Mario Rene Ortiz Herrera
Expediente 1189/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Rene Ortiz Herrera
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.Doy Fe.GCHG
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso MARIO RENE ORTIZ HERRERA, con el cual cumple con el requerimiento de uno de julio del presente año. En tal virtud, vista la demanda de amparo promovida por MARIO RENE ORTIZ HERRERA, contra el acto que reclama al Fiscal de Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito del Fuero Común del Estado y otras autoridades, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, el quejoso reclama la entrega del vehículo marca Chevrolet, tipo beat, modelo dos mil veinte, color rojo, con número de serie MA6CB5CDXLT057280, con placas de circulación ZCK-688 del Estado al presunto responsable del hecho de tránsito, en la carpeta de investigación T1/747/2021. En ese orden de ideas, esta Juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo; por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, se estima que el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que el promovente señala como acto reclamado, la determinación en la que se ordena la entrega del vehículo marca Chevrolet, tipo beat, modelo dos mil veinte, color rojo, con número de serie MA6CB5CDXLT057280, con placas de circulación ZCK-688 del Estado, involucrado en los hechos que se investigan en la carpeta de investigación T1/747/2021, a su propietario. Sin embargo, a criterio de esta resolutora federal, con ello no se estima que se genere una afectación a alguno de los derechos fundamentales reconocidos Constitucionalmente y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su favor como parte ofendida, tales como a la verdad, a la justicia, a ser informado del procedimiento, o bien, a la reparación del daño. Ello, porque la retención del vehículo como objeto relacionado con los hechos investigados para la realización de las diligencias y actos de investigación propios de la indagatoria, no está supeditada a la integración de la carpeta, en la medida en que ello no implica que ya no puedan realizarse actos encaminados a recabar datos de prueba, ni que con su devolución se concluya con la indagatoria. Así como tampoco puede estimarse que la determinación que ordena la devolución del aludido vehículo implique la afectación al derecho a la reparación del daño que consagra el artículo 20 Constitucional a su favor, en virtud de que, por una parte, no se ha dictado providencia precautoria en ese sentido, es decir, que la retención del vehículo haya sido con motivo de garantizar dicha reparación. Y por otra parte, el promovente en su calidad de ofendido está en aptitud de solicitar ante el Juez de Control el dictado de una providencia precautoria en términos del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos penales para garantizar dicho concepto. El aludido precepto establece: Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese sentido, la determinación que ordena la devolución del vehículo objeto de la investigación a su propietario, en sí misma, no se estima que le cause un agravio personal y directo en su esfera jurídica. Cobra aplicación, a contrario sensu, lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XC/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 179, que señala: VÍCTIMA U OFENDIDO. TIENE DERECHO A IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS PRESUPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo 20 constitucional otorga a la víctima u ofendido el derecho a la reparación del daño. De este derecho, en conexión con los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, se deriva a su vez el derecho de la víctima u ofendido a tener acceso a los medios de impugnación ordinarios que le permitan inconformarse con cualquier decisión relacionada con los presupuestos lógicos de la reparación del daño en materia penal, tales como la comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad penal del inculpado. De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 54/2008 consultable en el mismo medio de difusión oficial, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 223, que dispone: LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, EN TANTO QUE NO AFECTA EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, la legitimación procesal para promover el juicio de garantías sólo la tienen las personas físicas o morales directamente agraviadas por la ley o el acto reclamado. Ahora bien, el hecho de que el ofendido o víctima del delito esté legitimado para reclamar las resoluciones del Ministerio Público que al resultar injustificadas afectan su interés jurídico y lo privan del derecho a obtener la reparación del daño, no significa que también tenga legitimación para impugnar todas las resoluciones jurisdiccionales dentro del proceso. Así, en la resolución que dirime el recurso de apelación interpuesto contra el auto de término constitucional, debe verificarse la comprobación del cuerpo del delito, la probable responsabilidad y la existencia o no de alguna circunstancia que exima de responsabilidad o extinga la acción penal, sin pronunciarse respecto al derecho a la reparación del daño con que cuenta la víctima u ofendido del delito, pues dicha reparación es una pena pública, de manera que para que nazca el derecho a exigirla, es necesario que previamente se acredite la pretensión punitiva del proceso penal, es decir, la existencia de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal. En congruencia con lo anterior, y en virtud de que la resolución mencionada no se avoca a la legal o ilegal imposición de la reparación del daño como pena, no puede afectar el derecho de la víctima u ofendido a tal resarcimiento y, por ende, éste carece de legitimación activa para promover el juicio de garantías contra esa determinación. Lo anterior es así, pues un principio general de procedencia del amparo es el agravio personal y directo, es decir, que la ley o el acto afecte algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de las personas; por lo que si la resolución de segunda instancia que analiza el auto de término constitucional y concede la libertad al inculpado no afecta el derecho de la víctima u ofendido a la reparación del daño, se concluye que éste no se encuentra legitimado para promover juicio de amparo en su contra. En ese tenor, es de concluirse que el acto reclamado no produce una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado, pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, pues a través de la actuación que se atribuye a la responsable, no se violentan los derechos fundamentales del promovente. En consecuencia, se actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por MARIO RENE ORTIZ HERRERA. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Mario René Ortiz Herrera, contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese con el número 1189/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente en el capítulo de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que aquí se reclaman, refiere lo siguiente:V. Mediante acuerdo de fecha 04 de mayo del presente año, en los autos de la Carpeta de Investigación Numero TI/747//2021, el C. Jefe del Departamento de Peritos de Tránsito Terrestre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, puso a disposición de la responsable ordenadora, el vehículo marca Chevrolet, tipo Beat, modelo 2020, color rojo, número de serie MA6CB5CDXLT057280, placas de circulación ZCK-688 del Estado de Yucatán." En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído:Bajo protesta de decir verdad, precise con claridad la fecha exacta en que fue notificado o tuvo conocimiento del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, que refiere en su demanda de amparo, Acompañe copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente.En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar nueve copias de su escrito aclaratorio, a fin de que se distribuyan de la siguiente manera: cinco para correr traslado a las autoridades responsables, una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para el tercero interesado, y dos para integrar el cuaderno incidental con motivo de la suspensión solicitada. Tiene aplicación al caso por analogía, la Jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Al caso, resulta aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo descrito, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúe con la tramitación del presente asunto vía electrónica, y solicitar expresamente se le notifique electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y como su autorizado a Jorge Antonio Sosa Yam, Imelda Isabel Cárdenas Osorio, Octavio Antonio Sosa Martínez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a la persona restante con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico que se encuentra plasmado en el acuse de entrega a la Oficialía de Partes Común, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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