Marisol Pérez Prado

Expediente 443/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
443/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
26/01/2018

Partes del expediente

  • Marisol Pérez Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del expediente número 358/2017-I, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Marisol Pérez Prado, en contra de los actos que le atribuye al Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Marisol Pérez Prado, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "DE LAS AUTORIDAD SE RECLAMA la falta de contestación a la PETICION DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2017, DOS MIL DIECISIETE, misma que se anexa al presente y de la que a la fecha no se tiene respuesta alguna." La quejosa estimó vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, atento a lo establecido en la jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." II. La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, donde por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite; lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo que se registró bajo el número 443/2017-VI. III. Posteriormente, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, y, se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizar el análisis integral del escrito de demanda, documentales anexas y las constancias que apoyan el informe justificado rendido por la autoridad, se advierte que el quejoso reclama: La falta de contestación a la petición de siete de julio de dos mil diecisiete, realizada al Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la responsable. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, consistente en oficio DG/1608/2017 en el que se dio contestación a la solicitud realizada por la quejosa y cédula de notificación a la misma (fojas 138 a 141); Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí alguna huella. Al efecto, tiene aplicación el siguiente criterio: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".( tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N). Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de contestación a la petición de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, realizado por la quejosa a la responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Así, de las constancias que obran agregadas en autos (fojas 8 y 9; 19, 20, 21, 22, 138, a 141), a las que les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el tres de octubre de dos mil diecisiete el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, dio contestación a lo peticionado por la quejosa según se advierte de la misma. Documentales con las que se dio vista a la quejosa en el proveído de diecinueve de octubre y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, sin que hiciera manifestación alguna en relación al contenido de dichas documentales; en esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos materia de la litis constitucional, pues de las referidas constancias que remitió el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, se advierte que el tres de octubre de dos mil diecisiete, dio contestación a la petición hecha por la quejosa presentada ante esa institución y recibida el siete de julio de dos mil diecisiete, emitiendo para tal efecto el oficio número DG/1608/2017; por tanto, si el acto reclamado del que se dolía el quejoso era la falta de contestación a la petición de siete de julio de dos mil diecisiete, con el citado oficio y su notificación, los efectos del acto reclamado han quedado insubsistentes en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí alguna huella. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509 , de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, proceda la secretaria a realizar la captura de este fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción IV, constitucional; 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Marisol Pérez Prado, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados y autoridad responsable, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto del presente fallo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 143 y 144), para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el contenido del oficio DG/1608/2017, del índice de la autoridad responsable; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se sigue el trámite del presente juicio únicamente por los actos por los que se admitió la demanda.

  4. Principal

    Ensenada Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de quince días, otorgado mediante proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, concedido a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con diez minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese.

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