Marisol López Mejía
Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/05/2022
Partes del expediente
- Marisol López Mejía
- Marisol López Mejía y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la promovente de amparo, ya que fue a éste a quien únicamente afectó el sobreseimiento ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del diverso 8.1.2, arábigo 3 del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, es depurable el original del incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar definitiva. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, ello en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Intégrese el escrito enviado por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por medio del cual informa que el veintisiete y veintiocho de abril del año en curso, las menores de iniciales Z.O.L. y P.J.C.O., aquí quejosas fueron inoculadas con la segunda dosis de la vacuna; sin mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Intégrese el escrito signado por ********************, por medio del cual informa que el veintiocho de abril del año en curso, las menores de iniciales ********************, aquí quejosas fueron inoculadas con la segunda dosis de la vacuna; sin mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 28 DE ABRIL DE 2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL QUEO DE 28 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que las quejosas ********************, no desahogaron el requerimiento de veinte de abril de dos mil veintidós, es decir, informar si sus menores hijas de iniciales ********************, fueron inoculadas con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, en ese sentido se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que las menores aludidas recibieron la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Atento a ello, del estado de autos, se advierte que la quejosa ******************** en su carácter de progenitoras de las quejosas menores de iniciales ********************, reclamaron en la presente instancia constitucional, del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, en esencia: La omisión de aplicar la vacunar contra el SARS-Cov-2 a las menores quejosas; y, Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito otorgó la suspensión en autos del incidente de suspensión que deriva del presente sumario, en la que este juzgado de Distrito ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de las menores de identidad reservada de iniciales ******************** la vacuna contra el virus SARS-coV2, situación que sucedió en dos momentos y bajo dos dosis. Ante ello, la parte quejosa mediante escrito recibido el treinta de marzo del año en curso en autos del incidente de suspensión, remitió las constancias que acreditan su aplicación; asimismo, el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado, informó que la primera dosis se le aplicó a las menores quejosas el veintitrés de marzo del año en curso, situación que acreditó con copias de los comprobantes respectivos. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de que se cumpliera con la suspensión decretada y en su caso se completara el esquema de vacunación a los menores quejosos; por lo que se obtuvo información en el sentido de que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el veintiséis de abril de dos mil veintidós; lo cual así aconteció, toda vez que de párrafos precedentes, se advierte se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en proveído de veinte del mes y año en curso, por lo que se presume que las infantes fueron inoculadas con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2.; lo que se deduce que el esquema de vacunación de dichas menores fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que se soslaye el hecho de que a la fecha en que se actúa, todavía no se cuentan con las constancias en las que el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite haber aplicado la segunda dosis a las infantes quejosas; sin embargo, como se dijo, con la manifestación que presumieron de la promovente del amparo, que al realizarse ante esta autoridad judicial, constituye una confesión espontánea que se traduce en una prueba plena que acredita la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, obteniendo así las menores quejosas el esquema de vacunación completo y sin complicación alguna. Máxime que en términos del artículo 260 de la Ley de Amparo, cualquiera de las partes está obligada en informar alguna causa de improcedencia. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las catorce horas del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.
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