Mario Ramón Cruz Martínes
Expediente 800/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2019
Partes del expediente
- Mario Ramón Cruz Martínes
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio 20753, firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, enviado por la vía electrónica, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 456/2019-IV (orden 531/2019-IV) del índice de este órgano de control constitucional, librado con el fin de notificar a la parte quejosa el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, lo que aconteció el diecinueve del mismo mes y año; en consecuencia, dése de baja la comunicación oficial de mérito en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 55168/2019, signado por Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional a su favor, para seguir conociendo del presente asunto; en tal razón, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria a ésta, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Por ello, se advierte que el presente cuaderno se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Con fundamento en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente no se considera de relevancia documental, pues no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Finalmente, dado que el presente asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, inciso XX del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido el presente cuaderno a partir del veinte de marzo de dos mil veinte, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio P.35985/2019-II, relativo al cuaderno de "Varios", firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, con el que remite el escrito de demanda signado por Mario Ramón Cruz Martínes y el anexo que adjuntó al mismo, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 800/2019-IV y fórmese expediente. Este órgano jurisdiccional, una vez que analizó la demanda de amparo, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver del juicio de garantías, con base en las consideraciones que a continuación se detallarán. Al respecto, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la legislación de la materia, se procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez de Distrito haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Ahora, para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En el caso, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. Ciertamente, el promovente ocurre a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, a quien atribuye la negativa de excluir de la causa penal 300/2013 diversas declaraciones ministeriales, por existir, según dice, una discrepancia sustancial en ellas sobre las circunstancias de modo y tiempo que rodean al ilícito que le es atribuido. Asimismo, refiere que por ese motivo se ordenó el careo del nombrado impetrante con diversos testigos de descargo, a lo que expresó su inconformidad con ello y a su vez solicitó el cierre de instrucción del proceso punitivo de origen. Petición que fue desechada en acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve en el juicio natural, y que genera inconformidad en el agraviado Mario Ramón Cruz Martínes; esto e, se está ante la presencia de un acto que solo surte efectos dentro de la causa penal de origen, y que además no se advierte que en su contra se haya promovido el recurso ordinario que la legislación que rige dicho acto prevé al respecto. Por tanto, si los efectos y consecuencias de lo reprochado toralmente en esta vía constitucional por Mario Ramón Cruz Martínes, tendrán lugar fuera de la jurisdicción, que según lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a este Juzgado de Distrito, es evidente que se carece de competencia legal para conocer del asunto. Cabe recordar que el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: 1.- Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones. 3.- Pero, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el primer punto, cabe hacer la aclaración siguiente: a) Con relación a aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares, se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar, son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde tal ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado, empero el supuesto en comento, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos: 1) Actos de Tracto Sucesivo: son aquéllos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; y, 3) En donde se ejecute: es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Atento a lo anterior, así como del análisis de la demanda de cuenta, se pone de manifiesto la notoria incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la misma, pues los efectos y consecuencias de lo toralmente reclamado, habrá de verificarse, en el lugar de residencia del Juzgado de Distrito señalado como responsable, esto es, en Puente Grande, Jalisco. Por tanto, tomando en consideración que no se advierte que los actos reprochados en esta vía, puedan tener ejecución en el ámbito territorial de este órgano jurisdiccional, este Tribunal Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Por ende, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, ni suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados, atento a que no se trata de actos mencionados en el artículo 15 de la legislación apuntada, toda vez que es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no enfoque subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. En ese orden de ideas, previo cuaderno de antecedentes, remítanse los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, el cual se estima competente, solicitándole atentamente tenga a bien ordenar el acuse de recibo correspondiente. Es aplicable al caso la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a agosto de dos mil uno, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar en así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir o señalar o no a la autoridad ejecutora." En otro orden de ideas, y toda vez que el quejoso Mario Ramón Cruz Martines, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización del referido agraviado, le notifique el presente acuerdo. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV... Téngase por recibido el oficio P.35985/2019-II, relativo al cuaderno de "Varios", firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, con el que remite el escrito de demanda signado por Mario Ramón Cruz Martínes y el anexo que adjuntó al mismo, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 800/2019-IV y fórmese expediente. Este órgano jurisdiccional, una vez que analizó la demanda de amparo, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver del juicio de garantías, con base en las consideraciones que a continuación se detallarán. Al respecto, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal...
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