Marisol Palacios Hernández
Expediente 754/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2017
Partes del expediente
- Marisol Palacios Hernández
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DICTADO ELTREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA DE INICIALES M.P.H; ACUERDO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil diecisiete. OFICIO Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por medio del cual, remite copia certificada del laudo de veintinueve de mayo del año en curso, dictado en el expediente J.2/507/2016. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que el veintinueve de mayo del año en curso, se dictó laudo en el expediente laboral J.2/507/2016. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que el acto que la peticionaria de amparo tilda inconstitucional es la abstención de emitir laudo en el expediente laboral J.2/507/2016. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete, háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil diecisiete. OFICIO Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por medio del cual, remite copia certificada del laudo de veintinueve de mayo del año en curso, dictado en el expediente J.2/507/2016. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que el veintinueve de mayo del año en curso, se dictó laudo en el expediente laboral J.2/507/2016. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que el acto que la peticionaria de amparo tilda inconstitucional es la abstención de emitir laudo en el expediente laboral J.2/507/2016. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete, háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto e informa que se registró con el número 128/2017. Ahora, toda vez que de autos no se advierte que se haya notificado a la parte tercero interesado **** la sentencia dictada en el presente juicio, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos a efecto de que realicen la notificación correspondiente por listas en cumplimiento al auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis Por otra parte, mediante oficio que derive del presente auto, hágase del conocimiento al Agente del Ministerio Público adscrito Juzgado Penal de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, la sentencia terminada de engrosar el once de abril del año en curso, así como el proveído de cuatro de los cursantes. Finalmente, una vez que se cuente con las constancias respectivas de manera inmediata remítase a la superioridad. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO AL TERCERO INTERESADO JOSE LUIS CORTÉS GARCÍA. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 759/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 02 a 05), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido en esa fecha a este juzgado; **** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Penal de Primer Instancia de Lerma de Villada, Estado de México y, otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 759/2016, pidió informes justificados; dio intervención al Ministerio Público de la Federación, así como al representante fiscal adscrita al juez de origen; ordenó notificar la instauración del presente juicio al diverso tercero interesado ****por conducto de la autoridad responsable (fojas 111 y 112); y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 39 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, en razón de que la orden privativa de libertad reclamada pretende ejecutarse dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: 1. Del Juez Penal de Primer Instancia de Lerma de Villada, Estado de México. a) La orden reaprehensión dictada dentro de la causa penal 2/2007, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, al no haber justificado su inasistencia a la audiencia de desahogo de pruebas de veintinueve de septiembre del mismo año. 2. Del Procurador General de Justicia y Comisario General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de México. a) La ejecución del indicado mandato privativo de libertad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Penal de Primer Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado (foja 18). Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de la causa penal 2/2007, remitida como complemento al mismo, de la cual se desprende que al no haber justificado su inasistencia a la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, y no colmar la deficiencias de su escrito presentado el trece de octubre siguiente, el veintiuno del mismo mes y año suspendió el procedimiento y ordenó la reaprehensión del procesado, ahora quejoso, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el otrora Procurador General de Justicia y el Comisario General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 15 y 16), negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, toda vez que la autoridad ordenadora aceptó la existencia del mismo, deben desvirtuarse sus negativas y tenérseles por cierto el acto reclamado, ya que la juez responsable puede ordenar la ejecución de la orden de reaprehensión en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Aunque las autoridades ejecutoras nieguen el acto reclamado, indudablemente que los actos de ejecución pueden llevarse a cabo en cualquier momento, cuando tales actos son una orden que se encuentra dictada y no queda más que el cumplimiento de la misma; sin que valga el razonamiento en el sentido de que la ejecutora no es competente y no le corresponde la ejecución de la orden reclamada, toda vez que este razonamiento constituye únicamente la afirmación de una de las partes y que indudablemente se encuentra sujeta a prueba, por lo que tal autoridad debe probar en el juicio que a ella no competía la ejecución del acto reclamado; además de que aun probando tal extremo, la concesión de la protección federal no le perjudicaría, puesto que de todas maneras no ejecutaría el acto reclamado, ya sea por virtud del amparo o por la inexistencia a que alude la falta de facultades. En consecuencia, se tienen por ciertos los actos reclamados atribuidos a las referidas autoridades responsables. No es óbice, el hecho de que el solicitante de amparo haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión girada en su contra, porque del informe justificado rendido por la juez responsable, se desprende que en realidad consiste en una orden de reaprehensión, lo que es suficiente para considerar que el acto reclamado existe, pues aun cuando la orden de aprehensión, detención y la de reaprehensión, son diferentes, dichos actos restringen la libertad de las personas, y por tanto debe considerarse como un error en su denominación; en consecuencia, en el presente asunto se deberá tener como acto reclamado la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287 del tomo XIV, julio de 2001, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Al no advertirse causa de improcedencia alguna ni son hechas valer por las partes, se procede al estudio del fondo del asunto. El quejoso aduce que la orden de reaprehensión resulta inconstitucional al no haber cometido alguna conducta que sea constitutiva de delito grave, por tanto no existe riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia. En ese sentido, resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun suplidos en su queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la finalidad de ilustrar la determinación que habrá de sostenerse en este asunto, se estima necesario citar de manera breve los antecedentes derivados de las constancias remitidas por la responsable. 1. El veintidós de enero de dos mil siete, la Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada radicó la causa penal 2/2007 y giró orden de aprehensión en contra de Sinuhe Reyes Patricio (fojas 63 a 74). 2. En cumplimiento a ello, el dieciocho de abril de dos mil ocho, fue detenido y puesto a disposición en el interior del Centro Preventivo de Readaptación de Lerma de Villada, Estado de México (fojas 140 y 141). 3. El diecinueve de abril siguiente, al rendir su declaración preparatoria el solicitante del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones para el proceso los estrados del juzgado (foja 143 vuelta). 4. Por auto de la misma fecha, el quejoso exhibió garantía para poder gozar de su libertad provisional bajo caución, no sin antes y estando presente tras rejas de actuación se le hiciera saber lo establecido por el artículo 333 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento de suceder los hechos, a decir, las obligaciones contraídas con dicho órgano jurisdiccional, así como las causas de revocación de su libertad (foja 146 y 148 vuelta). 5. El veintiuno de abril de dos mil ocho, se dicó auto de formal prisión en su contra (foja 153 a 169). 6. Seguida la secuela procesal, al no haberse presentado ****, al desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas el veintinueve de septiembre de dos mil ocho, se concedió al procesado un término de diez días para justificar su inasistencia (foja 231 vuelta). 7. Al pretender cumplimentar lo anterior, el trece de octubre de dos mil ocho, el quejoso presentó un escrito en el que refirió que por cuestiones laborales no le fue posible asistir la audiencia de desahogo de pruebas, toda vez que uno de los camiones que pertenecen a la empresa para la cual laboraba tuvo un percance en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por lo que se trasladó a ese lugar. 8. Luego, el trece siguiente, le fue concedido un plazo de tres días a efecto de acreditar de manera fehaciente la relación laboral con la empresa de autotransporte (foja 236). 8. Al no haber ocurrido así, el veintiuno de octubre siguiente, la juez del conocimiento suspendió el procedimiento y ordenó la reaprehensión del procesado (foja 238). Acto reclamado en esta vía. En este sentido, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de reaprehensión girada en su contra el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en la causa penal 2/2007, y de los antecedentes relacionados se desprende que dicho acto derivó de la inasistencia por parte del quejoso, a la audiencia de desahogo de pruebas dentro del procedimiento penal respectivo. Ahora, los argumentos hechos valer por el solicitante del amparo resultan insuficientes para conceder el amparo solicitado, en atención a que la orden de reaprehensión no atiende a que hubiera cometido alguna conducta constitutiva de delito grave, como lo refiere, o a que existiera riesgo fundado de que se sustrajera de la acción de la justicia. Ello es así, toda vez que el diecinueve de abril de dos mil ocho, la juez del conocimiento previo otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución le hizo saber a Sinuhe Reyes Patricio lo establecido por los artículos 333 y 334 del Código de Procedimientos Penales vigente el momento de ocurrir los hechos, a decir: "Artículo 333. Al notificarse al inculpado el auto que le conceda la libertad caucional, se le hará saber que contrae, ante el órgano jurisdiccional, las siguientes obligaciones: I. Presentarse ante él los días fijados que estime conveniente señalarle y cuantas veces sea citado o requerido para ello; II. Comunicar los cambios de domicilio que tuviere; y III. No ausentarse del lugar sin su permiso, el que no se le podrá conceder por tiempo mayor de un mes. También se le harán saber las causas de revocación de la libertad caucional. Artículo 334.- La libertad caucional concedida al inculpado se le revocará en los siguientes casos: I. Cuando desobedezca sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del órgano jurisdiccional del conocimiento, previa garantía de audiencia sobre ese particular; (.) VII. Cuando el inculpado no cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 333 de este código. En ese sentido, el ahora quejoso se encontraba obligado a presentarse al desahogo de la audiencia de pruebas señalada para el veintinueve de septiembre de dos mil ocho; no obstante, a efecto de subsanar dicha inasistencia, fue requerido acreditara la relación laboral con la empresa de autotransporte con la que adujo prestar sus servicios, sin que esto ocurriera, no obstante encontrarse debidamente notificado en el domicilio señalado para tal efecto (foja 237). Por tanto, atendiendo a los requerimiento formulados y apercibimientos decretados en el procedimiento natural, veintiuno de octubre de dos mil ocho, la Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, decretó suspender el procedimiento y ordenar la reaprehensión del quejoso. Luego entonces, resulta infundado se viole en su perjuicio alguna de los derechos fundamentales, ya que el mandato de la autoridad judicial controvertido se sustenta en disposiciones normativas de carácter general, expresándose las circunstancias del caso particular por las que se consideró que éste se adecuaba a las hipótesis establecidas en la ley, como es el hecho de que no se acreditara fehacientemente la inasistencia a la audiencia de desahogo de pruebas ya citada, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el imperativo constitucional que se analiza, por lo que la orden de reaprehensión analizada, se considera apegada a derecho. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable a foja 298 del tomo X, Septiembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, REVOCACIÓN DE LA.- Si al revocarse el beneficio de libertad provisional bajo caución nada se dice respecto del interés que pudiera tener el procesado de substraerse a la acción de la justicia, el lugar de su residencia y demás circunstancias precisadas en el artículo 497 del Código de Procedimientos Penales del estado de Michoacán, tal omisión no agravia al inculpado, pues esos datos atañen a las circunstancias que debe tener en cuenta el juzgador para fijar los plazos de presentación de aquél al otorgarle ese beneficio, datos que son intrascendentes para revocar la libertad provisional bajo caución por inasistencia del procesado ante el juzgado del conocimiento que lo haya requerido, así como para decretar la orden de reaprehensión respectiva y hacer efectiva la garantía otorgada para gozar de ese beneficio, a cuyo fin únicamente se necesita que el acusado no cumpla la obligación de presentarse ante el juez de la causa, conforme a los artículos 499, fracción III, 500, 501 y 502 de la codificación señalada.". En las relatadas consideraciones, al no advertirse vulneración a los derechos constitucionales del quejoso, se estima procedente negar la protección constitucional solicitada. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Octava Época, identificada con el número II.1°.J/12, que se puede consultar en la página 41, del Tomo 82, Octubre de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras sino se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerativo del presente fallo.
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