Mario Roberto Cervera Serrato
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Roberto Cervera Serrato
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio FGE/FJ/205/2022, de seis de mayo del año en curso, signado por el Subdirector de Amparo, en ausencia del Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informa a este Juzgado, la fecha en que recibió el oficio 17249/2022, en el que se le comunicó la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, y señala que dichos oficios fueron recibidos el día tres de mayo de del presente año. No obstante lo anterior, no ha lugar a realizar pronunciamiento legal al respecto, toda vez que en veintinueve de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E : ÚNICO. ES PROCEDENTE Y FUNDADO el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de fecha diecisiete de febrero del año en curso, interpuesto por ELSA YOLANDA COVIÁN ANDERE, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria y para los efectos precisados en el quinto subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos, los escritos remitidos vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa. Ahora bien, en cuanto a lo que solicita la nombrada autorizada de la parte quejosa, en cuanto, se conmine a las autoridades responsables a la compra de la vacuna a que hace alusión en su primer escrito de cuenta; dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente a dicha petición, toda vez que el efecto de la suspensión de plano concedida en este asunto lo fue para el efecto de que se suministre al menor quejoso el esquema completo de la vacuna Pfizer BioNTech, en sus dos dosis de acuerdo a su edad. Debiendo explicarse a ella y a quienes la acompañen, la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivar de su aplicación. Debiendo señalar fecha y hora en un lugar accesible y con todas las medidas sanitarias para la aplicación de la primera dosis; y una vez aplicada ésta, la segunda deberá realizarse entre las cuatro y ocho semanas subsecuentes. No obstante ello, las responsables han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se requiere nuevamente a dichas responsables, para que, dentro del término improrrogable de CUARENTA Y OCHO HORAS, computados a partir de su notificación, informen el cumplimiento de la suspensión concedida al menor de marras, e indiquen las medidas que han tomado para tal efecto. Lo anterior es así, pues como se estableció en el auto de diez de marzo del año en curso, la Secretaría de Bienestar, el Secretario de los Servicios de Salud de Yucatán y el Coordinador Estatal de Vacunación en el Estado, se encontraban obligadas a acatar, dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas, a partir de la notificación del aludido auto, la citada medida suspensional. Por ello, las responsables que se encuentran obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión, virtud a la protección de un derecho humano de carácter prestacional, como lo es el relativo a la salud, concatenado con el diverso de interés superior de un menor de edad. Esto, ya que se encuentran fijados claramente los efectos de la suspensión (aplicación inmediata de la vacuna que por su edad corresponda al menor quejoso), así como el objeto de la tutela (derecho a la salud), por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que se encuentran obligados a satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios constitucionales y convencionales respectivos. Por ende, las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." Máxime, que es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, las autoridades responsables locales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que la menor quejosa sea vacunada, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional concedida, las citadas responsables deben coordinarse con las autoridades federales respectivas y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que la menor quejosa sea inoculada con la vacuna antes referida. En consecuencia, se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Por otro lado, en lo tocante a lo solicitado en el segundo ocurso de cuenta, en el sentido de que se le de vista al Ministerio Público Federal, del desacato de las responsables a dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en estos autos; dígasele a la autorizada de la pate quejosa, que dado el momento procesal actual, no ha lugar a acordar favorablemente a lo solicitado, en virtud de que ya fue requerido de nueva cuenta el cumplimiento de la suspensión, como se advierte en líneas que preceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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