Marisol Pedroza Guerrero
Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Marisol Pedroza Guerrero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el punto noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo Primero fracción I del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los cuales se advierte que en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo al Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en nombre de la señalada por el quejoso como Subprocurador de la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima del Estado de Hidalgo, rindiendo su correspondiente informe justificado y en atención a su contenido, le fueron requeridas las constancias con las que acreditara la respuesta que dio a la petición formulada por la parte quejosa, así como de la notificación a la misma. Lo cual realizó a través del oficio que se acordó el seis de marzo de dos mil veinte, dando vista a la parte quejosa en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo. Documentales a las que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa ***********, asesor jurídico de *******, señaló como autoridad responsable al Coordinador General de Atención a la Familia y a la Víctima y como acto reclamado, la omisión a dar contestación a la petición que le formuló el veintiuno de enero de dos mil veinte. Por su parte, el Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en nombre de la señalada por el quejoso como Subprocurador de la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima del Estado de Hidalgo, al rendir su informe justificado, acepta la existencia del acto de omisión que se le atribuye, sin embargo, en el mismo acto comunica que el veinticuatro de febrero del año en curso emitió la respuesta correspondiente, por lo que le fueron requeridas las constancias correspondientes que acreditaran lo anterior así como la notificación a dicha respuesta, lo cual acreditó a través del oficio de veintiocho de febrero de dos mil veinte. Entonces, si el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión del Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (denominación correcta) a dar respuesta a la petición que le formuló la parte quejosa el veintiuno de enero del año en curso, siendo que la misma se emite el veinticuatro de febrero del mismo año, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado; actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este contexto, se establece que el acto reclamado por la quejosa se hizo consistir en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 1009/2018. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte emitió la repuesta correspondiente a la petición que le formuló la parte quejosa el veintiuno de enero del mismo año. Lo anterior permite concluir que han cesado los efectos del acto omisivo que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable, puesto que quedó acreditado que se destruyó el origen del acto reclamado en el presente juicio, cesando todos sus efectos al haberse emitido la respuesta correspondiente. De esta manera, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual la parte quejosa interpuso su demanda de derechos se encuentra totalmente satisfecha, ya que el acto omisivo reclamado dejó de surtir sus efectos; por tanto, lo precedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Circunstancia que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal; máxime que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar la presente determinación. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que al rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, no ha lugar a reanudar el procedimiento en el presente expediente y señalar una nueva fecha para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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