Marisela Barriga Rosales

Expediente 1432/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1432/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Marisela Barriga Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto por el cual se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso i), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Morelia Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós 1 Recepción Visto el comunicado del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad al que se anexa el juicio de amparo 1425/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Marisela Barriga Rosales, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad, de quien reclama actos que derivan del juicio ejecutivo mercantil 412/2014 Lo anterior en virtud de que ante este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 310/2018, promovido por la propia quejosa Marisela Barriga Rosales y otro contra actos de la misma autoridad, derivados del referido juicio ejecutivo mercantil lo que origina la actualización del supuesto establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales En las relatadas condiciones se asume el conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente 1.2. Compensación de cargas. Gírese oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación de cargas correspondiente. 2. Radicación. Vista la demanda suscrita por Marisela Barriga Rosales, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1432/2022 2.1 Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente La audiencia de remate en su sexta almoneda, la que tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014 El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número veintitrés, ubicada en la calle de la Yunta, número oficial cuatrocientos treinta y siete, construida sobre el lote once, manzana veintidós, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. 2.2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. De igual modo, se tiene que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. ." Toda vez que, uno de los principios que rige el juicio de amparo denominado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que al existir dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un juicio autónomo, encaminado a invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Bajo esa tesitura, podemos inferir que el recurso es un medio de impugnación por el que se persigue un nuevo examen del asunto o del acto, por un órgano judicial de categoría superior al que dictó el auto o resolución que se impugna a fin de que se subsanen las ilegalidades cometidas en ellos. Dicho de otro modo, los recursos se traducen en la facultad que tienen los litigantes o las partes de un proceso, para pedir un nuevo análisis de la providencia o resolución controvertida por parte del superior jerárquico, con el objeto de que se enmienden los errores cometidos por el juzgador al momento de emitirla, mediante su modificación, revocación o anulación. Así, el principio de definitividad del juicio de amparo supone la obligación del gobernado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, resulta necesario establecer que para la procedencia del recurso en contra de los actos reclamados debe atenderse, por regla general, a la norma vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, ya que las facultades y las cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas; esto es, mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, por lo que, si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." En el caso, se aprecia que el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido dentro del periodo de ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 412/2014, por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual el monto reclamado como suerte principal es de $30,000.00 (treinta mil pesos). Por lo que se concluye que el acto reclamado en esta vía de amparo, no es apelable, pues el monto de la suerte principal es inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos 46/100 moneda nacional); sin embargo, éste es recurrible mediante el recurso de revocación, como lo disponen los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio que establecen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Por tanto, se reitera, el recurso procedente contra el auto que por esta vía se combate es el recurso de revocación. En sustento a lo anterior se cita la tesis I.9o.C.16 C (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguiente: "REVOCACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PESE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 9 DE ENERO DE 2012, NO ESTÁ SUPERADO EL CRITERIO DE LA PRIMERA SALA CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2010, AL PROCEDER DICHO RECURSO CONTRA LAS DETERMINACIONES O RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Entre las modificaciones que realizó el legislador al Código de Comercio el nueve de enero del dos mil doce, aparece la relativa al artículo 1339, donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos, y de la exposición de motivos se advierte que esto se hizo para facilitar la tramitación de las controversias; sin embargo, no se realizó cambio alguno a los artículos 1334 y 1335 ubicados en el capítulo XXIV, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y de reposición, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de la apelación, de cuyo análisis no se advierte la limitación para promover la revocación contra las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como pudiera ser el proveído que califica las posiciones o el que declara desierta la prueba pericial o el que ordena el desahogo de la confesional. Consecuentemente, con las citadas reformas, no está superado el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós (acto reclamado), a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí que, al no hacerlo así, resulta obvio que se incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral, ya que la parte quejosa tiene el carácter de demandada en el procedimiento mercantil, habiendo comparecido al mismo tanto en la etapa del juicio como en la ejecución, por lo que no tiene el carácter de tercera extraña, por ende, antes de acudir al amparo, estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Además no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso -siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal-; ni de auto de vinculación a proceso; y la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional, ni resulta insuficiente su fundamento legal. Finalmente, en cuanto al diverso acto que también reclama la parte quejosa, consistente en la audiencia de remate y adjudicación en su sexta almoneda celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, conviene precisar que... se encuentra radicado ante este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 310/2018, promovido por Miguel Ángel Duarte Pérez y Marisela Barriga Rosales, por propio derecho, en el que reclamó lo siguiente: La audiencia de remate y adjudicación en su sexta almoneda celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014. El auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número 23, ubicada en la calle De la Yunta, número oficial 437, construida sobre el lote 11, manzana 22, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. Asimismo, se advierte que mediante resolución de doce de junio de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio y por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada tal determinación, esto por haber sido confirmada dicha determinación por el tribunal de alzada. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se advierte que Marisela Barriga Rosales, señala como actos reclamados: La audiencia de remate en su sexta almoneda, la que tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014. El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número veintitrés, ubicada en la calle de la Yunta, número oficial cuatrocientos treinta y siete, construida sobre el lote once, manzana veintidós, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. Con base en lo anterior, se advierte que se actualiza las causales de improcedencia, toda vez que la materia del presente juicio de amparo ya fue objeto del diverso sumario 310/2018, en el que este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó, la cual quedó firme al haber sido confirmada por el tribunal de alzada. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las referidas causales de improcedencia, se DESECHA de plano la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se fundan el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improce... jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48...

  3. Principal

    Morelia Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós 1 Recepción Visto el comunicado del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad al que se anexa el juicio de amparo 1425/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Marisela Barriga Rosales, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en esta ciudad, de quien reclama actos que derivan del juicio ejecutivo mercantil 412/2014 Lo anterior en virtud de que ante este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 310/2018, promovido por la propia quejosa Marisela Barriga Rosales y otro contra actos de la misma autoridad, derivados del referido juicio ejecutivo mercantil lo que origina la actualización del supuesto establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales En las relatadas condiciones se asume el conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente 1.2. Compensación de cargas. Gírese oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación de cargas correspondiente. 2. Radicación. Vista la demanda suscrita por Marisela Barriga Rosales, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1432/2022 2.1 Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente La audiencia de remate en su sexta almoneda, la que tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014 El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número veintitrés, ubicada en la calle de la Yunta, número oficial cuatrocientos treinta y siete, construida sobre el lote once, manzana veintidós, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. 2.2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. De igual modo, se tiene que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. ." Toda vez que, uno de los principios que rige el juicio de amparo denominado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que al existir dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un juicio autónomo, encaminado a invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Bajo esa tesitura, podemos inferir que el recurso es un medio de impugnación por el que se persigue un nuevo examen del asunto o del acto, por un órgano judicial de categoría superior al que dictó el auto o resolución que se impugna a fin de que se subsanen las ilegalidades cometidas en ellos. Dicho de otro modo, los recursos se traducen en la facultad que tienen los litigantes o las partes de un proceso, para pedir un nuevo análisis de la providencia o resolución controvertida por parte del superior jerárquico, con el objeto de que se enmienden los errores cometidos por el juzgador al momento de emitirla, mediante su modificación, revocación o anulación. Así, el principio de definitividad del juicio de amparo supone la obligación del gobernado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, resulta necesario establecer que para la procedencia del recurso en contra de los actos reclamados debe atenderse, por regla general, a la norma vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, ya que las facultades y las cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas; esto es, mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, por lo que, si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." En el caso, se aprecia que el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido dentro del periodo de ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 412/2014, por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual el monto reclamado como suerte principal es de $30,000.00 (treinta mil pesos). Por lo que se concluye que el acto reclamado en esta vía de amparo, no es apelable, pues el monto de la suerte principal es inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco mil pesos 46/100 moneda nacional); sin embargo, éste es recurrible mediante el recurso de revocación, como lo disponen los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio que establecen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Por tanto, se reitera, el recurso procedente contra el auto que por esta vía se combate es el recurso de revocación. En sustento a lo anterior se cita la tesis I.9o.C.16 C (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguiente: "REVOCACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PESE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 9 DE ENERO DE 2012, NO ESTÁ SUPERADO EL CRITERIO DE LA PRIMERA SALA CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2010, AL PROCEDER DICHO RECURSO CONTRA LAS DETERMINACIONES O RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Entre las modificaciones que realizó el legislador al Código de Comercio el nueve de enero del dos mil doce, aparece la relativa al artículo 1339, donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos, y de la exposición de motivos se advierte que esto se hizo para facilitar la tramitación de las controversias; sin embargo, no se realizó cambio alguno a los artículos 1334 y 1335 ubicados en el capítulo XXIV, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y de reposición, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de la apelación, de cuyo análisis no se advierte la limitación para promover la revocación contra las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como pudiera ser el proveído que califica las posiciones o el que declara desierta la prueba pericial o el que ordena el desahogo de la confesional. Consecuentemente, con las citadas reformas, no está superado el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós (acto reclamado), a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí que, al no hacerlo así, resulta obvio que se incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral, ya que la parte quejosa tiene el carácter de demandada en el procedimiento mercantil, habiendo comparecido al mismo tanto en la etapa del juicio como en la ejecución, por lo que no tiene el carácter de tercera extraña, por ende, antes de acudir al amparo, estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Además no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso -siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal-; ni de auto de vinculación a proceso; y la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional, ni resulta insuficiente su fundamento legal. Finalmente, en cuanto al diverso acto que también reclama la parte quejosa, consistente en la audiencia de remate y adjudicación en su sexta almoneda celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, conviene precisar que de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia en el procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto procederá siempre que se reclame la última resolución, entendida ésta como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso la quejosa se encontrará en aptitud de hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, en el presente caso, a fin de evidenciar las causales de improcedencia apuntadas deben tomarse en cuenta que al hacer una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró que en este Juzgado se encuentra radicado ante este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 310/2018, promovido por Miguel Ángel Duarte Pérez y Marisela Barriga Rosales, por propio derecho, en el que reclamó lo siguiente: La audiencia de remate y adjudicación en su sexta almoneda celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014. El auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número 23, ubicada en la calle De la Yunta, número oficial 437, construida sobre el lote 11, manzana 22, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. Asimismo, se advierte que mediante resolución de doce de junio de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio y por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada tal determinación, esto por haber sido confirmada dicha determinación por el tribunal de alzada. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se advierte que Marisela Barriga Rosales, señala como actos reclamados: La audiencia de remate en su sexta almoneda, la que tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 412/2014. El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordena la escrituración del inmueble rematado, consistente en casa habitación ubicada en el número veintitrés, ubicada en la calle de la Yunta, número oficial cuatrocientos treinta y siete, construida sobre el lote once, manzana veintidós, del condominio denominado "Campestre Tarímbaro", en el municipio de Tarímbaro, del Distrito de Morelia. Con base en lo anterior, se advierte que se actualiza las causales de improcedencia, toda vez que la materia del presente juicio de amparo ya fue objeto del diverso sumario 310/2018, en el que este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó, la cual quedó firme al haber sido confirmada por el tribunal de alzada. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las referidas causales de improcedencia, se DESECHA de plano la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se fundan el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que señala en su escrito de demanda. 4. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Bernardo Loya Valdovinos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano