Marisol Taracena García

Expediente 936/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
936/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Marisol Taracena García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, quince de octubre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Marisol Taracena García; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 936/2021-8, promovido por Marisol Taracena García, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho de agosto siguiente, Marisol Taracena García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La inactividad procesal en el expediente laboral 245/2008. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 936/2021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La inactividad procesal en el expediente laboral 245/2008, del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, aun cuando lo haya negado la autoridad responsable en el informe justificado, ya que de las copias certificadas que remitió del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la aludida controversia laboral, se obtiene que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había pronunciado respecto de la inspección ocular de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Al respecto, tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la quejosa reclama la inactividad procesal en el expediente laboral 245/2008, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sobre el particular, la suscrita considera infundados los motivos de inconformidad planteados. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes. En torno a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En ese contexto puede decirse que la autoridad faltará al derecho fundamental de administración de justicia pronta, cuando no tramite o resuelva los asuntos sometidos a su potestad en los plazos y términos establecidos por la ley. No obstante, los numerales 106, 107 y 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, disponen: "Artículo 106.- El procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato; y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. Artículo 107.- Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del término de diez días. En esta audiencia se procurará avenir a las partes y en caso de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo, que obligará a las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si las partes no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría General del Tribunal para que se proceda al arbitraje, de conformidad con el procedimiento que establece este Capítulo. Artículo 108.- El procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes; y se pronunciará resolución; salvo cuando, a juicio del propio Tribunal, se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo". Aunado a lo anterior, el artículo 120 del ordenamiento jurídico precitado establece: "Artículo 120.- Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término declarará la caducidad. No operará la caducidad, aún cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal o por estar pendientes de recibir informes o copias certificadas, que hayan sido solicitadas". En ese contexto normativo, la interpretación sistemática de los aludidos numerales 106, 107, 108 y 120 transcritos, permite colegir que el procedimiento laboral en cuestión se inicia y prosigue a instancia de parte; esto es, requiere del impulso procesal de los interesados, al prever el legislador ordinario que la inactividad de éstos en un período de tres meses tendrá como consecuencia que en aquél opere la caducidad, siempre y cuando se requiera de alguna promoción para la continuación del mismo. Al respecto, es de tomar en cuenta, en lo conducente, los argumentos expuestos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la jurisprudencia III.3o.T. J/4 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 1839, cuyo rubro y texto es: "CADUCIDAD EN MATERIA LABORAL. OPERA ANTE LA INACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES EN LA ETAPA DE ARBITRAJE, NO ASÍ CUANDO ÚNICAMENTE SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE DICTAR EL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El juicio laboral no debe permanecer detenido indefinidamente en lo que respecta a la etapa de arbitraje, por lo que corresponde a las partes instar al Tribunal de Arbitraje para que concluya esa etapa, conforme al artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con los numerales 117 y 128 de la misma legislación, pues dicha conducta evidenciaría su interés en que sea resuelta la controversia; de lo contrario, regiría la presunción de su abandono que sanciona la caducidad, pues se acumularían juicios inactivos en su fase instructiva, con la correspondiente afectación al orden social, a la administración de justicia y la seguridad jurídica; en el entendido de que esa carga de impulso procesal cesa en "definitiva" hasta que sólo esté pendiente de dictarse el laudo, pero no antes, ya que integrado el expediente, únicamente restaría dictar el fallo definitivo a la controversia planteada, que es obligatorio conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, dada la naturaleza y principios que apoyan la caducidad, sería inexacto equiparar la falta de dictado de laudo en que no puede correr la caducidad, con la inactividad de los tribunales laborales para desahogar la instrucción del proceso, como es el arbitraje, en donde corresponde agotar todas las etapas de la audiencia relativa. Dentro de ese contexto de instrucción subsiste la carga procesal de las partes de no abandonar o dejar de expresar su interés de que el procedimiento avance para ponerlo en estado de resolución". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2012 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, página 822, del siguiente rubro y texto: "CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El citado precepto no es contrario al derecho a la administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que aquél es un derecho del gobernado para que se le imparta justicia en los términos y plazos fijados en las leyes, también lo es que es correlativo a la obligación consistente en que se sujete a los requisitos exigidos en las leyes procesales, porque la actividad jurisdiccional implica no sólo un quehacer del órgano judicial, sino también la obligación de los particulares de impulsar el procedimiento; de ahí que ante su falta de interés se produzca la caducidad en el proceso prevista en el citado artículo 138, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de las partes establecer un juicio o ejercer un derecho y dejarlo inactivo o postergarlo indefinidamente, con perjuicio de terceros y de la propia administración de justicia". En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, una vez que el tribunal burocrático reciba la contestación de la demanda o transcurra el plazo para ese efecto, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. De las constancias remitidas por la responsable, se desprende que en auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio natural, se pronunció respecto de la diligencia de inspección ocular de veinticinco de febrero de dos mil veinte, haciendo efectivo el apercibimiento establecido en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, al ayuntamiento constitucional de Nacajuca, Tabasco, por no exhibir las documentales requeridas para ese efecto y se le tuvo no acreditando los extremos que pretendía probar con la referida prueba y por desierta la misma, y a la parte actora acreditando presuntivamente los extremos de dicha probanza. Por lo que, atendiendo a la fase (de arbitraje) en que el procedimiento laboral en cuestión se encontraba antes de la presentación de la demanda de amparo que se analiza, correspondía a la actora, aquí quejosa, el impulso procesal del mismo y solicitar lo que en derecho correspondiera. Pues, conforme a lo establecido en los dispositivos y tesis jurisprudenciales invocadas, corresponde a las partes instar al Tribunal responsable hasta dejar el juicio laboral en estado de resolución, ya que en la fase de arbitraje subsiste la carga procesal de no abandonar o dejar de expresar su interés de que el procedimiento avance. Por tanto, como se dijo, el actuar de la responsable de ningún modo trasgrede en perjuicio de la accionante del amparo, los derechos fundamentales de impartición de justicia pronta y expedita que instituye el artículo 17 constitucional, ya que corresponde a las partes de manera oportuna impulsar el procedimiento laboral en cuestión. Sin que lo anterior, por sí mismo viole, su derecho de acceso a la justicia, ya que la tutela jurisdiccional efectiva debe entenderse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Derecho que en el caso se considera salvaguardado, pues la quejosa estaba en condiciones de realizar el impulso procesal del juicio natural. Con motivo de lo anterior, se niega a la impetrante la protección de la justicia federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marisol Taracena García, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de veintiuno de los actuales, se dio vista a las partes con el informe justificado y constancia remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurrirá del veinticuatro del precitado mes al cinco de octubre próximo, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 245/2008, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

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