Marisol de Leon Niño

Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
800/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Marisol de Leon Niño

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído mediante el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla determinación, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, respecto de la determinación de diez de julio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Se turnan autos En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Ley de Amparo, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que notifique al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, el proveído de diez de julio del año en curso; lo anterior, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Contenido del informe justificado. La autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado. Ahora bien, visto el contenido del informe justificado, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar laudo, dentro de los autos del juicio laboral número 10820/2018/2. Ahora bien, de las constancias que remitió el Presidente de la citada Junta responsable, a su informe de cuenta, se advierte la copia certificada del laudo dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral 10820/2018/2. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido el laudo correspondiente, cuya omisión reclamó en el juicio de amparo; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dió motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible a fojas 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., emitida por la Segunda Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es como sigue: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se cita a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por informando de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional. Requerimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe el resultado de las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a lo requerido en autos y remita copia debidamente certificada de los planos en que se sustentó el programa de vialidad denominado "Libramiento Norponiente", conforme a los cuales se realizó la autorización del cambio de uso de suelo. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Notifíquese.

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