Marisol Sánchez Díaz y Otros.

Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
44/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Marisol Sánchez Díaz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual remite resolución del recurso de inconformidad ***, y el original del expediente 1395/2019 del incide de este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y respecto de las restantes se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en atención a la resolución remitida por la superioridad, en la que se declaró fundado el recurso de inconformidad; se procede a realizar un nuevo análisis en términos del artículo 196 de la Ley Amparo, bajo los lineamientos precisados por el tribunal de alzada y los siguientes: CONSIDERANDOS PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El seis de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó resolución definitiva en la que se concedió la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional.  La 1. Delegada, por sí y en representación de las autoridades 2. Auxiliar (***) y 3. Auxiliar (***), todos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiapa, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, por oficio de tres de enero del dos mil veinte, con registro ***, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, por escrito registrado con folio 811, la parte quejosa manifestó que los recibos electrónicos señalados en el escrito inicial de demanda fueron solicitados por el propietario del inmueble, motivo por el cual considera imposibilidad jurídica y material para acatar el fallo amparador, y con base en ello puede tenerse por cumplida la sentencia constitucional.  En ese sentido, el veintisiete de enero de dos mil veinte, las responsables por conducto de la 1. Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiapa, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, informaron tener imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la presente ejecutoria.  Por tanto, en proveído de veintiocho de enero de ese mismo año, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; por lo que en atención a lo ordenado en el citado auto manifestó su conformidad con las actuaciones de las responsables.  En proveído de cuatro de febrero del año que antecede el escrito signado por el quejoso ***, por el cual manifiesta su conformidad con el cumplimiento que adujo haber dado la autoridad responsable.  El siete de febrero de dos mil veinte, se realizó el análisis al cumplimiento de la sentencia constitucional por parte de las responsables, en lo que se determinó que no se tenía por cumplida.  Por tanto, el cuatro de marzo del año anterior, se determinó por consentido el auto siete de febrero de ese mismo año.  Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, ante la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia, se determinó remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que la superioridad determinara la existencia o no de la imposibilidad al cumplimiento de la resolución constitucional. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades 1. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiapa; 2. Auxiliar del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiapa (Gerardo Juárez Núñez); y, 3. Auxiliar del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Chiapa (Obdulia Santos Fonseca), todos con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, realizaran lo siguiente: ". Dejen insubsistentes los certificados de rechazo, relativos a los volantes ***, respecto de la solicitud de expedición de los certificados de libertad o gravamen relacionados con los volantes *** y expidan los certificados de libertad o de gravamen requeridos por la parte quejosa, en el entendido que se acreditó el pago de los derechos respectivo por el servicio solicitado." TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En primer lugar de las actuaciones enviadas por las responsables se acredita que dejaron insubsistente el certificado de rechazo ***, reasignándolo con el volante de libertad o gravamen ***, ya que la parte quejosa reingresó el documento respectivo. Respecto de los diversos ***; le fueron devueltos el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como, la boleta original de pago; y al no contar con el domicilio del impetrante de amparo, por oficio *** de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, le solicitaron efectuara el reingreso respectivo, sin que a la presente fecha realizara lo anterior. Luego, la parte quejosa por escrito presentado el veintiuno de enero del año dos mil veinte, manifestó que los recibos electrónicos señalados en el escrito inicial de demanda fueron solicitados por el propietario del inmueble que realizó trámites en la notaría a su cargo; por lo que consideraba existía una imposibilidad para que las responsables dieran cumplimiento al fallo amparador, y por ello estimaba conveniente tener por cumplido, el mismo. Posteriormente, ante la falta de exhibición de los folios ***, el veinticuatro del mismo mes y año, las autoridades manifestaron tener imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la presente ejecutoria, al no contar con la documentación necesaria para realizar el trámite correspondiente, a efecto de acatar el fallo constitucional. No obstante ello, se tiene por cumplida la sentencia constitucional, en virtud que las responsables cancelaron los certificados de rechazo reclamados y expidieron un certificado de libertad o gravamen, previo requerimiento de la parte interesada y; derivado de dicha cancelación, fueron devueltos los diversos volantes *** que dieron origen a los actos reclamados, por lo cual, ante la cancelación de los certificados de rechazo, por requerimiento del interesado, le fue expedido el certificado de libertad o gravamen ***, amparado con el recibo oficial electrónico ***, de lo que se infiere que desapareció el obstáculo que impedía su despacho y, fueron devueltos los restantes volantes, quedando en libertad de reingresarlos o no, máxime que en las manifestaciones vertidas por el quejoso, este externo su conformidad con el tratamiento dado a la sentencia constitucional por las autoridades responsables. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acataron el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 44/2021-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia en el juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en Para determinar la improcedencia en el juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia1 I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el oficio ***, de once de enero de dos mil veintiuno, por el cual, las autoridades responsables le conceden a la quejosa un plazo de sesenta días naturales para exhibir ante éstas su título y cédula profesional, a fin de acreditar que cuenta con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo que ocupa como Enfermera General Titulada. Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso particular, el acto reclamado consistente en el oficio ***, de once de enero de dos mil veintiuno, por el cual, las autoridades responsables le conceden a la quejosa un plazo de sesenta días naturales para exhibir ante éstas su título y cédula profesional, a fin de acreditar que cuenta con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo que ocupa como Enfermera General Titulada, no constituye un acto de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional. Lo anterior, toda vez que las autoridades responsables, actúan con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la Federación con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, en contra de la citada actuación no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. Cabe precisar, que aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre ante la emisión del oficio combatido por la parte quejosa por el que le solicitan exhiba dentro del plazo de sesenta días naturales su título y cédula profesional ante las responsables, a fin de acreditar que cuenta con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo que ocupa como Enfermera General Titulada, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación derivada del vínculo laboral que une a aquella con la dependencia a la que presta sus servicios, esto es, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Lo anterior, máxime que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad menciona la quejosa, se desprende que ésta ingresó a laborar a la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas, el uno de agosto de mil novecientos noventa y uno, y el quince de octubre siguiente se le asignó el puesto de Auxiliar de enfermería, como personal provisional, con código funcional MO2036; asimismo, adujo que el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y dos, se le otorgó el nombramiento de base y, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se le recategorizó con el puesto de Enfermera General Titulada. En ese sentido, se estima que no existe una relación de supra a subordinación entre los entes señalados como autoridades y la quejosa; toda vez que, como se dijo, el vínculo existente entre ellos, es de carácter laboral, lo que indubitablemente refleja una relación en la que éstas actúan con el carácter de patrón y no como autoridades para los efectos del amparo, y por ende los actos que se les reclama no pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional. Por tanto, se reitera que, en este caso específico, no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo las que señala la quejosa, pues como se ha referido, las responsables actúan como patrón en el cumplimiento de sus obligaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y en términos restringidos del segundo párrafo del citado numeral a ***, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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