Marisol Gomez Vazquez

Expediente 1360/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1360/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Marisol Gomez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca, Hidalgo, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por Marisol Gómez Vázquez, quejosa en el presente asunto, por el que desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, y manifiesta que la notificación que constituye el acto reclamado fue el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Ahora bien de la demanda de amparo, se advierten como como autoridades responsables y actos reclamados: AUTORIDAD RESPONSABLE. "ORDENADORA. La Licenciada María Benilde Zamora González, Juez Tercero Familiar de esta ciudad. EJECUTORA. La misma autoridad señalada como ordenadora" ACTO RECLAMADO. "La guarda y custodia provisional que se decretó de mi menor hija MONSERRAT AQUINO GÓMEZ, a favor del C. CARLOS EDUARDO AQUINO ORTIZ, en el juicio escrito familiar radicado en el Juzgado Tercero Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, bajo el número de expediente 549/2017. En ese sentido, tenemos que si bien es cierto, la guarda y custodia provisional de mi menor hija MONSERRAT AQUINO GÓMEZ, decretada a favor del C. CARLOS EDUARDO AQUINO ORTIZ, que constituye el acto que reclamo, fue, decretada por la autoridad responsable en fecha 28 de junio de 2017, no menos cierto es que, atendiendo al interés superior del menor, a la protección que la nación brinda a los niños, el ambiente familiar más favorable al menor, los derechos tanto de la quejosa como mujer y madre, como de mi menor hija, así como la evasión de posibles actos que pudieran afectar los derechos de mi menor hija, mismos que se encuentran regulados en el artículo 107 fracción 111 inciso a), último párrafo, y en los demás aplicables de la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que México en materia de menores, niños y niñas, constituye la procedencia de la presente demanda de amparo en favor de la quejosa.". DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que el acto reclamado en concreto es: La determinación emitida el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en que decretó la guardia y custodia provisional de su menor hija de iniciales M. A. G, a favor de Carlos Eduardo Aquino Ortiz, notificada el mismo día a la parte quejosa. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. SEGUNDO. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, que estatuyen: En efecto, el artículo 61, fracción XIV, establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, siendo solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso [.]". De la interpretación, sistemática del precepto invocado, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo , se advierte que el juicio de derechos es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos actos en contra de los cuales no se interponga la demanda de amparo dentro del término de quince días. Conforme a la intelección del artículo en mención, el término para promover la demanda de derechos es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En virtud de lo anterior, se advierte que el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de derechos en contra del acto que reclama mediante esta vía, inició a partir del treinta de junio de dos mil diecisiete, feneciendo dicho término el veinte de julio del mismo año. Lo anterior es así, ya que la quejosa acude reclamando, la determinación emitida el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en que decretó la guardia y custodia provisional de su menor hija M. A. G., a favor de Carlos Eduardo Aquino Ortiz, notificada el mismo día, acto emitido por el Juez Tercero Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el expediente 549/2017. Así mismo, si la demanda de derechos fue presentada hasta el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, dicha presentación resulta extemporánea, en virtud, de que en el escrito de aclaración de cuenta manifiesta que el acto reclamado fue notificado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, de lo que se advierte, que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la parte quejosa. Siendo aplicable a lo anterior, la tesis publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Cuarta Parte, LXXIX, Sexta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dice: "El término para la interposición del amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama"; una primera interpretación del precepto consistiría en decir que el término empieza al día siguiente al en que materialmente se hizo la notificación, sin distinguir si fue personal, boletinada, por estrados o por otra cualquiera de las formas que establezca la ley que rija el acto que se reclame; otra interpretación se haría armonizando esa disposición con el artículo 24 de la misma ley que dice: "El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación....." y en tal supuesto, los quince días cuentan desde el día siguiente al en que conforme a la ley rectora del acto reclamado surta efectos la notificación de éste. El criterio mayoritario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha decidido por lo primero y para ello ha tenido en consideración, fundamentalmente, las razones siguientes: Cada uno de estos artículos reglamenta actos diferentes entre sí y que por ende deben estar sujetos a reglas también distintas: el artículo 24 se refiere a los términos judiciales, es decir a los que se dan ya dentro del juicio; en cambio el 21 trata de un término prejudicial, puesto que aún no existe una demanda admitida, ni un juicio; es propiamente un plazo o tiempo de conocimiento del acto reclamado, y que según texto expreso de dicho artículo, se inicia al día siguiente de cuando se notificó al quejoso, el acto que reclame, y es de notarse que si el legislador hubiese querido que el cómputo se hiciera a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del acto, se tuviera, por hecha la notificación, porque ella había producido sus efectos, así lo habría expresado, ya que cuando ha querido que un término corra desde el día siguiente al en que surta efectos una notificación lo indica expresamente, como en el caso del artículo 24 citado; luego, en las razones expuestas se ve que la ley establece dos formas distintas de hacer los cómputos, según sean los términos de que se trate, prejudicial, a que se contrae el artículo 21, o judicial a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo. Tampoco es de admitir que la iniciación del plazo para interponer la demanda de garantías se supedite a las reglas relativas a como deben computarse los términos que las leyes procesales comunes establezcan, porque aquél es federal y, por tanto, estas leyes no pueden regirlo; y porque no habría firmeza y seguridad jurídica para computarlo, ya que los códigos de los Estados de la República no tienen igual norma para que surtan efectos las notificaciones, y ello daría lugar a que se introdujera desigualdad en la duración del plazo, pues según fuera el Estado de la República donde la demanda de amparo se formulara, tendría el quejoso para interponerla menos, o más de quince días a pesar de la disposición categórica del artículo 21 en estudio, que señala solo quince días y, naturalmente, hábiles; y precisamente para que esto sea así, es que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por Mayoría de tres votos, ha venido sosteniendo que esos quince días se deben empezar a contar a partir del día siguiente al en que fuere hecha materialmente la notificación del acto reclamado y cualquiera que haya sido la forma, de las admitidas por la ley del acto, en que se haya realizado." Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Séptima Parte, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Así como, la tesis visible en la página 984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO EN DONDE SE ESTIMA QUE EL EMPLAZAMIENTO SE PRACTICÓ EN FORMA IRREGULAR. Si la persona que pide amparo contra el emplazamiento que se le practicó y que estima irregular, tuvo pleno conocimiento del juicio en el cual se llevó a cabo el mismo, por haber presentado un escrito apersonándose así ante el Juez natural, es claro que conocía perfectamente el número del juicio seguido en su contra, el tipo de juicio de que se trataba, el carácter con que se le demandó y las prestaciones que le fueron reclamadas; por tanto, ante tales eventos, es evidente que a partir de que el citado demandado tuvo pleno conocimiento del juicio seguido en su contra y por lo tanto estuvo en aptitud legal de promover el correspondiente juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento de mérito, lo cual debió llevar a cabo a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo pleno conocimiento de dicho juicio instaurado en su contra y dentro del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo, es innegable que consintió las posibles irregularidades que pudiese tener dicho emplazamiento y sus consecuencias jurídicas." En las relatadas condiciones, al no interponerse la demanda de derechos, dentro del término de quince días, a que se refiere el numeral 17, de la Ley de Amparo, ni encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el diverso numeral 22 de nuestra Carta Magna, es decir no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro; por lo que es claro que la quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados, y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia analizada lo procedente es DESECHAR en el presente juicio por notoriamente improcedente. Por lo expuesto, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por último, en relación a su manifestación de que al presente asunto le es aplicable la excepción que hace el artículo 107, fracción III, inciso a), últimos párrafos, de la Constitución, en relación a que no le será exigible el requisito de impugnar las violaciones procesales, a través de los recursos y medios de defensa que, señale la ley; dígasele que dicho numeral es para sentencias definitivas, laudo o resolución que ponga fin al juicio y dado que en el presente caso, la quejosa manifestó que se trata de una determinación provisional de guarda y custodia, no resulta aplicable, la excepción establecida. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mi dieciséis y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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