Mario Uriarte Sánchez

Expediente 322/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
322/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Mario Uriarte Sánchez
  • Director General del Centro de Reinserción Social, Juan Pedro Quesada Jiménez, Maximo Gerardo del Centro Penitenciario en comento de Tecate, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de catorce de julio del año en curso; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de agosto de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el once de agosto de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso cumplió con el requerimiento de siete de los actuales. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si el quejoso José Guadalupe Padilla López, presentó controversia en relación con sus condiciones de internamiento (falta de atención médica); en su caso, deberá comunicar el número de cuaderno de ejecución y el estado procesal que guarda. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Por otra parte, glósese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Mario Uriarte Sánchez, en favor de José Guadalupe Padilla López, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio del directamente agraviado los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 16, 17, 18 y 22 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 322/2021- Se decreta la suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como acto reclamado destacado la falta de atención médica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Para que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad brinden al directamente agraviado José Guadalupe Padilla López, el tratamiento y la atención médica adecuados que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Por ende, al manifestar el promovente que al directamente agraviado no se le proporciona la atención médica que requiere ni se le suministra el medicamento que necesita, es imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el tratamiento médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su calidad de vida. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud del directamente agraviado, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada, de acuerdo con su particular condición de salud. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 de la ley de la materia, requiérase al directamente agraviado para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o dentro del plazo de tres días, legalmente computado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas; por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de este juzgado, a fin de que proceda a su localización en el lugar que refiere el promovente en el ocurso de demanda. Asimismo, se instruye al fedatario judicial de la adscripción para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el agraviado. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En tal contexto, de ser ratificada la demanda, deberá atenderse lo siguiente: Prevención. Es obligación del órgano jurisdiccional examinar ante todo el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Por tanto, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al posible promovente para que en el acto de la notificación o bien, dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, dé cumplimiento con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si formuló controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra establece: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.]." [Énfasis añadido] Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Apercibido que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Domicilio. Con motivo de que el directamente agraviado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo lI", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se ordena a los actuarios adscritos, que la notificación que derive de este auto se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario, expidiéndole fotocopia de este proveído. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Ahora bien, en relación con el domicilio procesal señalado y el asesor jurídico solicitado, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el directamente agraviado ratifique la demanda. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.Notifíquese y personalmente al directamente agraviado en el lugar de su reclusión.

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