Mario Ruiz Ruiz
Expediente 972/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Ruiz Ruiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************, apoderado jurídico de ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.****************************************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. TRANSCURRIÓ PLAZO PARA DESAHOGAR VISTA CON CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte denunciante para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el oficio ********************, emitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a la resolución de que se trata, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento formulado al denunciante mediante proveído de veintinueve de junio del presente año, por lo que este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210, fracción I, párrafo quinto de la Ley de Amparo, procederá a analizar si la resolución dictada el seis de enero de dos mil veintitrés se encuentra cumplida. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO. En sentencia dictada el seis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional por una parte declaró improcedente y por otra, procedente la denuncia por el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovida por ********************En auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se declaró firme la sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así por oficio presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado a la resolución dictada en autos; con lo cual, se ordenó dar vista a la parte denunciante. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la resolución. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Dejen insubsistente el ********************de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. II. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud de la parte denunciante. Es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 de la que se ha dado noticia. III. En lo futuro, se abstengan de aplicar al denunciante las disposiciones referidas, mientras dure su texto vigente. Es importante señalar que esta resolución no implica que el denunciante pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente, siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que para el caso de que se le expida autorización correspondiente, ésta no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso por y en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados, tampoco la importación y compra de semilla. Aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma una autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva, en su caso, se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo." De la copia certificada del oficio número ******************** de dos de febrero de dos mil veintitrés, firmado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, se advierte que para cumplir con la resolución, se determinó lo siguiente: I. Dejó sin efectos el oficio ********************de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. II. Ordenó inaplicar los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Emitió autorización sanitaria al quejoso para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis"; esto es, sembrar, cultivar, cosechar, preparar poseer y transportar, así como adquirir legalmente la semilla cannabis. IV. Respecto a la adquisición legal de la semilla, así como su siembra, cosecha y cultivo, y el domicilio donde serán realizadas esas actividades, le indicó los lineamientos que debe observar el quejoso; y, V. Le estableció los límites, restricciones y alcances de dicha autorización, señalando además que su vigencia es por tiempo indeterminado y que es para uso personal e intransferible; indicándole además los motivos de revocación de la misma. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN LA DENUNCIA. Del análisis comparativo de los efectos fijados en la resolución pronunciada en el presente asunto y la actuación desplegada por las autoridades denunciadas se puede concluir que ésta se encuentra cumplida. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en los artículos 196 y 210 de la Ley de Amparo, se tiene cumplido el fallo, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, y como de la secretarial que encabeza el presente proveído se desprende que no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado; y que además, no se considera de relevancia documental, se ordena su ARCHIVO por tratarse de un asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que la remisión del presente expediente al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO. Teniendo en consideración a que el presente asunto, por lo que a su naturaleza se refiere (Denuncia por Incumplimiento a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad), no encuadraba en alguna de las series documentales que establecía el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; este juzgado federal, procedió a realizar una consulta ante la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, sobre valoración del presente expediente de serie innominada o no mencionada en el citado Acuerdo, concluyendo esa consulta con lo siguiente: "Bajo ese contexto, si en el expediente relativo a la serie "Denuncia por Incumplimiento a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad" al que hace referencia, se abordó y resolvió sobre el fondo del asunto, el mismo deberá ser valorado como depurable; en caso contrario, se deberá valorar como destruible. Todo lo anterior con la salvedad de que, a juicio del titular del órgano jurisdiccional el expediente se considere de relevancia documental, caso en el cual se conservará valorar como destruible." Por consiguiente, de conformidad con la nueva normatividad consistente en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que en el presente asunto se abordó y resolvió sobre el fondo del asunto, y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno relativo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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