Marisela Orihuela Cruz y Otros.
Expediente 796/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marisela Orihuela Cruz y Otros.
- Mario Enrique Ayala Orihuela
- Octavio Rafael Ayala Orihuela
- Marisela Orihuela Cruz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. AGRÉGUESE Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, sin que haya lugar a mayor proveer lo anterior, toda vez que de autos se desprende que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, por lo que el veinticuatro de octubre de ese mismo año se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. AUTORIDAD ACUSA RECIBO DE TOMOS DE PRUEBAS Agréguese a los autos el oficio 2702/2018, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso por medio del cual se le devolvieron los cuadernos de pruebas, lo anterior, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO En atención a lo anterior y tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno de incompetencia; con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con este asunto, aunado a que el presente cuaderno no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Marisela Orihuela Cruz por sí y en cuanto representante de los codemandados Octavio Rafael, Alondra Goretti y Mario Enrique, todos de apellidos Ayala Orihuela, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridades responsables Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, ambos con sede en esta ciudad, consistentes en diversas documentales, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en condiciones de proveer lo correspondiente al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por medio de lista notifico al quejoso lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 6790, signado por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 771/2018, promovido por Marisela Orihuela Cruz por sí y en cuanto representante de los codemandados Octavio Rafael, Alondra Goretti y Mario Enrique de apellidos Ayala Orihuela, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, en el cual obran glosados los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y el emplazamiento al tercero interesado, así como dos expedientes originales consistentes en el toca de apelación I-234/2018 y el juicio ordinario 616/2017. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de los actuales, el tribunal oficiante determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en el cual se reclama la sentencia de veintidós de agosto de dos mil dieciocho pronunciada dentro del toca de apelación I-234/2018, que dejó insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán dentro del juicio ordinario civil número 616/2017, que sobre nulidad absoluta de cesión de derechos promovió el apelante -Vicente Rafael Ayala García y/o Vicente Ayala García-, frente a Octavio Rafael, Mario Enrique y Alondra Goretti de apellidos Ayala Orihuela y Notario Público número 102 del Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad, y ordenó dictara otra en la que decidiera conforme a derecho el fondo de la acción ejercitada en el subyacente, al considerar que el citado acto no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. TOMO DE PRUEBAS Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar dos tomos de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándoles únicamente la carátula para su identificación. AVOCAMIENTO En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. No pasa por alto para el suscrito que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente formule su libelo a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, para interposición de la demanda de amparo en la vía indirecta; en esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la misma. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE IMPROCEDENCIA Establecido lo anterior, procede proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones V, 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los numerales transcritos se desprende que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. En ese sentido, una vez analizados tanto la demanda generadora del presente expediente, los preceptos legales invocados, así como las constancias del juicio de origen, con las cuales se cuenta en este momento, toda vez que el asunto se promovió como amparo directo y fue el Tribunal Colegiado de Circuito quien remitió dichas constancias, es factible concluir que la demanda resulta improcedente por lo siguiente: En el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia de veintidós de agosto de dos mil dieciocho pronunciada dentro del toca de apelación I-234/2018, que dejó insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán dentro del juicio ordinario civil número 616/2017, que sobre nulidad absoluta de cesión de derechos promovió el apelante -Vicente Rafael Ayala García y/o Vicente Ayala García-, frente a Octavio Rafael, Mario Enrique y Alondra Goretti de apellidos Ayala Orihuela y Notario Público número 102 del Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad, y ordenó dictara otra en la que decidiera conforme a derecho el fondo de la acción ejercitada en el subyacente. Ahora, para estar en aptitud de analizar los actos que se verifiquen dentro del procedimiento aludido, es necesario observar la regla de procedencia de los actos intraprocesales; es decir, que irroguen una afectación inmediata y directa de los derechos fundamentales de las partes, porque de no ser así, todas las cuestiones relativas podrán ser analizadas si eventualmente se promueve amparo contra la resolución que ponga fin al procedimiento. En este orden de ideas, si ya quedó precisado que el acto reclamado lo es una resolución de segundo grado que revoca la de primera instancia ya referida, para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán dentro del juicio ordinario civil número 616/2017, dictara otra en la que se analice la acción de nulidad ejercitada en el juicio de natural y con plenitud de jurisdicción resuelva conforma a derecho, esto es, en el juicio de origen aún no se ha fallado en cuando al fondo de la acción de nulidad plateada en primera instancia; entonces, resulta factible afirmar que dicha determinación no vulnera los derechos fundamentales de la quejosa en forma directa e inmediata, sino que únicamente produce efectos formales dentro del procedimiento de origen, que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio ordinario civil número 616/2017, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar; y en caso contrario, podrán impugnar tales violaciones a través del amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin al juicio sumario civil de origen, de ser contrario a los intereses de la impetrante. Se insiste, porque la sola determinación de revocar para que se dicte otra en la que se analice la acción de nulidad ejercitada en el juicio de natural y con plenitud de jurisdicción resuelva conforma a derecho, no afecta derechos sustantivos sino que únicamente produce efectos intraprocesales y la afectación jurídica que pudiera resentir la aquí quejosa, está supeditada a la valoración que finalmente otorgue el juzgador a la prueba de mérito; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus pretensiones la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio ordinario civil número 616/2017, la parte quejosa podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga la respectiva sentencia definitiva. En consecuencia, es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, resultan aplicables en lo conducente, las tesis y jurisprudencias de los rubros y textos siguientes. "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza. Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Esta tesis se publicó el viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marisela Orihuela Cruz por sí y en cuanto representante de los codemandados Octavio Rafael, Alondra Goretti y Mario Enrique de apellidos Ayala Orihuela, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
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