Mario Ramirez Vega

Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Ramirez Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio con anexo del Segundo Tribunal Colegido en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 229/2023, interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. Como lo solicita con fundamento el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado el incidente de suspensión que solicita la parte quejosa. Asimismo, se determina que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, se forma con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno incidental original, mismas que podrán ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); lo anterior, con fundamento en lo establecido en el ordinal 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De la celebración de la audiencia. Hágase saber a las partes que la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado. Requerimiento informes justificados. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberán referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo, debiendo, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir lo reclamado en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este Juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Por otro lado, se hace notar a dichas partes que de la misma manera podrán allegar los oficios y anexos que estimen pertinentes preferentemente vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 2, fracciones XV y XVI 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento de constancias. En caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comuniquen de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se les aplicará a cada una, una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables para que informen, si tienen conocimiento de algún juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele, en términos de la fracción I del artículo 237 en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, una multa de hasta de mil unidades de medida y actualización, conforme al invocado artículo Tercero Transitorio del decreto reformas y adiciones constitucionales. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa, que si las autoridades señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que anexó en su ocurso de demanda, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación autoridades responsables. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto; sin perjuicio de que se les imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Hecho notorio, se instruye oficial judicial A. Asimismo, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXV, Junio de 2007, en la página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". El diverso juicio de amparo 982/2023, -cuaderno incidental- del índice de este Juzgado Federal, del que se advierte que las autoridades responsables precisaron la denominación correcta de la autoridad responsable por la que rindieron su respectivo informe previo. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento, se instruye a la Oficial Judicial A, a efecto de que haga las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto de las denominaciones correctas de las responsables señaladas en autos. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se apertura el presente incidente de suspensión, en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el juicio 978/2023, promovido por ********, por propio derecho, contra actos del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Requerimiento de informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formule en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio. Apercibimiento. Indíquese a las autoridades responsables, que la Ley de Amparo, en su artículo 260 fracción I, dispone que podrá multárseles en caso de que no rindan su informe previo antes de la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental; por tanto, de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Por otro lado, se hace notar a dichas partes que de la misma manera podrán allegar los oficios y anexos que estimen pertinentes preferentemente vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 2, fracciones XV y XVI 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Fecha audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138 fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. De la celebración de la audiencia incidental. Hágase saber a las partes que la audiencia incidental se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia incidental, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia incidental no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: a). La orden de desposesión, ocupación, invasión, construcción e instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica dentro de los linderos de la parcela de la parte quejosa. b). La omisión de iniciar el procedimiento que refieren los artículos 74, 75, 79, 81 de la Ley de la Industria Eléctrica, y ordinario 93, 99, 100 al 102 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que pretendieron construir, instalar infraestructura de conducción de energía eléctrica en linderos de la parcela de la parte quejosa; y, c). Las consecuencias jurídicas de los incisos que anteceden que se traducen en que sea afectada la parcela de la parte quejosa con la construcción e instalación de postes para la conducción de energía eléctrica dentro de los linderos de la parcela de la parte quejosa. Improcedencia de la medida cautelar. Precisado lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y en ese sentido, este Juzgado concluye que respecto al acto precisado en el inciso a), lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que le reviste el carácter de consumado, dado que ya se llevó a cabo al momento de su emisión, asimismo, por regla general, contra ese acto es improcedente conceder la suspensión provisional, en virtud a que va contra la naturaleza misma de la suspensión, cuya finalidad es conservar la materia del amparo, y evitar que el acto reclamado se siga ejecutando. Apoya esa negativa la tesis de jurisprudencia II.3o J/37, visible en la página 51, Tomo VI, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo" Asimismo, por cuanto al acto reclamado en el inciso b), lo procedente es negar la medida cautelar solicitada, toda vez que el acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder a la parte quejosa su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora, por regla general no ha lugar a otorgar la medida suspensional contra actos negativos, pues implicaría tener efectos restitutorios lo cual es propio de la sentencia; y si bien en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo pudiera concederse la medida para restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, ante la apariencia del buen derecho; en el caso no se considera conducente, como se determinara a continuación. En principio, es necesario dar noticia de las consideraciones expuestas en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) en la que la Segunda Sala del alto tribunal explicó los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. En dicho criterio la Segunda Sala determinó que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la parte quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Que lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la parte quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, sostuvo, que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. Que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable al quejoso, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. También señaló que la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. La jurisprudencia invocada es del contenido siguiente: "Registro digital: 2026730 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En tal virtud, si el acto reclamado lo constituye la omisión de iniciar el procedimiento que refieren los artículos 74, 75, 79, 81 de la Ley de la Industria Eléctrica, y ordinario 93, 99, 100 al 102 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que pretendieron construir, instalar infraestructura de conducción de energía eléctrica en linderos de la parcela de la parte quejosa, en este supuesto, bastaría una sola actuación de la autoridad para restituir el derecho transgredido y que no se podría revocar en el evento de que le fuere negado el amparo al quejoso; de ahí que, al no poder distinguir a la suspensión de la concesión del amparo, se actualiza un impedimento jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. Luego, lo relevante del caso radica en que si se concede la medida cautelar para el efecto de que se inicie el procedimiento que refieren los artículos 74, 75, 79, 81 de la Ley de la Industria Eléctrica, y ordinario 93,99,100 al 102 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, por la pretensión de construir, instalar infraestructura de conducción de energía eléctrica en linderos de la parcela de la parte quejosa, es evidente que se dejaría sin materia el juicio, que no se podría revocar en el evento de que le fuere negado el amparo al peticionario, por lo que existe un impedimento jurídico para restablecer provisionalmente a la parte quejosa en su prerrogativa afectada, motivo por el cual, como se dijo es improcedente la concesión de la medida cautelar. Sin que de momento se adviertan datos para conceder la medida cautelar solicitada conforme a la apariencia del buen derecho, sin perjuicio de que se analice de nueva cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva. Procedencia de la medida cautelar. En lo que concierne al inciso c) consistente en las consecuencias jurídicas que deriven de los actos destacados en los incisos a) y b), que se traducen en que sea afectada la parcela de la parte quejosa con la construcción e instalación de postes para la conducción de energía eléctrica dentro de los linderos de la parcela de la parte quejosa; es necesario verificar si se reúnen los requisitos que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo: 1.- Que haya sido solicitada por la parte quejosa. 2.- Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El primero de ellos fue colmado, toda vez que en el escrito de demanda fue solicitada la suspensión. El segundo, también se satisface, puesto que, con la concesión de la medida cautelar solicitada no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí, por el contrario, de negársele se pueden ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto reclamado. Conviene precisar que la parte quejosa promovió el juicio de amparo de origen en contra de la omisión de iniciar el procedimiento establecido en los artículos 74, 75, 79, 81 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 93, 99, 100 al 102 de su Reglamento, ello, en virtud de que las autoridades responsables están afectando su parcela mediante la ocupación o invasión para construir o instalar infraestructura de conducción de energía eléctrica, sin que a la fecha se haya constituido servidumbre de paso, ya sea jurisdiccional, administrativa o voluntaria; como consecuencia de lo anterior, también señaló la orden y actos de ejecución consistentes en la ocupación, invasión, construcción e instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica dentro los linderos de su parcela ejidal, sin ninguna autorización o mandato; solicitando la medida cautelar para el efecto de que se suspenda la aludida orden y no se le afecte o invada su parcela con las obras de construcción, paralizando toda obra o trabajo hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, ordenando a las responsables que se mantengan las cosas en el estado que están en lo que se tramita el juicio. Ahora bien, atendiendo a la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora, el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, se tiene que en el caso sí se acredita la apariencia del buen derecho, atendiendo a sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, de las cuales se aprecia que la ocupación, invasión, construcción e instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica que reclama no se encuentra justificada a través de algún acto o determinación que le permitiera a las autoridades legalmente desarrollar tales actividades; como se aprecia de los hechos 1, 2, y 3 de su demanda. Máxime que hasta este momento acredita la titularidad de derechos agrarios sobre la tierra que se dice afectada correspondiente al certificado parcelario número *****, que ampara la parcela*****, de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, con la copia certificada del título respectivo. Al caso son aplicables las jurisprudencias que se transcriben a continuación con sus datos de localización. "Registro digital: 200136 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 16 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Registro digital: 165659 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Ahora bien, en el caso, como ya se dijo, que a la parte quejosa le asiste la apariencia del buen derecho, pues alude que no existe o por lo menos no tiene conocimiento de que los actos reclamados se estén desarrollando de manera legal, es decir, bajo la justificación de una procedimiento previo o determinación que les permita la ocupación, invasión, construcción e instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica; lo que evidencia en el caso la necesidad de otorgar la medida suspensional de manera provisional, pues no existe, hasta este momento, elemento alguno que permita determinar razonable y objetivamente, que con el otorgamiento de la medida cautelar pudiera generarse una afectación al interés social y contravendría disposiciones de orden público, pues no basta presumirlo, sino que debe ser real y patente, pues de ello dependería en su caso, que se conceda o niegue la medida cautelar. No pasa desapercibido para este tribunal, que en términos de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, estableciéndose como una de las áreas estratégicas que pertenecen de forma exclusiva a la Nación, la planeación y el control del sistema eléctrico, así como, el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, por considerarlo de interés social y orden público, tal como se aprecia de su contenido que se transcribe enseguida. Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.(.) Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.(.) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. (.) No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia". Sin embargo, ello no puede invocarse por sí mismo como una causa suficiente para que se niegue la suspensión del amparo, toda vez que equivaldría a permitir, aun de manera temporal, el desarrollo de actos que violen flagrantemente derechos humanos, bajo el hipotético supuesto de generar una afectación al interés social y contravención disposiciones de orden público sin elementos objetivos que permitan percibirlo; lo cual haría nugatoria la naturaleza y objetivo tanto del juicio de amparo como un medio de control constitucional diseñado para velar por el respeto de los derechos humanos de los gobernados, frente a las actuaciones arbitrarias de la autoridad, como de la suspensión como medida precautoria, no sólo para preservar la materia del juicio, sino evitar que se continúe con la violación aducida. Máxime que las autoridades responsables, al rendir sus informes previos podrán, en su caso, acreditar de manera objetiva la afectación antes referida, o bien, evidenciar la desventaja a la colectividad o que se le impida la obtención de un provecho real y actual; lo que en su caso justificaría una negativa de la medida que nos ocupa al resolver en definitiva. Alcance de los efectos. En tales condiciones, con fundamento en el referido artículo 128 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN para el efecto de que: a) Se suspendan los efectos de la orden y actos de la desposesión, ocupación, invasión, construcción e instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica de los que se duele la parte quejosa, en la parcela número *******, perteneciente al ejido de Jojutla, Morelos. b) Y se mantengan las cosas en el estado que guardan actualmente hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva; es decir, sin que ello implique que deba retirarse o que se sustraiga cualquier material u obra ya desarrollada, toda vez que ello implicaría un efecto restitutorio de manera definitiva, propio de la sentencia de amparo, esto, siempre y cuando no se hayan llevado a cabo y hasta en tanto se notifique lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Cabe precisar que dicha suspensión se concede tomando en cuenta la documental que en copia certificada obra en este incidente, consistente en el certificado parcelario número *******, que ampara la parcela *******, de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, así como lo manifestado bajo protesta de decir verdad en el sentido de que es el propietario de dicha parcela; por lo que, por el momento acredita presuntivamente su interés para solicitar la medida cautelar. Lineamientos que no surtirán efectos, si la autoridad responsable actuara bajo el amparo de un acto jurídico o resolución administrativa o judicial que le permita desarrollar las acciones reclamadas en el amparo o acredite la existencia de un procedimiento previo que lo justifique; o bien, que los actos no se estén desarrollando en la parcela de la que se ostenta como titular la parte quejosa, conforme a los límites que en el certificado exhibido aparecen, así como si los derechos agrarios no se encontraran vigentes. Lo anterior, tiene sustento en el recurso de queja en materia administrativa 213/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamente en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales que exhibió junto con su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. ... Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que comunica se admitió el recurso de queja interpuesto por la aquí parte quejosa por conducto de su autorizado contra el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 229/2023; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito y anexo con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica de ********, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda. Trámite. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, mismo que se precisa fue recibido vía electrónica. Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, y no así como lo indico la parte quejosa en el sentido de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; lo anterior, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. En ese sentido, acorde con lo dispuesto en el considerando décimo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; así como del artículo 113 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (el cual fue reformado por el primer acuerdo mencionado), vigentes a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, que en lo concerniente señalan que en los casos de la interposición de recursos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través de la plataforma correspondiente, es decir, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, remítase en su momento por esa vía electrónica el expediente del presente juicio, salvo que el órgano jurisdiccional destinario estime necesario contar con las constancias físicas. Se instruye. Se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitido el informe con el escrito de agravios en original y copia a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar a la oficial administrativo encargada de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Notifíquese.

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