MARIO RANGEL ELIZALDE y Otros.

Expediente 542/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
542/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Mario Rangel Elizalde
  • MARIO RANGEL ELIZALDE y Otros.
  • Verenice Aguilar Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del tres de al veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Director del Hospital General de Huejotzingo, dependiente de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, consistente en el expediente formado por la atención médica brindada al quejoso Mario Rangel Elizalde de su índice, con el que se formó el anexo I, devuélvasele dicha documental y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el oficio signado por el José Rodrigo García García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en acuerdo de veinte de agosto de la presente anualidad, remite copia auténtica del certificado de defunción de Mario Rangel Elizalde, del que se aprecia que el quejoso de mérito falleció el veintiocho de julio de dos mil dieciocho. Por otra parte, intégrese el diverso oficio signado por el Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, al que acompaña copia certificada del acta de defunción número 00170, emitida por el Juzgado Segundo del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, de la que se aprecia que el quejoso de mérito falleció el veintiocho de julio de dos mil dieciocho. En tal sentido, como en acuerdo de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se reservó proveer sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo hasta que se contara con dicha documental, se provee: En principio es necesario indicar que por sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 205 a 233), se concedió el amparo a Mario Rangel Elizalde para que Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla y otras autoridades realizaran lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la sentencia. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor del quejoso Mario Rangel Elizalde, para que las autoridades responsables 1. Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, y 2. Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla (por conducto del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla), dentro del plazo de tres días siguientes a aquel en que se le requiera el cumplimiento de este fallo, realicen lo siguiente: 1. Dicten un acuerdo por el cual se ordene a quien en su caso corresponda, que el quejoso Mario Rangel Elizalde, permanezca en el Hospital General de Huejotzingo, Puebla, recibiendo la atención médica y paliativa acorde a la enfermedad que presenta, en tanto el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, cuente con las instalaciones y personal médico necesarios para proporcionar tal servicio. Para tal efecto, deberán proporcionarle los medicamentos y estudios clínicos necesarios de acuerdo a su padecimiento. Lo anterior, de igual forma implica, que el 1. Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, bajo su estricta responsabilidad deberá implementar las medidas de seguridad pertinentes que en el caso se requiera. 2. El 1. Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, haga lo anterior del conocimiento del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado de Puebla, dentro del expediente de ejecución 532/2017/JESI/E, derivado de los procesos 383/2003 y su acumulado 410/2008, para los efectos legales a que haya lugar. 3. Las autoridades vinculadas al cumplimiento Gobernador Constitucional de Puebla, Secretario de Salud del Estado de Puebla, Secretario de Seguridad Pública, y Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por conducto de quien en su caso designen, realicen todas las acciones pertinentes a fin de acondicionar un área específica dentro del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, para que personal médico calificado y capacitado preste el servicio de salud y atención médica adecuada y suficiente. Sin que para el cumplimiento de esta sentencia, puedan hacer valer como obstáculo o excusa la falta de recurso o partida presupuestal con el que cuentan las autoridades que tienen intervención en el mismo, toda vez que se trata de la protección a un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud. En el entendido que las responsables deberán remitir las constancias respectivas." Así, mediante oficio 318/2018, de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 264), el Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla remitió copia certificada de los diversos oficios 313/2018 y 311/2018, dirigidos al Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla y al Titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla, respectivamente, de cuyo contenido se aprecia que la autoridad responsable solicitó, a la primera de las autoridades, permitir la estancia del quejoso Mario Rangel Elizalde en el Hospital General de Huejotzingo, Puebla, hasta que el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, contara con las instalaciones y personal médico necesario para proporcionar el servicio médico necesario a dicho interno; y, a la segunda de las autoridades, solicitó continuar con el resguardo del quejoso nombrado en el centro de salud mencionado. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 271), se reservó proveer lo conducente sobre tal información hasta que la sentencia de amparo adquiriera firmeza. Por oficio HGH/DG/5013-0708/2018 de nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 272), signado por el Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, remitió copia simple de la hoja de egreso del quejoso Mario Rangel Elizalde de dicho hospital, debido al fallecimiento del peticionario de amparo (fojas 273 a 276). Ante lo informado, por auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 280 y 281), se requirió al Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, para que remitiera copia certificada del certificado de defunción del quejoso de mérito, así como la autoridad ante quien quedó a disposición el cuerpo de dicho finado. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 5013/DAJ/JA/3546/2018 de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 286), el Director Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en representación del Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de los diversos comunicados signados por el Director de Atención a la salud, subdirectora Médica del Hospital General de Huejotzingo y del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana; así como dos notas de trabajo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; sin embargo como no adjuntó el certificado de defunción del quejoso Mario Rangel Elizalde, por acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad (fojas 298 y 299) se requirió al Director Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla para que enviara a este juzgado copia certificada de dicha documental. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (foja 303 y 304), se declaró que la sentencia emitida en el presente controvertido constitucional causó ejecutoria, pero como esta autoridad no contaba con el certificado de defunción del quejoso y, por ende, no tenía la certeza de que dicho evento hubiere ocurrido, se reservó proveer lo conducente hasta contar con prueba fehaciente de la defunción del aquí quejoso. Por oficio 5013/DAJ/JA/3667/2018 de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 306 y 307), signado por el Director Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en representación del Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, informó que no estaba en aptitud de remitir el certificado de defunción del peticionario de amparo, en virtud de que dicho documento no fue elaborado por el Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla y comunicó que la autoridad que solicitó el egresó del finado de dicho nosocomio, fue José Rodrigo García García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Por ello, en acuerdo de veinte de agosto del año en curso (foja 337), se requirió al citado agente del Ministerio Público para que remitiera el certificado de defunción de Mario Rangel Elizalde, el cual remitió adjunto al oficio de cuenta. En tal sentido, como esta autoridad tiene plena certeza del fallecimiento del quejoso, se provee sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo: Como se estableció, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla dictara un acuerdo y ordenara que el quejoso Mario Rangel Elizalde, permaneciera en el Hospital General de Huejotzingo, Puebla, recibiendo la atención médica y paliativa acorde a la enfermedad que presentaba, hasta que el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, contara con las instalaciones y personal médico necesarios para proporcionar tal servicio; lo cual aconteció el veinte de julio de dos mil dieciocho (fojas 266 y 269). Así mismo, para que el Encargado del despacho del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, hiciera lo anterior del conocimiento del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado de Puebla, dentro del expediente de ejecución 532/2017/JESI/E, derivado de los procesos 383/2003 y su acumulado 410/2008, para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, se concedió la protección constitucional para que las autoridades vinculadas al cumplimiento Gobernador Constitucional de Puebla, Secretario de Salud del Estado de Puebla, Secretario de Seguridad Pública, y Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, realizaran todas las acciones pertinentes a fin de acondicionar un área específica dentro del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, para que personal médico calificado y capacitado preste el servicio de salud y atención médica adecuada y suficiente al quejoso de referencia. En tal sentido, resulta evidente que todos los efectos del fallo protector relatados, tienen relación únicamente con derechos personales del quejoso (primordialmente derecho a la salud e integridad física y condiciones de internamiento), pues todos ellos se refieren a los cuidados médicos que el quejoso debía recibir con motivo de la enfermedad que padecía; por tanto, también resulta incuestionable que los derechos generados en favor del quejoso con la concesión del amparo no pueden trasladarse a persona alguna a la sucesión del quejoso, por tratarse de derechos de carácter personal y no patrimonial. Tiene aplicación, por las razones que la conforman, la tesis 1a. CII/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INCONFORMIDAD. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRÁMITE FALLECE EL QUEJOSO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SÓLO AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. La inconformidad a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo debe declararse sin materia cuando, encontrándose en trámite, se acredita fehacientemente la defunción del inconforme, siempre y cuando los actos reclamados en el juicio de garantías afecten derechos estrictamente personales del quejoso, en virtud de que la ejecutoria respectiva no podrá surtir efecto alguno. En tal sentido, es evidente que resulta improcedente requerir a las autoridades responsables vinculadas con el cumplimiento de la sentencia amparadora, en virtud de que el quejoso a quien se le concedió el amparo de la Justicia Federal falleció el veintiocho de julio de dos mil dieciocho, en virtud de que ya no existe el sujeto que se beneficiaría con los acciones que, en su caso, se realizaran en cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo. Resulta orientador el criterio sustentado en la Jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.) por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito. "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente. Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que en la sentencia de garantías se estableció que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, que dio origen a la tesis 1a. XXI/2018 (10a.), concluyó que el principio de relatividad de sentencias de amparo debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional con la finalidad de que dicho mecanismo procesal pueda cumplir con la función constitucional que le está encomendada: la protección de todos los derechos fundamentales de las personas. De igual forma, se señaló que el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar únicamente los argumentos de las partes -supliéndolos si así procediera- y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional y, aun cuando, los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. En ese sentido, si bien la protección constitucional concedida en el presente sumario, eventualmente beneficiaría a terceros que no tuvieron intervención en este juicio de garantías, lo cierto es que resulta improcedente requerir a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector con motivo de ese beneficio eventual colectivo, en virtud de que ello únicamente se materializaría como una consecuencia indirecta del amparo concedido al quejoso; pensar lo contrario sí trastocaría el principio de la relatividad de las sentencias que rige al juicio de amparo y que se encuentra contenido en el artículo 173 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se dijo, los jueces de amparo no pueden ordenar directamente la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el oficio ******************** signado por el Director Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en representación del Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, informa que se encuentra imposibilitado para remitir el certificado de defunción de ******************** en virtud de que esa autoridad no elaboró dicho documento. Así mismo, informa que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, solicitó al Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla permitiera el egreso de ese centro médico del quejoso de mérito, para ser trasladado al Servicio Médico Forense y, para reforzar su dicho, acompañó, entre otros documentos, copia certificada del oficio ******************** suscrito por la citada autoridad ministerial, del que se aprecia la veracidad de lo afirmado por la autoridad oficiante. En tal sentido, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a José Rodrigo García García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzagdo copia autentica del certificado o acta de defunción del aquí quejoso ********************, cuyo fallecimiento se encuentra relacionado con la carpeta de investigación ******************** de su índice. Apercibido que de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 205 a 233 vuelta), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ******************** no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de los autos que integran el presente expediente se aprecia que mediante oficio ******************** el Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla (foja 272), remitió copia simple de la hoja de egreso hospitalario del aquí quejoso ******************** en virtud de que dicho peticionario de amparo falleció de un paro respiratorio (fojas 273 a 276); así mismo, remitió copia simple del informe médico suscrito por ********************, mediante el cual informó que el peticionario de amparo falleció a las ocho horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho por paro respiratorio, y que el levantamiento de cadáver se realizó por el Servicio Médico Forense. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil ocho (foja 280), se requirió al citado director para que remitiera a esta autoridad el certificado de defunción de ******************** e informara ante qué autoridad quedó a disposición el cuerpo del quejoso de mérito. Así, mediante oficio ******************** signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en representación del Director del Hospital General de Huejotzingo, Puebla (foja 286), remitió copia certificada de los diversos comunicados signados por el Director de Atención a la salud, subdirectora Médica del Hospital General de Huejotzingo y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana; así como dos notas de trabajo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, como no remitió el certificado de defunción solicitado, por acuerdo de nueve de agosto del año que transcurre, se requirió nuevamente al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla para que envíe a este juzgado dicha documental, sin que a la fecha lo haya hecho. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, se advierte que el quejoso de referencia falleció; sin embargo, como esta autoridad no tiene plena certeza de tal acontecimiento, se reserva proveer lo relativo al cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio de garantías hasta en tanto esta autoridad tenga plena certeza de la veracidad de tal circunstancia. Sin que por el momento haya lugar a requerir nuevamente a la autoridad referida anteriormente, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término que le fue concedido cumplir con tal requerimiento, en virtud de que fue notificada del oficio respectivo el trece de agosto actual y el plazo de tres días concedido transcurre del catorce al dieciséis del mismo mes y año. Por otra parte, en atención a lo señalado anteriormente, se ordena notificar el presente proveído a ********************, quien promovió el amparo a nombre de ********************; sin embargo, como dicha persona no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de amparo, se ordena realizar dicha notificación por medio de lista.

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