Marisol Abarca Arcos
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marisol Abarca Arcos
- Marisol Abarca Arcos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; a través del cual remite copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 847/2015, toda vez que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remite el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, en el juicio laboral 847/2015, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su oficio 1944/2021 de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Marisol Abarca Arcos, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE CONCLUIR DESAHOGO DE PRUEBAS Y DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, en términos de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81,84 y 91 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de logar el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de concluir el desahogo de pruebas en el juicio laboral 847/2015. La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral de origen. No se desatiende que la parte quejosa señala como acto destacado la omisión de concluir el desahogo de pruebas y dictar la resolución correspondiente; sin embargo, al respecto debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), ha sostenido que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, por lo que, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de llevar a cabo la reinstalación de la quejosa n su centro de trabajo y el desahogo de las pruebas. En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 847/2015. De la constancia que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se conoce que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, tuvo por desahogada la prueba testimonial con cargo a Jannete Marcela del Rio Basilio y Fernando Bandera Aranda, y por desierta la referida prueba por cuanto hace a Bonifacio Segura Morales y señaló fecha para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la quejosa Marisol Abarca Arcos. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de emitir el laudo en el juicio laboral 847/2015, dado la responsable aún no ha dado vista a la partes para que formulen sus alegatos; razón por la cual la autoridad responsable no puede ordenar el cierre de instrucción, ni de emitir el laudo, sino hasta que decrete el cierre de la mismo y posteriormente, ordene turnar los autos para realizar el proyecto de laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En otro lado, por lo que hace al acto reclamado [1], este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 847/2015, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo por desahogada la prueba testimonial con cargo a Jannete Marcela del Rio Basilio y Fernando Bandera Aranda, y por desierta la referida prueba por cuanto hace a Bonifacio Segura Morales; asimismo, señaló fecha para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de la quejosa Marisol Abarca Arcos, para después continuar las etapas posteriores al desarrollo del juicio laboral de origen. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, debido a que tuvo por desahogados los medios probatorios pendientes, dentro del expediente laboral 847/2015; por lo cual, los efectos del acto reclamado señalado con el ordinal [1] han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla, en razón de que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado respecto a la ampliación de demanda, no obstante de encontrarse debidamente notificada del proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se solicitó dicho informe, lo que se corrobora con la razón actuarial acordada mediante proveído de quince de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, con independencia de la sanción a que pudiera hacerse acreedora al momento de resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que en termino de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copias certificadas legibles, autorizadas de la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado, toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase.
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