Marisol Rogel Guadarrama

Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Marisol Rogel Guadarrama

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Devolución de documentos Por otra parte, de autos se advierte que obra documentos en copia certificada y simple exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase a la quejosa para que comparezcan en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger sus documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser depurados junto con el expediente. Ahora, a efecto estar en aptitud de materializar la devolución de referencia, es oportuno precisar que debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid19, que genera la necesidad de controlar el contacto de personas para evitar la propagación del virus que lo ocasiona, y en ese contexto, atendiendo al segundo párrafo del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa cita que realice la quejosa, se gestionarán los protocolos necesarios para que puedan ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, en el día y hora que el sistema de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación arroje para la cita respectiva. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del CITATORIO de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dejado junto con copia del auto que se notifica, en el domicilio procesal de la parte QUEJOSA ********, por lo que se ordena la notificación del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Devolución de documentos Por otra parte, de autos se advierte que obra documentos en copia certificada y simple exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase a la quejosa para que comparezcan en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger sus documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser depurados junto con el expediente. Ahora, a efecto estar en aptitud de materializar la devolución de referencia, es oportuno precisar que debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid19, que genera la necesidad de controlar el contacto de personas para evitar la propagación del virus que lo ocasiona, y en ese contexto, atendiendo al segundo párrafo del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa cita que realice la quejosa, se gestionarán los protocolos necesarios para que puedan ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, en el día y hora que el sistema de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación arroje para la cita respectiva.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de diez de agosto de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos de - Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 442/2022-III. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en "[.] a) De la responsable denominada C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, se le reclama la sentencia interlocutoria de fecha 20 de junio de 2022, dictada dentro del expediente 1033/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar de la ciudad de Ensenada, Baja California, [...] b) De la responsable denominada C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, se le reclama El cierto, futuro, inminente e ilegal desahogo de las testimoniales ofrecidas de mi parte señalado a las 10:00 horas del día 15 de agosto del 2022, ordenado en la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado identificado con inciso a) y que modificó el acuerdo de fecha 18 de abril del 2022, causando una importante reducción de numero de testimoniales ofrecidas de mi parte." De lo anterior, se considera que en el caso, si bien es cierto el acto reclamado es la interlocutoria de veinte de junio del año en curso, dictada en el expediente 1033/2021, en la que por una parte declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, y por otra modificó el referido auto parcialmente en relación a hacer efectivo el apercibimiento impuesto en contra de la aquí quejosa, mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, por lo que la Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, disminuyó y eligió a dos testigos de los diversos ofrecidos por la parte demandada (aquí parte quejosa), para el desahogo de la testimonial ofrecida en autos; también lo es que dicho acto constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales de imposible reparación, deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. De igual forma, señala que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación es necesario que cumplan con las siguientes condiciones 1.- Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del fallo definitivo. 2.- Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesiones bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que las consecuencias del acto deben producir una lesión grave que impida el ejercicio de un derecho; lo que en el presente caso no se actualiza, ya que se insiste que si bien es cierto el acto reclamado lo constituye la sentencia interlocutoria de veinte de junio del año en curso, dictada en el expediente 1033/2021, en la que por una parte declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, y por otra modificó el referido auto parcialmente en relación a hacer efectivo el apercibimiento impuesto en contra de la aquí quejosa, mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, por lo que la Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, disminuyó y eligió a dos testigos de los diversos ofrecidos por la parte demandada (aquí parte quejosa), para el desahogo de la testimonial ofrecida en autos; también lo es que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento, y cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable a la quejosa, y en el supuesto de no ser así, éste estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que promueva en contra de la referida sentencia definitiva que en su momento se dicte. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la Tesis*** Entonces, si la interlocutoria de veinte de junio del año en curso, que aquí se reclama, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados constitucional o convencionalmente, sino solo derechos procesales, pues al continuar la secuela procesal, de ella pudiera incluso resultar una resolución favorable para quien promueve, es obvio que la resolución que en la que por una parte declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, y por otra modificó el referido auto parcialmente en relación a hacer efectivo el apercibimiento impuesto en contra de la aquí quejosa, mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, por lo que la Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, disminuyó y eligió a dos testigos de los diversos ofrecidos por la parte demandada (aquí parte quejosa), para el desahogo de la testimonial ofrecida en autos, no puede ser susceptible de la acción bi-instancial de amparo, por no producirse con ella tal afectación material a algún derecho sustantivo, como actualmente lo exige nuestro orden constitucional. Por lo antes expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *** Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta; y, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Omar Paz Arellano, Brenda Elizabeth Herrera Alpizar, Arianne Zaire Cordero Gabiño y Alexa Aurora Baños Alanis, en virtud de que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que se refiere a Omar Paz Herrera, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el mencionado Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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