Mario Julian Alvirez Duarte
Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Julian Alvirez Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual remite el exhorto 400/2022-I, con número de orden 416/2022-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, derivado del presente juicio de amparo 470/2023; sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento en virtud de que por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el oficio 16002/2023 de seis de junio de dos mil veintitrés, e informa que no se encontró ningún expediente en el que forme parte el quejoso. Por tanto, toda vez que de una revisión de los autos se advierte que la autoridad responsable es el Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, rexpídase el citado oficio, a fin de que tenga conocimiento de dicho acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, consérvese el original por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. De igual manera, de conformidad con lo previsto en el inciso a), del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este juzgado los legajos I y II remitidos por la autoridad responsable, devuélvasele el mismo, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se desprende que se recibió el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V. Mérida, Yucatán; nueve de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 470/2023-V, promovido por *** contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo (fojas 2 a 8 del juicio de amparo) presentada por *** (sucesivamente parte quejosa), contra actos atribuidos a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintiocho de abril siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán; por lo cual, en auto de veintinueve posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1124/2022-VII-A; y, previo múltiples requerimientos, mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada ***, lo que así se hizo el nueve de diciembre siguiente. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró el once de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 1124/2022-VII-A del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 470/2023-V, y se turnó para dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia civil ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, como ordenadora Actuario de su adscripción, como ejecutora Falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución de resolución derivada de la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento promovida en la vía de jurisdicción voluntaria número 1356/08-2009/1F-II, de su índice; y su ejecución. El cierre del registro del cincuenta por ciento del predio número *** del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán, ordenado en acuerdos de veintiséis de marzo y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento promovida en la vía de jurisdicción voluntaria número ***, de su índice, y su ejecución. Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento del Estado de Yucatán, como ejecutora El acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, realizado en el exhorto 68/2021, de su índice, en cumplimiento al exhorto formulado en el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ***, en el que se ordenó inscribir el cierre de registro. Jueza Primero de Oralidad Familiar en Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, como ejecutora El acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, realizado en el exhorto 141/2021, en cumplimiento al exhorto formulado en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ***, en el que se ordenó inscribir el cierre de registro. Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán, como ejecutora La inscripción del cierre referido. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables reconocieron la existencia de los actos reclamados; manifestaciones que constituyen una confesión en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, suficientes para tener por acreditada su existencia. Certeza que además se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la jueza responsable, las cuales tienen pleno valor al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias del expediente natural, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: Solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Mediante escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil nueve, en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, el aquí quejoso en conjunto con Claudia Poullet Pérez Canul, sucesivamente la tercera interesada, solicitaron su divorcio por mutuo consentimiento en la vía de jurisdicción voluntaria. Admisión. En auto de treinta de junio de dos mil nueve, se admitió a trámite la solicitud, se fijó la primera junta de avenencia y se decretaron las medidas provisionales consistentes en la separación de los cónyuges, y en cuanto a los alimentos se decretó estar al convenio aportado por los solicitantes. Sentencia. El veintitrés de febrero de dos mil diez, la Jueza Civil dictó sentencia en la que declaró procedente la solicitud, se aprobaron en definitiva todas las cláusulas del convenio y sus modificaciones y se disolvió el vínculo matrimonial. Ejecutoria. A petición de la aquí tercera interesada, el seis de marzo de dos mil doce, se declaró que causó ejecutoria la sentencia. Inicio de ejecución. Luego, a petición de la ya referida, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó requerir al aquí quejoso por las cantidades adeudadas en concepto de alimentos, en cantidad total de ciento setenta y dos mil ochocientos pesos. Lo cual, se le notificó a la parte quejosa el veintidós de octubre siguiente, por conducto de un tercero, al no esperar el citatorio que se le dejó el día anterior. Comparecencia del aquí quejoso al procedimiento de ejecución. En atención a ello, mediante escritos presentados el ocho y treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso expuso los argumentos por los que consideró que no adeudaba la totalidad de lo solicitado. Contestación. En respuesta a ello, la tercera interesada presentó diverso escrito, el cual se acordó el diez de diciembre de dos mil diecinueve y se ordenó notificar personalmente al aquí quejoso, sin que se hubiere realizado dicha notificación. Medida precautoria (acto reclamado). A petición de la referida tercera, a fin de garantizar el pago en concepto de alimentos materia de la ejecución, la Jueza Civil mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno decretó el cierre del registro del ***, de esta ciudad, inscrito en el folio electrónico *** del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán. Lo cual reiteró el veintinueve de septiembre siguiente, ante el informe de que se había proporcionado una información imprecisa. Acuerdos emitidos vía exhorto (acuerdos reclamados). Derivado de lo anterior, la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento del Estado de Yucatán emitió el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, realizado en el exhorto 68/2021, de su índice, en cumplimiento al exhorto formulado en el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ***, en el que se ordenó inscribir el cierre de registro. Luego, para el mismo fin, la Jueza Primero de Oralidad Familiar en Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán emitió el acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, realizado en el exhorto 141/2021, en cumplimiento al exhorto formulado en el acuerdo de veintiséis de septiembre ya precisado. Inscripción (acto reclamado). Finalmente, en cumplimiento a lo anterior, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán informó que tomó nota del cierre referido el ocho de julio de dos mil veintidós. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. -Respecto de la falta de emplazamiento- En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto de la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución de resolución derivada de la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento promovida en la vía de jurisdicción voluntaria número 1356/08-2009/1F-II, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario; es decir, la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño porque compareció al procedimiento de ejecución de la sentencia. Para mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido de las normas en las que se sustenta la causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Al matizar el alance de esta norma, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que su contenido debe ser interpretado en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo; ello en atención a que, los otros supuestos contenidos en las restantes fracción sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente. Interpretación que, a pesar de haber sido emitida conforme a la anterior Ley de Amparo, resulta conforme a la normativa vigente de ahí que deba ser entendida en igual sentido. Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley Fundamental, y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de ejercer la acción constitucional a las personas extrañas a los procedimientos jurisdiccionales siempre que los actos afectan algún derecho legalmente constituido. Sobre el concepto de persona extraña, la doctrina y la jurisprudencia utilizan indistintamente esa expresión para referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en las normas invocadas; sin embargo, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño comúnmente definido en los tratados de derecho procesal, ya que acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, conocido como tercero extraño equiparado. En ese contexto, para los efectos del juicio de amparo persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también lo es la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión. Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del juicio compareciendo a éste, deja de tener el carácter de tercero extraño, pues se integra al procedimiento, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario, y en su oportunidad, si es necesario, podría acudir al amparo directo. Razón que subyace debido a que, la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento del conflicto en que resultaron afectados sus intereses, por lo que la circunstancia de que la persona haya comparecido en al juicio natural o procedimiento de ejecución, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, provoca la actualización de una causa de improcedencia, al no encontrarse en la hipótesis de tercero extraño. Bajo esa óptica, en el asunto que se entiende, contrario a lo afirmado por el quejoso, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de ejecución, ya que mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil nueve, en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, el aquí quejoso en conjunto con ***, aquí tercera interesada, solicitaron su divorcio por mutuo consentimiento en la vía de jurisdicción voluntaria, lo cual se acordó favorablemente el treinta de junio de dos mil nueve. Asimismo, después de que se declaró que causó ejecutoria dicha sentencia y que se inició el procedimiento de ejecución, la parte quejosa compareció en la etapa de ejecución de la sentencia mediante escritos presentados el ocho y treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los que el aquí quejoso expuso los argumentos por los que consideró que no adeudaba la totalidad de lo solicitado, documentos cuyo contenido no fue objetado de falso. Lo descrito pone a la vista que la parte quejosa no desconocía la radicación del sumario de origen ni su ejecución, como lo aduce, pues compareció al procedimiento natural, sin que ofreciera prueba alguna para desvirtuar la actuación por medio de la cual se hizo sabedor de dicho trámite que ahora reclama. Máxime que con el informe justificado y las constancias que de remitieron en su apoyo se le dio vista, sin que realizara manifestación alguna en torno a la ilegalidad del escrito a través del que presentó su solicitud de divorcio. Con base en lo expuesto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, pues no el peticionario de amparo no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento, ya que compareció al procedimiento de ejecución; en consecuencia, debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 2026118, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil». De igual manera, al carecer el quejoso del carácter de tercero extraño, podría considerarse que también se surte la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que válidamente puede concluirse que conocía de la existencia del procedimiento de ejecución al que hora pretende ostentarse como tercero extraño. Sobreseimiento que debe hacer extensivo respecto de los actos de ejecución que se le reclamaron a las restantes autoridades responsables, en virtud que no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento reclamado; por lo tanto, deben seguir la misma suerte. Respecto del cierre del registro del registro y su ejecución - Al demostrarse que la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, respecto del cierre del registro del cincuenta por ***, inscrito en el folio electrónico *** del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán, ordenado en acuerdos de veintiséis de marzo y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento promovida en la vía de jurisdicción voluntaria número ****, de su índice, y su ejecución, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. De lo anterior, se obtiene que, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. II. Siempre que no se actualice alguna de las excepciones que se prevén expresamente. Sobre el primer aspecto, orienta nuevamente la jurisprudencia con registro 2026118, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del contenido literal siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil». Del citado criterio se extrae que la Primera Sala ha determinado que aun tratándose de procedimientos de ejecución de sentencia, si se acredita que la parte quejosa conocía de la existencia del juicio, previo a la promoción del juicio de amparo, se deben instar los recursos ordinarios que existieren, pues de no hacerse de ese modo, se debe considerar que la parte quejosa no observó el principio de definitividad y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, en el caso, se reclama la orden del cierre del registro de un folio electrónico de un inmueble decretada como providencia por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en la etapa de ejecución, a fin de garantizar el pago en concepto de alimentos materia de la liquidación. En consecuencia, si la parte quejosa consideraba que esa medida le afectaba en algún modo, previo a promover el juicio de amparo, debió instar el recurso de apelación que prevé el artículo 1251 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, el cual establece: Art. 1251.- Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables en ambos efectos, si interpone el recurso el que promovió el expediente. Si lo interpone otra persona, sólo se admitirá en el efecto devolutivo. De dicho precepto se extrae que el recurso de apelación sí es una vía idónea para impugnar la decisión que aquí se reclama, pues se trata de una providencia dictada en jurisdicción voluntaria; por ende, el recurso de apelación sí tiene los alcances de que una instancia superior analice la decisión impugnada y emita la resolución que corresponda, con lo que se pudo revocar, modificar o anular la decisión aquí reclamada. Lo que sí le era exigible a la parte quejosa, dado que no desconocía la existencia del juicio, pues inclusive compareció en la etapa de ejecución de la sentencia mediante escritos presentados el ocho y treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en los que el aquí quejoso expuso los argumentos por los que consideró que no adeudaba la totalidad de lo solicitado. De ahí que no basta con que se alegue que nunca se le notificaron los acuerdos que pretende impugnar, pues en todo caso, pudo plantear el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 115 del código procesal invocado, el cual lo facultaba para solicitar su nulidad y, no obstante, dejó de hacerlo. Es así, dado que dicho medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por otra parte, respecto al segundo aspecto, no se actualiza una causa de excepción de las que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que: A) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se trata de actos de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; B) Tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; C) No se trata de persona extraña al procedimiento; y, D) No es un auto de vinculación a proceso. Finalmente, no se actualiza la excepción que contempla el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, que refiere que no será necesario agotar el medio ordinario de defensa cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ello, en virtud que los preceptos que regulan la interposición del recurso de apelación son claros al establecer su procedencia contra las providencias decretadas en jurisdicción voluntaria. Cabe destacar que se afirma que no se trata de un auto que imponga una providencia precautoria restrictiva de la libertad, porque dicha excepción al principio de definitividad consistente en: "providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad", al estar enlazada por el elemento conjuntivo "o", se debe entender que la frase "restrictivas de libertad" es aplicable tanto a las medidas cautelares como a las providencias precautorias; de ahí que no se actualice ese supuesto de excepción. En esas condiciones, a criterio del suscrito, al no haberse observado el principio de definitivad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del cierre de registro reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que debe hacer extensivo respecto de los actos de ejecución que se le reclamaron a las restantes autoridades responsables, en virtud que no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del citado acto; por lo tanto, deben seguir la misma suerte. Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por la accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO». Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados, al no formar parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». Por lo expuesto fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó de la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche y otras autoridades, consistentes en la falta de emplazamiento al procedimiento de ejecución derivado de la jurisdicción voluntaria número ***, de su índice, y su ejecución; y, el cierre del registro del **** del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán, ordenado en acuerdos de veintiséis de marzo y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, y su ejecución, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. [...]
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