Mario Ocampo Ocampo
Expediente 1353/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mario Ocampo Ocampo
- Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional, las acciones que ha realizado para dar respuesta al oficio *******de once de octubre del año en curso, que le envió la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; apercibida que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, personalidad que acredita con la constancia de mayoría que exhibió en su ocurso de demanda, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1353-2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. Ahora bien, del ocurso de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: Causal de improcedencia. Por tanto, en el caso, la suscrita juzgadora estima que, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, que en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [.]". Los dos últimos numerales transcritos, establecen que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclame le ocasiona un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para promover la instancia constitucional, cuya promoción puede hacerse por sí o a través de su representante y, en su caso, por medio de defensor cuando el acto corresponda a una causa penal. En el particular, el Presidente del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, aduce en su demanda, que comparece al juicio en reclamo de la imposición de la multa contenida en resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 01-374-17, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Ahora bien, independientemente de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, haya impuesto la multa refiriéndose al titular del cargo, en el caso Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, se entiende que la multa se impone a la persona física que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al puesto, dirección, dependencia u organismo descentralizado. Por tanto, la persona física responsable es quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dependencia del gobierno. En consecuencia, si la multa se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad incurre en un desacato, dicha multa pudiera ser susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio, es la legitimada para promover el juicio de amparo; no así en su carácter de autoridad o por conducto como en el caso del Presidente Municipal, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la multa sino a la persona física en su actuar como funcionario. Por identidad de razones, es aplicable la jurisprudencia 3-2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, página 110, de rubro y texto: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.3o.A.9 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1908, que dice: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción." En tales condiciones, es claro que el Presidente del Ayuntamiento carece de legitimación para acudir a la instancia constitucional, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física que ocupa ese cargo - presidente municipal-, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate -Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla-, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido es improcedente. Por las razones que la sustentan, por analogía es aplicable la jurisprudencia 92-2010, emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente." Por consiguiente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.
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