Mario Roberto Romero Silva

Expediente 28/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
28/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Mario Roberto Romero Silva

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PERITO DE LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Simón Soto Correa, apoderado jurídico del quejoso Ángel Esquivel Cortés, a través del cual, manifiesta que a la fecha no ha tenido contacto con su cliente y por consecuencia no cuenta con el domicilio real y verdadero del citado quejoso, mismo que le fue requerido en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, de autos se advierte que lo ordenado por el Tribunal Colegiado, en la ejecución que ordenó la reposición del procedimiento, determinó que: "1. Deje sin efectos la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 243/2020 2. Ordene reponer el procedimiento del incidente de objeción de documentos, para el efecto de que: a) Deje sin efectos los acuerdos de cuatro y cinco de febrero de dos mil veintiuno, y, al acordar la admisión de la prueba pericial, tenga al quejoso por objetando las firmas de recibido que obran en los oficios números RSP 003/2016 y LGI/0112/2016, glosados a fojas trescientos sesenta y ocho y trescientos sesenta y nueve, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, determine que en vista de la oposición, tales firmas no pueden ser consideradas como indubitables; y, por consecuencia, acuerde lo procedente respecto del punto 2 del cuestionario de peritos propuesto por la autoridad responsable Presidente del Municipio de Hidalgo, Michoacán, en el que solicitó que se señalara fecha y hora para que ÁNGEL ESQUIVEL CORTÉS comparezca al local que ocupa al Juzgado a fin de que ante la presencia del Secretario del Juzgado estampe las firmas que deberán ser consideradas como indubitables a fin de que los peritos designados emitan los correspondientes dictámenes. b) Deje sin efectos los dictámenes periciales emitidos y los acuerdos en los cuales se tuvieron por recibidos y ratificados y requiera a los peritos designados por las partes y al perito oficial, a fin de que emitan sus respectivos dictámenes tomando en consideración las firmas indubitables que al efecto suscriba el quejoso ante la presencia del funcionario del Juzgado que dé fe de tal acto. 3. Que hecho lo anterior continúe con el procedimiento correspondiente". A efecto de cumplir con lo ordenado por la superioridad, este órgano jurisdiccional ha realizado lo siguiente gestiones: Se señalaron las once horas del trece de octubre del dos mil veintidós, para que el quejoso Ángel Esquivel Cortés, compareciera al local que ocupa este Juzgado Federal, a efecto de estampar las firmas que habrían de ser consideradas como indubitables, a fin de que los peritos designados emitieran los correspondientes dictámenes. En proveído de catorce de octubre del dos mil veintidós, Simón Soto Correa, apoderado jurídico del quejoso Ángel Esquivel Cortés, informó que éste emigró como indocumentado al país de los Estados Unidos de Norte América, y toda vez que dicho quejoso no compareció a este Juzgado a desahogar la diligencia de estampado de firmas, se le requirió para que informara el domicilio correcto y actual del quejoso, para estar en condiciones de girar carta rogatorio, para el desahogo de la diligencia de mérito. Posteriormente en proveído de diez de noviembre del dos mil veintidós, el citado apoderado jurídico, refirió no contar con el domicilio actual del aquí quejoso; sin embargo exhibió la credencial de elector del quejoso a efecto de proponer a la autoridad responsable Presidente del Municipio de Hidalgo, Michoacán, si se encuentra de acuerdo en tomar en consideración como documento de comparación indubitable para que los peritos lleven a cabo su dictamen pericial correspondiente; por lo que se dio vista a los peritos designados por las partes, para que manifestaran si la credencial de elector del quejoso Ángel Esquivel Cortés, cumplía con los elementos para ser considerada como documento indubitable a efecto de llevar a cabo la probanza propuesta en autos. A lo que los peritos José Luis Calderón Solís y ********************, manifestaron que no era posible considerar como elemento de comparación la credencial de elector, ya que se trata de una firma digitalizada en la cual no es posible analizar sus características gráficas. En auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se le requirió nuevamente al apoderado del quejoso, para que señalara el domicilio real y actual de éste; manifestando, no contar con domicilio alguno, requiriéndosele por última vez bajo protesta de decir verdad el multicitado domicilio del quejoso. Así, tenemos que este juzgado federal ha realizado las gestiones necesarias para poder llevar a cabo el desahogo de la probanza de que se trata sin obtener algún resultado positivo, existiendo imposibilidad para ello, dado que se desprende de autos que el quejoso radica en el país de los Estados Unidos de Norte América, sin conocer el domicilio donde pueda ser localizado para efecto de girar carta rogatoria y recabar las firmas que han de tenerse como indubitables para desahogar la diligencia de mérito. Ahora, no debe perderse de vista que el Tribunal de Alzada al resolver el amparo en revisión administrativa 64/2022 en el sentido que lo hizo, consideró que este órgano jurisdiccional no estableció de manera precisa cuales eran las firmas que deberían considerarse como indubitables y sobre las que se realizaría el estudio comparativo con las que obraban en el escrito de demanda y ampliación de la misma; sin embargo, señaló que el quejoso mencionó que tenía esa calidad de indubitable la que obra en el poder general que se exhibió. Bajo ese contexto, atendiendo a que el doce de febrero de dos mil veintiuno, fue recibido el escrito suscrito por el autorizado del quejoso en el cual manifestó que comparecía a exhibir el poder general para pleitos y cobranzas otorgado ante la fe del Notario Público Número diecinueve, con residencia en esta ciudad; asimismo, impugnó las documentales ofertadas como pruebas indubitables, consistentes en los oficios de vacaciones entregados al quejoso de fecha quince de enero y treinta de noviembre de dos mil dieciséis, los cuales dijo eran susceptibles de ser alterados y por ende desconoció el contenido y firma de esos documentos y propuso como prueba indubitable la firma contenida en el original del Poder antes mencionado, para que sirva de base para el cotejo de la pericial ofertada. Por tanto, toda vez que bajo ninguna circunstancia se podrá dejar de resolver la controversia suscitada, ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de las partes que pretenda beneficiarse aparentemente de dolo, al no existir constancia que indique alguna oposición de las partes, este juzgador determina que la firma contenida en el poder general para pleitos y cobranzas otorgado ante la fe del Notario Público Número diecinueve, con residencia en esta ciudad, será la que deberá ser tomada en consideración como indubitable y como comparativo para el cotejo de la pericial ofertada. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales requiérase a los peritos José Luis Calderón Solís, Andrés Ricardo ******************** y ********************, para que dentro del término de diez días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, emitan su respectivo dictamen. Apercibimiento. Bajo apercibimiento todos que en caso de no cumplir con dicho requerimiento, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $********************). Notifíquese personalmente a los peritos, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Roberto Romero Silva; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 28/2023: 1.2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: El retraso excesivo e indebido de la prosecución de la integración y judicialización de la carpeta de investigación NUC1005202023515 número de expediente 05513/UATP/ZAM/2020. 2. Causal de improcedencia respecto de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto al acto reclamado se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la mencionada porción normativa se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, el quejoso controvierte el retraso excesivo o indebido de la prosecución o judicialización de la carpeta de investigación NUC1005202023515 número de expediente 05513/UATP/ZAM/2020 al Subprocurador Regional de Justicia en el Estado de Zamora, Michoacán y a la Agencia Especializada en Atención Temprana Mesa VIII de la Subprocuraduría Regional de Justicia en el Estado de Zamora, Michoacán. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación, la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro 2017640, ha establecido que en el sistema penal acusatorio, contra las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tesis de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, de los antecedentes narrados por la parte quejosa se advierte que la parte quejosa no ha agotado el recurso previsto por el artículo 258 del citado código; sin embargo, como ya quedó evidenciado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo ese contexto, si la omisión reclamada puede ser impugnada ante el Juez de control, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. 2.1. Desechamiento de la demanda. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia antes analizado, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. 3. Autorizado. Se tiene a la parte quejosa autorizando para tal efecto a las persona que nombra, en el entendido de que José Antonio Mendoza Murillo, gozará de la facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.SSCH/MFLV/vmv

  3. Principal

    ¬POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARIO ROBERTO ROMERO SILVA LA DETERMINACION DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Roberto Romero Silva; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 28/2023: 1.2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: El retraso excesivo e indebido de la prosecución de la integración y judicialización de la carpeta de investigación NUC1005202023515 número de expediente 05513/UATP/ZAM/2020. 2. Causal de improcedencia respecto de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto al acto reclamado se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la mencionada porción normativa se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, el quejoso controvierte el retraso excesivo o indebido de la prosecución o judicialización de la carpeta de investigación NUC1005202023515 número de expediente 05513/UATP/ZAM/2020 al Subprocurador Regional de Justicia en el Estado de Zamora, Michoacán y a la Agencia Especializada en Atención Temprana Mesa VIII de la Subprocuraduría Regional de Justicia en el Estado de Zamora, Michoacán. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación, la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro 2017640, ha establecido que en el sistema penal acusatorio, contra las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tesis de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, de los antecedentes narrados por la parte quejosa se advierte que la parte quejosa no ha agotado el recurso previsto por el artículo 258 del citado código; sin embargo, como ya quedó evidenciado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo ese contexto, si la omisión reclamada puede ser impugnada ante el Juez de control, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. 2.1. Desechamiento de la demanda. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia antes analizado, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. 3. Autorizado. Se tiene a la parte quejosa autorizando para tal efecto a las persona que nombra, en el entendido de que José Antonio Mendoza Murillo, gozará de la facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.SSCH/MFLV/vmv

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