Mario Pedro Pacheco Huerta
Expediente 449/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mario Pedro Pacheco Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE junio DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve Visto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el oficio remitido por la autoridad responsable 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, a través del cual rinde su informe justificado, en los términos siguientes: "() NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO, RESPECTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 164/2018/TEHUA, TODA VEZ QUE DICHA CARPETA SE ENCUENTRA EN INTEGRACIÓN YA QUE ESTÁ INICIADA POR EL DELITO DE LESIONES DOLOSAS EN LA CUAL LA VICTIMA ES EL C MARIO PEDRO PACHECO HUERTA Y DICHA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CUENTA CON EL INFORME SOLICITADO A LOS ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN GRUPO AJALPAN, ADEMÁS PROPORCIONARON EL ACTA DE ENTREVISTA A LA VICTIMA ()" No obstante, si bien es verdad que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: "1- LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y AVANCES DENTRO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso, por el delito de lesiones dolosas" También lo es que en el escrito mediante el cual desahogó la prevención que se le realizó en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, precisó -entre otras cosas- el acto reclamado (del cual se le corrió traslado con copia simple) y señaló: "() es mi deseo concretar el acto reclamado A LA NO LOCALIZACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso por el delito de lesiones dolosas en contra de quien resulte responsable" De lo que se coligue que la autoridad responsable 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, fue omisa en pronunciarse respecto a la existencia o no del acto reclamado destacado, por lo que, se tiene por presuntivamente cierto Esa concepción converge con la tesis aislada VI1o214 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO CUANDO SON VARIOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE REFIERE A TODOS, DEBEN TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS AQUELLOS RESPECTO DE LOS QUE NADA DIJO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinde su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, lo que quiere decir que si el quejoso reclama diversos actos, la autoridad responsable debe referirse a todos, afirmándolos o negándolos De lo anterior se sigue que cuando la autoridad no alude a alguno o algunos de tales actos, debe considerarse que en el aspecto omitido no rindió informe y por ende procede aplicar la presunción de certeza por lo que a ellos toca" Por otro lado, del estado procesal de autos, deriva que ha transcurrido el plazo de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla, rindiera su informe justificado, sin que lo haya hecho, a pesar de estar debidamente notificada para cumplir con ello, desde el cuatro de junio del actual, como se evidenció en la certificación con la que dio cuenta la Secretaria; por lo que, con fundamento en el citado numeral, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado que se le imputa Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada II1oP35 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto"; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal" Así mismo, de autos se aprecia que la diversa autoridad responsable 1 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le imputan Expuestas esas precisiones; con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el suscrito Juez Federal, estima procedente decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en los términos que se precisan a continuación En principio, es menester señalar que el presente juicio inició con el escrito presentado el diecisiete de mayo pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual se turnó el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que Mario Pedro Pacheco Huerta, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1 Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó: "1- LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso, por el delito de lesiones dolosas" En auto de veinte de mayo pasado, se radicó el expediente de amparo bajo el número 449/2019, y se previno a la parte quejosa para que -entre otras cosas- precisara el acto reclamado El treinta de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito mediante el cual precisó el acto que reclamó a las autoridades responsables, en los términos siguientes: "() es mi deseo concretar el acto reclamado A LA NO LOCALIZACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso por el delito de lesiones dolosas en contra de quien resulte responsable" Por lo que, en auto de treinta y uno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo en los términos en que se propuso, y se requirió a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado Así, de autos se aprecia -en primer lugar- que la autoridad responsable 1 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le imputa; sin que a la fecha en que se emite el presente auto, el peticionario de amparo hubiera aportado prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa; por tanto, se tiene por inexistente el acto reclamado a la citada autoridad En consecuencia, al no existir el acto reclamado al 1 Fiscal General del Estado de Puebla; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, respecto del acto reclamado que se le atribuye Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro IUS: 1002350; bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" En segundo lugar, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: () XX Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ()" En efecto, de tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I6oC J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando el promovente aduce violaciones directas a la Constitución, se actualiza, por exclusión: 1 Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2 Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del promovente Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C De los derechos de la víctima o del ofendido: () II Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley () VII Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencias del agente investigador, al señalar: "Artículo 109 Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: () XXI A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; ()" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía jurídica, la jurisprudencia de rubro y texto que dicen: "ACCIÓN PENAL MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008) De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental" Acorde a lo anterior, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales De lo anterior, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones Ahora bien, cabe destacar que en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 27/2018, que a la letra se cita: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos" Criterio jurisprudencial en el que se sostuvo que si bien los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, también lo es que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal e inclusive Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad Así mismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; entendiéndose que la negligencia en el actuar del Ministerio Público responsable, como lo es la "no localización" de una carpeta de investigación encuadra en este supuesto En esa tesitura, es evidente que "la negligencia" u "omisión" que reclama el promovente, es impugnable, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258 Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno" De esta manera, si el medio de defensa que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto impulsar la prosecución del procedimiento penal, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías Luego, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y negligencias del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad" En ese sentido, el hecho de que el agente investigador no localice la carpeta de investigación materia del acto reclamado, constituye una "negligencia", que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca; acto que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario Máxime que, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones y/o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones En consecuencia los actos que por esta vía se reclaman del fiscal responsable deben ser impugnados en la sede jurisdiccional ordinaria, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial, las omisiones o negligencias del ministerio público durante la fase de investigación Así, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra los actos reclamados, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; y, consecuentemente, en aplicación del diverso numeral 63, fracción V ídem, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, respecto del acto reclamado al 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente En ese sentido, resulta pertinente señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resultan notorias, manifiestas e indudables, las causales de sobreseimiento en estudio, y éstas no podrían desvirtuarse con algún otro elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitará hasta su conclusión, el asunto llegaría al mismo resultado, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a/J10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Registro: 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve Visto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el oficio remitido por la autoridad responsable 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, a través del cual rinde su informe justificado, en los términos siguientes: "() NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO, RESPECTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 164/2018/TEHUA, TODA VEZ QUE DICHA CARPETA SE ENCUENTRA EN INTEGRACIÓN YA QUE ESTÁ INICIADA POR EL DELITO DE LESIONES DOLOSAS EN LA CUAL LA VICTIMA ES EL C MARIO PEDRO PACHECO HUERTA Y DICHA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CUENTA CON EL INFORME SOLICITADO A LOS ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN GRUPO AJALPAN, ADEMÁS PROPORCIONARON EL ACTA DE ENTREVISTA A LA VICTIMA ()" No obstante, si bien es verdad que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: "1- LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y AVANCES DENTRO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso, por el delito de lesiones dolosas" También lo es que en el escrito mediante el cual desahogó la prevención que se le realizó en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, precisó -entre otras cosas- el acto reclamado (del cual se le corrió traslado con copia simple) y señaló: "() es mi deseo concretar el acto reclamado A LA NO LOCALIZACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso por el delito de lesiones dolosas en contra de quien resulte responsable" De lo que se coligue que la autoridad responsable 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, fue omisa en pronunciarse respecto a la existencia o no del acto reclamado destacado, por lo que, se tiene por presuntivamente cierto Esa concepción converge con la tesis aislada VI1o214 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO CUANDO SON VARIOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE REFIERE A TODOS, DEBEN TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS AQUELLOS RESPECTO DE LOS QUE NADA DIJO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinde su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, lo que quiere decir que si el quejoso reclama diversos actos, la autoridad responsable debe referirse a todos, afirmándolos o negándolos De lo anterior se sigue que cuando la autoridad no alude a alguno o algunos de tales actos, debe considerarse que en el aspecto omitido no rindió informe y por ende procede aplicar la presunción de certeza por lo que a ellos toca" Por otro lado, del estado procesal de autos, deriva que ha transcurrido el plazo de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla, rindiera su informe justificado, sin que lo haya hecho, a pesar de estar debidamente notificada para cumplir con ello, desde el cuatro de junio del actual, como se evidenció en la certificación con la que dio cuenta la Secretaria; por lo que, con fundamento en el citado numeral, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado que se le imputa Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada II1oP35 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto"; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal" Así mismo, de autos se aprecia que la diversa autoridad responsable 1 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le imputan Expuestas esas precisiones; con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el suscrito Juez Federal, estima procedente decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en los términos que se precisan a continuación En principio, es menester señalar que el presente juicio inició con el escrito presentado el diecisiete de mayo pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual se turnó el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que Mario Pedro Pacheco Huerta, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1 Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó: "1- LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso, por el delito de lesiones dolosas" En auto de veinte de mayo pasado, se radicó el expediente de amparo bajo el número 449/2019, y se previno a la parte quejosa para que -entre otras cosas- precisara el acto reclamado El treinta de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito mediante el cual precisó el acto que reclamó a las autoridades responsables, en los términos siguientes: "() es mi deseo concretar el acto reclamado A LA NO LOCALIZACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI/164/2018/TEHUA, iniciada por el aquí quejoso por el delito de lesiones dolosas en contra de quien resulte responsable" Por lo que, en auto de treinta y uno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo en los términos en que se propuso, y se requirió a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado Así, de autos se aprecia -en primer lugar- que la autoridad responsable 1 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le imputa; sin que a la fecha en que se emite el presente auto, el peticionario de amparo hubiera aportado prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa; por tanto, se tiene por inexistente el acto reclamado a la citada autoridad En consecuencia, al no existir el acto reclamado al 1 Fiscal General del Estado de Puebla; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, respecto del acto reclamado que se le atribuye Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro IUS: 1002350; bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" En segundo lugar, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: () XX Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ()" En efecto, de tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I6oC J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando el promovente aduce violaciones directas a la Constitución, se actualiza, por exclusión: 1 Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2 Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del promovente Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C De los derechos de la víctima o del ofendido: () II Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley () VII Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencias del agente investigador, al señalar: "Artículo 109 Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: () XXI A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; ()" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía jurídica, la jurisprudencia de rubro y texto que dicen: "ACCIÓN PENAL MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008) De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental" Acorde a lo anterior, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales De lo anterior, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones Ahora bien, cabe destacar que en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 27/2018, que a la letra se cita: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos" Criterio jurisprudencial en el que se sostuvo que si bien los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, también lo es que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal e inclusive Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad Así mismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; entendiéndose que la negligencia en el actuar del Ministerio Público responsable, como lo es la "no localización" de una carpeta de investigación encuadra en este supuesto En esa tesitura, es evidente que "la negligencia" u "omisión" que reclama el promovente, es impugnable, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258 Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno" De esta manera, si el medio de defensa que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto impulsar la prosecución del procedimiento penal, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías Luego, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y negligencias del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad" En ese sentido, el hecho de que el agente investigador no localice la carpeta de investigación materia del acto reclamado, constituye una "negligencia", que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca; acto que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario Máxime que, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones y/o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones En consecuencia los actos que por esta vía se reclaman del fiscal responsable deben ser impugnados en la sede jurisdiccional ordinaria, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial, las omisiones o negligencias del ministerio público durante la fase de investigación Así, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra los actos reclamados, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; y, consecuentemente, en aplicación del diverso numeral 63, fracción V ídem, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, respecto del acto reclamado al 2 Director de Agencias del Ministerio Público, Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla y 3 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Zona, Región Sur-Oriente En ese sentido, resulta pertinente señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resultan notorias, manifiestas e indudables, las causales de sobreseimiento en estudio, y éstas no podrían desvirtuarse con algún otro elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitará hasta su conclusión, el asunto llegaría al mismo resultado, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a/J10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Registro: 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables 2. Director de Agencias del Ministerio Foránea Sur Oriente de Tehuacán, Puebla y 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, con residencia en Casa de Justicia de Tehuacán, Puebla: José Serapio Torres, rindan sus correspondientes informe de ley; en virtud que de las constancias de notificación que obran glosadas en autos, deriva que el cuatro de junio pasado les fue notificado el oficio mediante el cual se les requirió el citado informe. Ante tal circunstancia, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
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