Marisol Gutiérrez Martínez y Otros.

Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
439/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Marisol Gutiérrez Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, con residencia en la Ciudad de México. 2. ***, Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 439/2019-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso concreto, se estima que se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo manifiesta e indudable, que permita desechar la demanda, no obstante que se reclama una norma de carácter general. Ello es así, ya que si bien conforme a lo que dispone el artículo 107, fracción VII, de la carta suprema y 114, de la Ley de Amparo, el juico constitucional es procedente contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause perjuicio de imposible reparación al quejoso, también cierto es que si el acto de aplicación de la ley, no es de los considerados de imposible reparación aun cuando éste se haya dictado dentro del procedimiento, debe de operar la regla establecida en el artículo 158, tercer párrafo de la ley de la materia. Criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/206-PL, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 78/2007 , cuyo rubro reza: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En efecto, en el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele del proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitido en autos del citado juicio de origen. Sin embargo, la referida actuación no irroga a las partes un perjuicio de imposible reparación, en razón que dicha determinación sólo produce efectos intraprocesales pues se trata de una determinación dentro del procedimiento que únicamente trasciende en el desahogo de pruebas, la cual que pueden repararse sí se obtiene resolución definitiva favorable; ello, cuenta habida que tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivo. Ahora, en atención a la técnica que rige el juicio de amparo cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma, debe atenderse en virtud de su primer acto concreto de aplicación; lo anterior es así, ya que cuando se impugnan normas de carácter general, dicho supuesto de improcedencia debe ser examinado atendiendo a la propia naturaleza del ordenamiento general, como en el caso, ya que no puede desvincularse el estudio de la disposición al acto concreto de aplicación; por esa razón en primer lugar debe analizarse, si el juicio es procedente por cuanto hace al acto concreto de aplicación. Así, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, se analizará la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 251, tomo 181-186 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.". Se estima esto, ya que no basta que se reclame la inconstitucionalidad de algún precepto legal para determinar la procedencia del juicio de amparo, pues debe atenderse invariablemente a la naturaleza o características del acto de aplicación. En el particular se combate la inconstitucionalidad del artículo 1340 del Código de Comercio, con motivo de su primer acto de aplicación que se hace consistir en el proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitido en autos del citado juicio de origen, respecto del cual a criterio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004 , cuyo rubro se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. ***

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