Marisol Abarca Arcos

Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
397/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Marisol Abarca Arcos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y en atención a la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 30 a 33), que sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos enviados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, así como del oficio dirigido al Titular de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, emitidos en el juicio laboral 847/2015, documentales que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Marisol Abarca Arcos, por conducto de su apoderado Ricky Iván Martínez García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en (foja 2): "LA OMISIÓN DE CONCLUIR EL DESAHOGO LAS PRUEBAS (SIC), REINSTALAR AL ACTOR Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, en términos de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 constitucional, al no desahogar el procedimiento laboral, en términos de los artículos 81, 84 y 91 de la citada Ley, ni dicta las medidas conducentes a efecto de lograr el desahogo del procedimiento en sus términos, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, así como de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que: el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha sido omiso en emitir el acuerdo correspondiente a la promoción que presentó el seis de febrero de dos mil diecinueve (foja 6), en la que le solicitó señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y demandada, así como girar oficio a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero para que exhiba la documentación requerida en la prueba de inspección admitida en el juicio laboral 847/2015. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, envió copia certificada de diversas constancias entre las que destaca el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, del que se aprecia que en primer término recibió la promoción de seis de febrero de dos mil diecinueve que le presentó el apoderado de la parte actora aquí quejosa, en la que solicitó señalara fecha y hora que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y demandada, así como girar oficio a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero para que exhiba la documentación requerida en dicha diligencia. Expuesto lo anterior, se aprecia que en el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, la responsable entre otras cosas, señaló las doce horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y las trece horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada; seguidamente comisionó al actuario de ese tribunal para que se constituya en el domicilio conocido de la Auditoria General del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y requiera a la persona con quien atienda la diligencia le ponga a la vista la documentación que le solicite dicho fedatario. Finalmente, ordenó girar oficio a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, haciéndole del conocimiento del desahogo de la prueba de inspección ofrecida por ambas partes, para que dé las facilidades necesarias al Actuario y se desahogue la probanza antes citada. En esas condiciones, dado que en veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa presentó la demanda de amparo; sin embargo, en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, la responsable acordó la promoción que recibió el seis de febrero de dos mil diecinueve, en la que solicitó señalara fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de prueba de inspección ofrecida por la parte actora y demandada, así como girar oficio a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero para que exhiba la documentación requerida en dicha diligencia, lo cual aconteció al señalar las doce horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y las trece horas con treinta minutos del treinta de mayo del año en curso, para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada, advirtiéndose que se pronunció respecto de las pruebas pendientes por desahogar; por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 8). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En primer término, glósese a los autos para que surta sus efectos legales el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a éste Juzgado, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas que refiere. Finalmente, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, recibió el oficio 8575/2019, por el cual se le notificó la radicación del juicio de amparo 397/2019, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, téngase debidamente emplazado con el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Huitzuco de los Figueroa, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 37 a 43), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, realizara lo siguiente: Dictara todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte demandada, con cargo a Xochilt Heredia Barrientos y Ana Laura Jiménez Bonilla, admitida en el juicio laboral 980/2013; o bien, ante la imposibilidad para lograr su desahogo, emita una determinación final. Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 59 a 61), se declaró firme; y por tanto, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, realizó lo siguiente: Por oficio 211/2019 y anexo (fojas 69 a 70), remitió el acuse de envío de Correos de México, en el cual se remitió el exhorto al Juez Mixto de Paz de Ometepec a efecto de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, debido a que no ha desahogado la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, con cargo a Xochilt Heredia Barrientos y Ana Laura Jiménez Bonilla, admitida en el juicio laboral 980/2013, o bien, no se ha pronunciado ante la imposibilidad para lograr su desahogo; máxime a lo anterior solo ha ordenado girar exhorto al Juez Mixto de Paz de Ometepec, Guerrero a efecto de desahogar la prueba antes mencionada; sin embargo, hasta ésta data no ha informado nada al respecto, esto es, el seguimiento que a llevado a esa comunicación; no obstante, que existe esta sentencia de amparo que lo obliga a realizar las actuaciones necesarias para desahogar la citada prueba. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se declara que la ejecutoria de mérito, no está cumplida cabalmente. 5.- Requerimiento. Entonces, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad laboral responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente, Bernardo Ortega León, para que dentro del plazo de quince días contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, realice lo siguiente: Dictó todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte demandada, con cargo a Xochilt Heredia Barrientos y Ana Laura Jiménez Bonilla, admitida en el juicio laboral 980/2013; o bien, ante la imposibilidad para lograr su desahogo, emita una determinación final. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Apercibido Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".

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