Mario Vázquez Ramiro
Expediente 1298/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mario Vázquez Ramiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por la parte promovente Mario Vázquez Ramiro y copias que acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos y al efecto amplía los antecedentes del acto que se pretende combatir; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda sobre la demanda de que se trata. Así, vista la demanda de amparo que promueve Mario Vázquez Ramiro y copias que acompaña, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 14/2019, del índice del citado juez señalado como responsable, a través de la cual negó la solicitud elevada por el entonces demandado y aquí quejoso, en el sentido de que se decretara la caducidad de la instancia en el expediente de origen; ello, según se aduce, en virtud de que se le indicó que dicho proceso se ya encontraba en la fase de ejecución de sentencia. Además, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere, en esencia, que presentaron una demanda en la vía ejecutiva mercantil, en su contra, por el pago de $78,000.00 (setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda nacional) como suerte principal; que en dicho asunto existe ya sentencia definitiva; y que solicitó la caducidad de la instancia, sin que ésta le fuera acordada favorablemente. Resolución esta última que constituye el acto que por esta vía se combate. Es importante resaltar que a través del escrito aclaratorio de demanda Mario Vázquez Ramiro especifica que en contra de la resolución de mérito no interpuso recurso alguno, en virtud de que, desde su perspectiva, al ser una resolución emitida en la fase de ejecución de sentencia, no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, además de que la cuantía del negocio no fue superior a la establecida por los ordinales 1339 y 1340 del Código de Comercio. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se arriba a la conclusión que la misma deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto anteriormente transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que impera en materia de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o como lo señala el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro; o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto; o bien, tratándose del tercero extraño. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, si se pasaran por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agoten las facultades que le competen; el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la administración pública. En el caso, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos que no sean apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez del procedimiento. En efecto, dicho dispositivo señala: Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. De dicho precepto, se desprende que en contra de aquellos autos y decretos respecto de los cuales el Código de Comercio no prevea expresamente el recurso de apelación, pueden ser combatidos a través del recurso de revocación, tramitado y resuelto por el propio juez del procedimiento. Incluso, existe el criterio en el sentido de que, aún y cuando la legislación mercantil prevea el recurso de apelación para determinados actos o resoluciones, empero, la cuantía del negocio en específico, no sea igual o superior a aquella estipulada en los diversos arábigos 1339 y 1340 para hacer procedentes dicho medio de defensa; las partes procesales deberán interponer o agotar en su contra el aludido recurso de revocación, en el caso, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En efecto, pues al resolver la contradicción de tesis 30/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la redacción del artículo 1339 del Código de Comercio debe interpretarse en el sentido de que las determinaciones a que dicho precepto se refiere, deben entenderse como inapelables y no como irrecurribles. En ese sentido, en la ejecutoria correspondiente se asentó: En tal virtud, habiéndose advertido que en la reforma de nueve de enero de dos mil doce al artículo 1339 del Código de Comercio, cuando el legislador modificó la redacción del primer párrafo en el sentido de que "son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada. Únicamente tuvo la intención de limitar la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de autos y de sentencias, atendiendo a la cuantía del negocio. Resulta conveniente retomar parcialmente y en lo conducente algunos de los argumentos expuestos por esta Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 51/2010, dado que sirven para robustecer el sentido de la decisión. En efecto, del contenido conducente del artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, se aprecia que si bien señala que: "son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada; también dispone en su párrafo cuarto que: "las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos ...". Lo que sirve para confirmar que en el primer párrafo aludido el legislador se refiere únicamente al recurso de apelación. Así las cosas, el problema interpretativo se produjo porque el legislador, en el nuevo texto del artículo 1339 del Código de Comercio, empleó la expresión "son irrecurribles" en lugar de "son inapelables", generando una confusión semántica, pues el significado corriente del término "irrecurrible" remite a la negación de interposición de cualquier recurso; sin embargo, es dable afirmar que acorde a su origen y a su contexto normativo, el legislador al señalar que "son irrecurribles", en el caso concreto, se refirió ideológica y jurídicamente a que "son inapelables", pues por un lado, en el párrafo cuarto del mismo artículo se precisa que las sentencias que fueren recurribles lo serían por la apelación; y por otro lado, porque el contenido normativo de ese artículo versa sobre las modalidades de la apelación, máxime que se encuentra ubicado en el capítulo XXV, titulado "de la apelación".(19) Todo ello sirve para confirmar que el artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, al señalar que: "Son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada, se refiere ideológica y jurídicamente al recurso de apelación. Sobre esa premisa, resulta entonces que si el artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, dispone que son inapelables las resoluciones que se dicten durante el procedimiento en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada. Aunado a la circunstancia de que el artículo 1334 de la misma legislación establece en lo que interesa que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Es inconcuso que, salvo disposición especial en contrario, en contra de las resoluciones que se dicten durante un procedimiento ejecutivo mercantil cuyo monto sea inferior al que establece el artículo 1339 del Código de Comercio reformado mediante decreto de nueve de enero de dos mil doce para ser apelable, procede el recurso de revocación que prevé el artículo 1334 de la misma legislación. Lo anterior, tomando en consideración además, que el juicio ejecutivo mercantil tiene una tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 Bis 1,(20) no es susceptible de tramitarse en la vía oral (procedimiento en el que no se admite recurso ordinario alguno).(21) (El subrayado y resaltado es propio). Esto es, de la contradicción de tesis en comento, se desprende que la intención de la reforma realizada, en lo que interesa, a los artículos 1339 y 1340 de la codificación mercantil, es únicamente delimitar la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de autos y de sentencias, atendiendo a la cuantía del negocio, dejando intocado el aspecto referente a que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, serán impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. La contradicción de tesis a que se ha hecho referencia dio paso a la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 401 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de diciembre de 2013, con registro 2005047, que dispone: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Así, si la determinación reclamada se hace consistir en el acuerdo por el cual el Juez Tercero del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, negó la petición de decretar la caducidad de la instancia en el expediente de origen; como consecuencia, contrario a lo que aduce la parte promovente del amparo, previo a la interposición del juicio de amparo, debió interponer en su contra el recurso de revocación, puesto que los alcances de la resolución que se hubiese llegado a dictar al resolver el aludido recurso de revocación, tendría efectos precisamente y de ser el caso, para que se analizara la legalidad de la determinación combatida, sometiéndose a consideración del resolutor los argumentos expuestos por la parte hoy inconforme. Entonces, es evidente que el ahora promovente, al estar vinculado a la relación jurídico procesal de origen, por ser la parte demandad, es que se encontraba obligado a interponer el medio de defensa que consagra la ley que rige el acto reclamado, en aras de obtener la revocación del acto reclamado y, al mismo tiempo, evitar el abuso del juicio de amparo. En efecto, ya que solo en el evento de que no se admitiera la revocación o bien, que resolviéndola la declarara infundada, esta instancia constitucional, de ser el caso, estaría en aptitud de analizar tales determinaciones. Al caso se cita, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia VI.2o.C. J/190 del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, apreciable en la página 1019 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2000, Novena Época, con registro 191356, que dice. ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad. Asimismo, se cita como criterio orientador la tesis IX.2o.C.A.7 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, publicada el diez de diciembre del año en curso, en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023923, que dispone lo siguiente: ADJUDICACIÓN DEL BIEN REMATADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA NIEGA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, es necesario clasificar el tipo de resoluciones judiciales que pueden llegar a emitirse por los juzgadores, a efecto de poder determinar si éstas son susceptibles de impugnación o no y el medio ordinario de defensa legal que, en su caso, proceda. De esta manera, el Más Alto Tribunal del País ha clasificado las resoluciones judiciales de la siguiente manera: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetas a una modificación o transformación en la sentencia; b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio; y, c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia; y, b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así pues, la decisión del Juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, no constituye una sentencia interlocutoria, pues ésta no surgió de un incidente, ni versa sobre un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia, sino que se trata de un auto definitivo, ya que aquella decisión impide o paraliza la prosecución del juicio. Por tanto, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de defensa, se actualiza la causal del improcedencia prevista en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Cobra puntual aplicación, el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2002, Novena Época, cuya voz y texto rezan: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por la parte promovente Mario Vázquez Ramiro y copias que acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos y al efecto amplía los antecedentes del acto que se pretende combatir; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda sobre la demanda de que se trata. Así, vista la demanda de amparo que promueve Mario Vázquez Ramiro y copias que acompaña, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 14/2019, del índice del citado juez señalado como responsable, a través de la cual negó la solicitud elevada por el entonces demandado y aquí quejoso, en el sentido de que se decretara la caducidad de la instancia en el expediente de origen; ello, según se aduce, en virtud de que se le indicó que dicho proceso se ya encontraba en la fase de ejecución de sentencia. Además, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere, en esencia, que presentaron una demanda en la vía ejecutiva mercantil, en su contra, por el pago de $78,000.00 (setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda nacional) como suerte principal; que en dicho asunto existe ya sentencia definitiva; y que solicitó la caducidad de la instancia, sin que ésta le fuera acordada favorablemente. Resolución esta última que constituye el acto que por esta vía se combate. Es importante resaltar que a través del escrito aclaratorio de demanda Mario Vázquez Ramiro especifica que en contra de la resolución de mérito no interpuso recurso alguno, en virtud de que, desde su perspectiva, al ser una resolución emitida en la fase de ejecución de sentencia, no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, además de que la cuantía del negocio no fue superior a la establecida por los ordinales 1339 y 1340 del Código de Comercio. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se arriba a la conclusión que la misma deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto anteriormente transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que impera en materia de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o como lo señala el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro; o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto; o bien, tratándose del tercero extraño. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, si se pasaran por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agoten las facultades que le competen; el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la administración pública. En el caso, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos que no sean apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez del procedimiento. En efecto, dicho dispositivo señala: Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. De dicho precepto, se desprende que en contra de aquellos autos y decretos respecto de los cuales el Código de Comercio no prevea expresamente el recurso de apelación, pueden ser combatidos a través del recurso de revocación, tramitado y resuelto por el propio juez del procedimiento. Incluso, existe el criterio en el sentido de que, aún y cuando la legislación mercantil prevea el recurso de apelación para determinados actos o resoluciones, empero, la cuantía del negocio en específico, no sea igual o superior a aquella estipulada en los diversos arábigos 1339 y 1340 para hacer procedentes dicho medio de defensa; las partes procesales deberán interponer o agotar en su contra el aludido recurso de revocación, en el caso, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En efecto, pues al resolver la contradicción de tesis 30/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la redacción del artículo 1339 del Código de Comercio debe interpretarse en el sentido de que las determinaciones a que dicho precepto se refiere, deben entenderse como inapelables y no como irrecurribles. En ese sentido, en la ejecutoria correspondiente se asentó: En tal virtud, habiéndose advertido que en la reforma de nueve de enero de dos mil doce al artículo 1339 del Código de Comercio, cuando el legislador modificó la redacción del primer párrafo en el sentido de que "son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada. Únicamente tuvo la intención de limitar la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de autos y de sentencias, atendiendo a la cuantía del negocio. Resulta conveniente retomar parcialmente y en lo conducente algunos de los argumentos expuestos por esta Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 51/2010, dado que sirven para robustecer el sentido de la decisión. En efecto, del contenido conducente del artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, se aprecia que si bien señala que: "son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada; también dispone en su párrafo cuarto que: "las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos ...". Lo que sirve para confirmar que en el primer párrafo aludido el legislador se refiere únicamente al recurso de apelación. Así las cosas, el problema interpretativo se produjo porque el legislador, en el nuevo texto del artículo 1339 del Código de Comercio, empleó la expresión "son irrecurribles" en lugar de "son inapelables", generando una confusión semántica, pues el significado corriente del término "irrecurrible" remite a la negación de interposición de cualquier recurso; sin embargo, es dable afirmar que acorde a su origen y a su contexto normativo, el legislador al señalar que "son irrecurribles", en el caso concreto, se refirió ideológica y jurídicamente a que "son inapelables", pues por un lado, en el párrafo cuarto del mismo artículo se precisa que las sentencias que fueren recurribles lo serían por la apelación; y por otro lado, porque el contenido normativo de ese artículo versa sobre las modalidades de la apelación, máxime que se encuentra ubicado en el capítulo XXV, titulado "de la apelación".(19) Todo ello sirve para confirmar que el artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, al señalar que: "Son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada, se refiere ideológica y jurídicamente al recurso de apelación. Sobre esa premisa, resulta entonces que si el artículo 1339 del Código de Comercio reformado que se analiza, dispone que son inapelables las resoluciones que se dicten durante el procedimiento en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada. Aunado a la circunstancia de que el artículo 1334 de la misma legislación establece en lo que interesa que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Es inconcuso que, salvo disposición especial en contrario, en contra de las resoluciones que se dicten durante un procedimiento ejecutivo mercantil cuyo monto sea inferior al que establece el artículo 1339 del Código de Comercio reformado mediante decreto de nueve de enero de dos mil doce para ser apelable, procede el recurso de revocación que prevé el artículo 1334 de la misma legislación. Lo anterior, tomando en consideración además, que el juicio ejecutivo mercantil tiene una tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 Bis 1,(20) no es susceptible de tramitarse en la vía oral (procedimiento en el que no se admite recurso ordinario alguno).(21) (El subrayado y resaltado es propio). Esto es, de la contradicción de tesis en comento, se desprende que la intención de la reforma realizada, en lo que interesa, a los artículos 1339 y 1340 de la codificación mercantil, es únicamente delimitar la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de autos y de sentencias, atendiendo a la cuantía del negocio, dejando intocado el aspecto referente a que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, serán impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. La contradicción de tesis a que se ha hecho referencia dio paso a la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 401 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de diciembre de 2013, con registro 2005047, que dispone: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Así, si la determinación reclamada se hace consistir en el acuerdo por el cual el Juez Tercero del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, negó la petición de decretar la caducidad de la instancia en el expediente de origen; como consecuencia, contrario a lo que aduce la parte promovente del amparo, previo a la interposición del juicio de amparo, debió interponer en su contra el recurso de revocación, puesto que los alcances de la resolución que se hubiese llegado a dictar al resolver el aludido recurso de revocación, tendría efectos precisamente y de ser el caso, para que se analizara la legalidad de la determinación combatida, sometiéndose a consideración del resolutor los argumentos expuestos por la parte hoy inconforme. Entonces, es evidente que el ahora promovente, al estar vinculado a la relación jurídico procesal de origen, por ser la parte demandad, es que se encontraba obligado a interponer el medio de defensa que consagra la ley que rige el acto reclamado, en aras de obtener la revocación del acto reclamado y, al mismo tiempo, evitar el abuso del juicio de amparo. En efecto, ya que solo en el evento de que no se admitiera la revocación o bien, que resolviéndola la declarara infundada, esta instancia constitucional, de ser el caso, estaría en aptitud de analizar tales determinaciones. Al caso se cita, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia VI.2o.C. J/190 del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, apreciable en la página 1019 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2000, Novena Época, con registro 191356, que dice. ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad. Asimismo, se cita como criterio orientador la tesis IX.2o.C.A.7 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, publicada el diez de diciembre del año en curso, en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023923, que dispone lo siguiente: ADJUDICACIÓN DEL BIEN REMATADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA NIEGA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Y DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En diversos criterios jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, es necesario clasificar el tipo de resoluciones judiciales que pueden llegar a emitirse por los juzgadores, a efecto de poder determinar si éstas son susceptibles de impugnación o no y el medio ordinario de defensa legal que, en su caso, proceda. De esta manera, el Más Alto Tribunal del País ha clasificado las resoluciones judiciales de la siguiente manera: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetas a una modificación o transformación en la sentencia; b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio; y, c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia; y, b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así pues, la decisión del Juez de primera instancia, dentro de un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, en la etapa de ejecución, en el sentido de no adjudicar el bien sacado a remate, no constituye una sentencia interlocutoria, pues ésta no surgió de un incidente, ni versa sobre un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia, sino que se trata de un auto definitivo, ya que aquella decisión impide o paraliza la prosecución del juicio. Por tanto, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de defensa, se actualiza la causal del improcedencia prevista en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Cobra puntual aplicación, el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2002, Novena Época, cuya voz y texto rezan: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Mario Vázquez Ramiro y copias que acompaña, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1298/2021-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con seis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se menciona, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, deberá especificar la cuantía reclamada como suerte principal en el juicio de origen o bien, si se trató de una cuantía indeterminada; asimismo, deberá precisar si en contra de la resolución que ahora pretende combatir interpuso el medio ordinario de defensa legalmente procedente y, en su caso, la fecha en que éste se haya resuelto, así como el sentido y la fecha de notificación del mismo. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituye irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que señala para tal efecto, teniendo como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dado que no se proporcionan los datos de los que se desprenda su inclusión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que las faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el arábigo en mención. Así lo provee y firma la Li
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