con los incrementos salariales para la Categoría de Sub-Comandante por el periodo comprendido de 2002 al 2011, toda vez que dicha categoría estuvo vigente a partir del año 2002 y debido a una reingeniería laboral en el 2011 dejó de estar contemplada en los Tabuladores de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; teniendo por cumplido a lo peticionado por dicho Tribunal. Determinó dar vista al dictaminador para resolver el incidente de liquidación respectivo. Por lo que hace a los años 1998, 1999, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, consideró que el Dictaminador adscrito a dicho Tribunal, deberá determinar a verdad sabida y buena fe, los aumentos y mejoras salariales que correspondan, fundándose con lo dispuesto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sin que al día de la fecha haya remitido constancias posteriores, relativas al total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase al maestro Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que SIN DILACIÓN dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que sea notificado del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite el total cumplimiento del fallo protector. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe al maestro Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Notifíquese.

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