Mario Orlando Sánchez Saavedra
Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mario Orlando Sánchez Saavedra
- Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, Con Sede En León, Guanajuato
- Fiscal de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticinco de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DE PLANO DEMANDA DE AMPARO."
- Principal
Cumple prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes agréguese a los autos el escrito presentado por Mario Orlando Sánchez Saavedra, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado por auto de siete de octubre de dos mil veintidós; consecuentemente, se provee: II. Quejoso. Mario Orlando Sánchez Saavedra. III. Autoridad responsable. Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad. IV. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo y del ocurso de cuenta se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte del promovente del amparo, lo siguiente: a) El auto de radicación de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Juez responsable señaló las nueve horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560. b) El acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el toca 95/2022-O, a través del cual la Sala responsable desechó por improcedente la "excitativa de justicia" promovida con la finalidad de cambiar la fecha de la audiencia de debate, programada en la causa penal antes reseñada. V. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado descrito en el inciso a),consistente en el auto de radicación de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se señalaron la nueve horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso con relación al acto reclamado descrito en el inciso a), que antecede se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra, el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad rector del juicio de amparo debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar, que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance el gobernado, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. En ese sentido, los artículos 465 y 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales textualmente disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". De la interpretación de los numerales transcritos, se obtiene que dentro del procedimiento penal acusatorio adversarial y oral es procedente el recurso de revocación en contra de las determinaciones dictadas fuera de audiencia, del cual conocerá el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. Medio de impugnación que resulta eficaz para revocar el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, en lo atinente a la fijación de la fecha y hora, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560. Determinación anterior que de conformidad con lo dispuesto por los normativos examinados, puede ser revocada a través del recurso idóneo para ello, esto es por el de revocación, previsto en la Ley que rige el acto reclamado sin que de lo narrado por el quejoso o de las constancias allegadas al presente juicio de amparo se advierta que éste lo haya hecho valer; por tanto, se tiene que dicho acto reclamado no es definitivo y no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado en análisis, el quejoso tenía la carga de agotar el recurso de revocación, ante el Juez de juicio oral Penal del conocimiento y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado que nos ocupa (reseñado en el inciso a) no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni el peticionario del amparo es tercero extraño en la causa de origen, sino que es inculpado en el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2º.C.J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, es evidente que con relación al acto reclamado consistente en el auto de radicación de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Juez responsable señaló las nueve horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560, se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, lo procedente es desechar la demanda de amparo por lo que ve a dicho acto. En suma de lo anterior, esta Juzgadora advierte que contra el acto reclamado en estudio reseñado en el inciso a), también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se advierte que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 18 del ordenamiento legal citado, el cual prevé que los quince días se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en el apartado relativo a los antecedentes, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el proveído reclamado de dos de septiembre del año en curso, le fue notificado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", coligiéndose así que la demanda en estudio por lo que ve al acto reclamado consistente en el auto de radicación de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Juez responsable señaló las nueve horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560, también deviene extemporánea, toda vez que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, afirmó que dicha resolución le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil veintidós; y por ende el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para haber promovido la demanda de amparo en contra del referido acto reclamado, feneció el treinta de septiembre de dos mil veintidós. En efecto, al realizar un análisis conjunto del precepto normativo con el caso concreto, se obtiene que la demanda también es improcedente, por lo que a dicho acto se refiere, porque su presentación resulta extemporánea; tal y como se aprecia a continuación: Fecha de notificación Cómputo del plazo de quince días Fecha de presentación de la demanda Días inhábiles 05 de septiembre 2022 Del 07 al 30 de septiembre 2022 06 de octubre 2022 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24 y 20 de septiembre 2022 De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el seis de octubre de dos mil veintidós, tal y como se advierte del sello de recepción asentado en la misma, es incuestionable que su presentación se realizó de manera extemporánea, con relación al acto combatido, señalado en acápites precedentes en el inciso a). Circunstancia que hace evidente que la presentación del escrito de demanda fue realizado fuera del término legal para su presentación, toda vez que si la presentación del escrito de demanda se realizó fuera del término legal; es irrefutable que su depósito en el buzón judicial es extemporáneo. Por ello, resulta manifiesto que en relación con el acto consistente en el auto de radicación de dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Juez responsable señaló las nueve horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560, también se actualice en forma notoria e indudable la diversa causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado descrito en el inciso b) consistente en el acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el toca 95/2022-O, a través del cual la Sala responsable desechó por improcedente la "excitativa de justicia" promovida con la finalidad de cambiar la fecha de la audiencia de debate programada en la causa penal 1P2021/560, quien resuelve estima actualizada la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracciones XIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 217 de la ley en cita y la Jurisprudencia número 17, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Apéndice 1917 - 1995, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Se explica. De los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, reproducidos en acápites precedentes, así como de la jurisprudencia invocada, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando tal circunstancia resulta de alguna disposición de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del artículo 217 de ésta última se desprende que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para las Salas de la misma, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Atento a lo expuesto, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos y que los supuestos para que opere la causal de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En la inteligencia que para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no importa que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia de aquel, puesto que la misma supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se planteé en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos; de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tercera Parte Tomo CXXXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que sobre el particular establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con él; 2) Hay consentimiento expreso, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, como ya se dijo, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Bajo esa óptica, para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Norman los razonamientos de previa exposición, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 139 - 144 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Ahora, precisa acotar que el consentimiento también existe por el no ejercicio de un derecho destinado a promover la impugnación del acto; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso, del juicio de amparo, toda vez que estos constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. En efecto, para evidenciar la actualización de la causal en estudio con relación al acto en análisis, resulta pertinente destacar que la emisión de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós pronunciada por la Sala responsable mediante la cual desechó por improcedente la "excitativa de justicia" instada por el quejoso con la finalidad de cambiar la audiencia de debate, bajo el argumento de que dicha petición no se encuentra contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales denota así que en contra del acto primigenio en el cual se señaló fecha y hora para el inicio de la audiencia de debate, dentro de la causa 1P2021/560, que refiere el quejoso le irroga perjuicio, éste no interpuso el medio ordinario de defensa idóneo, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (revocación), ni promovió dentro del plazo que establece la Ley de Amparo el juicio biinstancial, tal y como se puso de manifiesto en acápites precedentes. Luego, si el auto priminigenio por el cual se fijó la fecha y hora para el inicio de la audiencia de debate dentro de la causa 1P2021/560, no fue impugnado mediante el recurso idóneo para tal efecto, ni se promovió en tiempo el juicio de amparo con relación al mismo, entonces deviene inconcuso que la resolución reclamada atribuida a la Sala responsable, constituye un acto derivado de otro consentido tácitamente, lo que de suyo hace que con relación al acto reclamado ahora en análisis, se actualice la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XIII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 217 de la ley en cita. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia indicadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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Expediente y registro. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 114, fracciones I y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin formular ni presentar una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: a. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes de los actos que tilda de inconstitucionales; lo anterior, en razón a que no realizó una narración precisa y completa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación a los mismos y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, en virtud de que los narrados resultan imprecisos e insuficientes para tal efecto, siendo que ello es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes y un requisito formal establecido en la ley de la materia. Narración en la que deberá incluir las datas de emisión de las resoluciones reclamadas. b. Aclare, bajo protesta de decir verdad, qué fue lo que promovió para solicitar que se adelantará la fecha señalada para la audiencia final de juicio, pues al efecto sólo refiere que promovió "excitativa de justicia", lo cual constituye una manifestación ambigua e imprecisa para estar en aptitud legal de identificar el origen de uno de los actos que combate, pues constituye un hecho notorio que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé algún medio de impugnación o figura jurídica denominada de esa manera; de ahí la aclaración peticionada. Máxime que el propio promovente menciona que esa "excitativa de justicia", es la que le fue desechada por improcedente por la Sala Penal que señala como responsable; de ahí el requerimiento que se le formula. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." c. Exhiba copias simples de las resoluciones que tilda de inconstitucionales, a fin de que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento de su contenido íntegro. En el entendido de que las protestas peticionadas deberá realizarlas únicamente el directo quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que se indica en la demanda de amparo y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Ernesto Montero Landeros y Juan Gilberto Ornelas Vela, por sí contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Carmen Yessenia Ducoing Méndez, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite contar con dicho registro y en los mismos términos a las restantes personas que refiere por así haberlo precisado. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante dentro del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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