Marisela Valenzuela Ayala
Expediente 1683/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1683/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/03/2017
Partes del expediente
- Marisela Valenzuela Ayala
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en la queja laboral número 6/2017, del índice del tribunal de su adscripción, la cual fue formada con motivo del recurso interpuesto por la quejosa Marisela Valenzuela Ayala, en contra de la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, ejecutoria en la que se resolvió: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por *********, contra el auto dictado en veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 1683/2016-D de su índice." por lo anterior, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Se establece que el presente expediente no es de relevancia documental. Se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
- Principal
Se tiene al Tribunal de alzada informando admitió a trámite el recurso interpusesto...
- Principal
Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el escrito signado por la quejosa Marisela Valenzuela Ayala, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre del año en curso -fojas 167 a 170-, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en turno del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo, para que se corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1683/2016; PROVEÍDO QUE DICE: "... Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el escrito signado por la quejosa Marisela Valenzuela Ayala, quien en atención al requerimiento efectuado en proveído de ocho de noviembre del año en curso -fojas 61 y 62-, aclara el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Se desecha demanda de amparo En ese tenor, es preciso puntualizar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el órgano jurisdiccional, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego entonces, es oportuno precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, es decir, que sea advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; además, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, una vez analizada la demanda de mérito, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la misma debe desecharse de plano, de conformidad con el numeral en comento. Así, del estudio integral del expediente en que se actúa, se colige que la quejosa reclama lo siguiente: "A).- Se señala como acto reclamado el ilegal emplazamiento que lleva a cabo la autoridad señalada como responsable a la ahora quejosa Marisela Valenzuela Ayala, por si y como responsable de la fuente de trabajo señalada en el juicio natural, se señala también como acto reclamado el acto de molestia de la responsable el notificar al tercero interesado Manuel Verduzco González, en el domicilio de la fuente de trabajo en el que no habita, no trabaja, ni es su domicilio, y la orden emitida para surtir el ilegal emplazamiento, corre agregada en los anexos de la demanda original de amparo, en la copia en donde señalan fecha para iniciar el juicio por segunda ocasión en contra de la ahora quejosa, sin embargo, se agrega de nueva cuenta en copia simple la orden que emite la auxiliar de la Junta Especial Número Tres, licenciada Olga Elizabeth Meza Ruiz, para emplazar a todos los demandados. B).- Del informe que se sirva rendir la autoridad señalada como responsable, se advertirá que el Sr. Manuel Verduzco González ocurrió al amparo y protección de Justicia de la Unión, ostentándose como tercero extraño por equiparación y para comprobar lo anterior se anexa al presente la ejecutoria de amparo pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Tribunal Auxiliar de la Sexta Región. Evidenciado lo anterior se reclama el ilegal emplazamiento que llevan a cabo en el domicilio de la fuente de trabajo absuelta, para que concurra la dueña, ahora quejosa, a una segunda vuelta de enjuiciamiento, cuando ya está en calidad de cosa juzgada." (sic). Actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la legislación en comento, textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso concreto, no se actualiza el presupuesto contenido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama medularmente el emplazamiento llevado a cabo en el expediente 2610/2009-3B, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California, así como las consecuencias de dicha diligencia. Acto reclamado que en sí mismo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o de las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo laudo favorable en el juicio, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que el laudo que deba dictar la autoridad sea contrario a los intereses de la parte quejosa; a más que de la narrativa de hechos plasmada tanto en el escrito inicial de demanda como en su aclaratorio, se advierte que la quejosa es parte en el juicio de origen, tiene puntual conocimiento del mismo, y fue emplazada formalmente en él; aunado a que no se encuentra concluida la instancia natural, de ahí que la propia quejosa puede comparecer ante la autoridad responsable a hacer valer lo que en su derecho convenga. Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos de la solicitante de amparo, sino por el contrario, sólo surte efectos intraprocesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de la quejosa, pues si la resolución que se dicte, no le resulta favorable y trascendiera al resultado del fallo, puede impugnarla a través de los recursos ordinarios previstos en la normatividad aplicable al juicio de origen, o extraordinario (amparo directo); lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Máxime, que en el caso no se está ante la presencia de actos de imposible reparación, pues del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, puede colegirse que son actos de esa naturaleza aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; hipótesis normativa que no cobra aplicación en el asunto en que se actúa, sino que como se anticipó, los actos que aquí se combaten son actos intraprocesales que eventualmente, pudieran no causar afectación alguna a la razón social quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o. T.I CS del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1676, marzo de 2016, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto versan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUCIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional." Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.J/13 del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en página 538, junio de 1996, tomo III, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DE. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marisela Valenzuela Ayala, de propio derecho y en su carácter de responsable de la fuente de trabajo ubicada en Paseo de Los Héroes número 10001, 9415-D, Zona Río, en esta ciudad, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California... LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
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