Mario Ramón Cruz Martinez

Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
707/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Mario Ramón Cruz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 55010/2019 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia que se le planteó mediante proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 8 a 13), registrándolo bajo el número de juicio de amparo 2091/2019; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Conforme a lo anterior, es de sostenerse que este asunto se encuentra debidamente integrado, ya que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia con fundamento en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese como concluido, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Dado que este asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto Primero, inciso XX, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido a partir del veintinueve de febrero de dos mil veinte. Finalmente, remítanse a la autoridad de cuenta el informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto, rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comatitlán, previa copia que en su lugar se deje para constancia, a afecto de que provea lo que estime correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 20280 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 409/2019-I (orden 477/2019-I), pues notificó al quejoso Mario Ramón Cruz Martínez, el proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el telegrama enviado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas" con sede en Villa Comatitlán, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que este órgano jurisdiccional le hiciera en proveído de trece del mes y año en curso, rinde su informe en relación a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado Federal al quejoso Mario Ramón Cruz Martínez; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 3303/2019-1, firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al que adjunta un escrito de demanda signado por Mario Ramón Cruz Martínez, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas", ubicado en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez; regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 707/2019-I, acúsese el recibo de estilo y fórmese el expediente correspondiente. Ahora bien, del escrito de demanda se observa que en los capítulos de actos reclamados y antecedentes de los mismos, el quejoso señaló la omisión y tardanza del Titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en funciones de Juez de Ejecución, para resolver las controversias número 211/2019 y 213/2019, en virtud de que manifestó carecer de competencia. En ese sentido, se desprende que dichas controversias fueron promovidas por la parte quejosa con motivo de la omisión de que se le realicen las gestiones necesarias para que se le hagan estudios especializados en la garganta ya que tiene las anginas inflamadas, así como el cuello y un cachete que le causan molestia al consumir alimentos; de igual manera, la omisión de realizarle un estudio especializado en los ojos y de otorgarle el tratamiento de medicina adecuado, ya que le arden los ojos y le salen lagañas, por circunstancias ambientales del modulo en que se encuentra ubicado; finalmente, por la omisión de regular el aire acondicionado del modulo "bravo VI", en el que reside, ya que a las once de la mañana hasta las seis de la tarde esta demasiado frio y lo usan como medio de tortura para los reos. Descrito lo anterior, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta e inadecuada atención médica en agravio del quejoso Mario Ramón Cruz Martínez, respecto de los padecimientos que presenta, esto es, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas" con sede en Villa Comaltitlán, en su calidad de autoridad responsable, deberá en forma inmediata prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. La autoridad responsable deberá informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que haya dado a la presente suspensión, apercibida que de no acatar lo anterior se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos) moneda nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cual de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso, si bien es cierto que el acto reclamado por el quejoso Mario Ramón Cruz Martínez, se hizo consistir en la omisión y tardanza del Titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en funciones de Juez de Ejecución, de resolver las controversias número 211/2019 y 213/2019, al haberse declarado legalmente incompetente para resolver sobre las mismas; de los antecedentes que conforman el acto reclamado, se desprende que las peticiones que contienen dichas controversias, son relativas a la deficiente atención médica que se le brinda al agraviado dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas", lo cual constituye la verdadera causa de pedir dentro de la demanda de garantías que nos ocupa. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la falta de atención médica de las responsables, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentran privados de su libertad el quejoso Mario Ramón Cruz Martínez (Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas"), por lo que es obvio que se están llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión de los agraviados. Sirve de apoyo, la tesis de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 2093, del mes de julio de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas" con residencia en aquella localidad, en el que se encuentra recluido el peticionario de garantía. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." También es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del juicio, dada la competencia que se le plantea, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. No se soslaya que el escrito de cuenta no reúne literalmente los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo; sin embargo, estos se encuentran tácitamente en el mismo, en la medida que, está dirigido a este Juzgado, el cual es especializado en Materias de Amparo y Juicios Federales; también se advierte la causa de pedir, consistente en la falta de atención médica especializada; asimismo, aparece el nombre y la firma del quejoso, la autoridad responsable, que en el caso, por reglamentación recae en el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas" con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; así como los hechos en que se sustenta la causa de pedir, de ahí que sea procedente el trato de demanda dado en este proveído. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído al agraviado Mario Ramón Cruz Martínez, en el lugar en que están internado, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas"; se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones; asimismo, para que ordene a quien corresponda notifique a la autoridad responsable la suspensión de plano aquí decretada, para lo cual deberá remitirse el oficio correspondiente. Notifíquese personalmente vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe.

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