Mario Roberto Cervera Serrato

Expediente 1547/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1547/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Mario Roberto Cervera Serrato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. AUSA EJECUTORIA SENTENCIA. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, para los efectos legales conducentes. EFECTOS DEL FALLO. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: (...) REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. En tal virtud, requiérase a la responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa por (...) Asimismo, se le hace saber que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. DEVOLUCIÓN DE LEGAJOS. Ya que no existe objeto alguno para que permanezca en este Juzgado un legajo de copias certificadas (legajo II), remitidas por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente dado que la constancia de notificación hará las veces del mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se existe promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia, por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que obran la demanda de amparo, el acuerdo de admisión, el informe con justificación rendido por la responsable. (.) Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1547/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número Tres, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. (.) SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo (.) CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. (.) SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. (.) TERCERO. Certeza de los actos reclamados. (.) CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo. (.) QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo. (.) SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. (.) SÉPTIMO. Causas de improcedencia. (.) OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. (.) En la demanda de amparo, el quejoso sostiene que el aseguramiento reclamado vulnera el artículo 16 de la Constitución, ya que el Ministerio Público carece de facultades para decretar el aseguramiento, pues es una autoridad administrativa, y corresponde a la autoridad judicial fundar y motivar el aseguramiento. Suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación, ya que el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no sujetó la aprobación del aseguramiento al Juez de Control. En efecto, el aseguramiento es una medida precautoria que afecta provisionalmente el bien sobre el que recae, que constituye una técnica de investigación; por tanto, se trata de un acto de molestia, ya que no causa una afectación definitiva. Así, al ser un acto de molestia que se encuentra regulado en la constitución, ya que restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos; según lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, se autoriza siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad competente para ello, en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento. El derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en esta disposición deben verificarse todos los actos de molestia definidos como aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto, como se dijo, de proteger determinados bienes jurídicos. Así, los requisitos que deben contener los actos de autoridad son: a) constar por escrito, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundamentado y motivado; b) provenir de autoridad competente, es decir, aquella a la que corresponde su emisión porque así le faculta la normativa que rige su actuar, y c) contener la adecuada fundamentación y motivación, lo que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales contenidas en la norma, y explicar los motivos que conducen a su emisión, lo que debe ser congruente entre ambos aspectos. (.) Efectivamente, el objeto de las medidas de aseguramiento sobre los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, es evitar cualquier tipo de afectaciones o impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores, y en el caso, de ser procedente, evitar que se sigan afectando los derechos, bienes o posesiones de las víctimas u ofendidos y terceros ajenos a la investigación. Empero, tales determinaciones se sujetan al control judicial, cuando su emisión implique la afectación a la esfera jurídica de los gobernados; así pues se tiene que el legislador federal previó la intervención judicial para decidir sobre la aplicación de medidas que lleguen a afectar derechos humanos en la fase inicial de investigación, como producto del principio de progresividad de los derechos humanos; siendo dable reiterar la evolución progresiva que ha tenido el control judicial sobre la actuación del ministerio público, partiendo de que inicialmente, sus actuaciones no estaban sujetas a control de legalidad o constitucionalidad por ninguna autoridad. Ahora, en el caso que se analiza, dentro de la carpeta de investigación ********************, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres, con residencia en Mérida, decretó el aseguramiento del vehículo del automóvil marca (.), durante todo el tiempo que dure la investigación. Sin embargo, la representante social responsable no sujetó su determinación al control judicial previsto en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que soslayó sujetar el aseguramiento a control judicial. En efecto, se apartó de los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes; lo anterior, en razón de que no dio oportunidad de que éstas expusieran al juzgador lo que a su interés legal conviniera respecto al destino provisional del automotor. Por tanto, con dicha actuación se estima que la responsable transgredió el derecho de legalidad que rige todo acto de autoridad, en virtud de que era necesario que dicha determinación fuera aprobada por una autoridad judicial, en virtud que afecta los derechos del quejoso. (.) De ahí que el actuar de la responsable transgreda lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. NOVENO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres realice lo siguiente: Deje sin efecto la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de investigación (.) del Estado de Yucatán. En caso de considerar necesario y justificado el aseguramiento del automotor respectivo con motivo de la práctica de esa técnica de investigación, con libertad de jurisdicción, deberá solicitar dicha medida al Juez de Control correspondiente, colmando los requisitos legales para ello establecido. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número Tres, con residencia en esta ciudad, consistente en el aseguramiento de un vehículo dictado dentro de una carpeta de investigación, por los motivos expuestos en el considerando octavo y para los efectos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto *******, con número de orden ********, girado con el fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado ********************. Háganse las anotaciones en el libro que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de dicha Delegación, mediante el cual señala todas las gestiones que realizó con fin de dar cumplimiento al fallo protector e informa que mediante oficio RAN/YUC/ST/TCD/463/2023, solicitó al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) la asignación de número de tablaje catastral y posteriormente, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los títulos de propiedad 1006389/1 y 1006389/2.********************En mérito de lo anterior, a fin de dar celeridad al trámite de origen, se hace extensivo el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY).********************Al caso resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto citan: ********************"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias."****************************************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), para que dentro del término de TRES días siguientes a que se le notifique este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, esto es, lleve a cabo las gestiones que le corresponden en su ámbito de competencia a fin de que se expida y entregue el Título de Propiedad de la ********************, siempre y cuando no exista impedimento legal. ********************Apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia.********************Finalmente, se advierte que el fallo protector se encuentra en vías de cumplimiento.********************NOTIFÍQUESE.

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