Mario Negrete Pantoja
Expediente 394/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mario Negrete Pantoja
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. I. Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso ********************, a través del cual en atención al requerimiento efectuado el diecinueve de mayo del año en curso, desahoga la prevención que se le formuló, en atención a ello se provee: II. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama medularmente lo siguiente: La orden de valuación con número de folio ******************** de seis de mayo de dos mil veintiuno y su inminente ejecución. III. Desechamiento. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda o en su caso, en el ocurso aclaratorio, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, bajo protesta de decir verdad, o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Este tribunal estima que, en el presente caso, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, los numerales que contemplan la causa de improcedencia actualizada son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello en razón de que, conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Ahora bien, el acto reclamado consistente en la orden de valuación con número de folio ******************** de seis de mayo de dos mil veintiuno y su inminente ejecución, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico del aquí quejoso, pues dicha orden, por sí sola, no le causa perjuicio alguno. Lo anterior es así, pues aunado al hecho de que no se encuentra dirigida al directo impetrante, sino a diversa persona, como se aprecia de la siguiente imagen: La orden de valuación catastral del inmueble del que se ostenta propietario el quejoso no ocasiona por sí misma un perjuicio a la esfera de derechos de aquél, ya que en todo caso dicho perjuicio se cristalizará hasta que la autoridad administrativa realice el avalúo correspondiente y, será hasta ese momento cuando el impetrante pueda reclamarlo a través del juicio de amparo, una vez agotados los medios de defensa ordinarios en contra de aquél, tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 22/94, con número de registro 164394; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 267, Julio de 2010, Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; del rubro y texto siguientes: "AVALÚO CATASTRAL. SU ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL GOBERNADO POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/94). El avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos. Dicho valor fiscal generalmente sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. Así, la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. En este orden de ideas, es claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inmediato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. De aquí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de garantías en términos del artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es importante apuntar que el hecho de que se reconozca que el avalúo catastral afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, no significa que cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste indefectiblemente será procedente, pues el juzgador deberá verificar, en cada caso, que no se actualice alguna causa de improcedencia concreta. Así por ejemplo, podría darse el supuesto de que en contra del avalúo existiera un medio ordinario de defensa que tuviera que agotarse previamente a acudir al juicio de amparo, o que la demanda se hubiera presentado fuera del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, concluye que el acto reclamado consistente en orden de valuación con número de folio ******************** de seis de mayo de dos mil veintiuno y su inminente ejecución, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que procede es desechar la presente demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Solicita acceso electrónico. Agréguese a los autos el escrito enviado por el aquí quejoso, mediante el cual solicita acceso al archivo electrónico del juicio en que se actúa, y en atención a su manifestación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el número de usuario "*****" se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
León, Guanajuato; diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. I. Parte quejosa. Mario Negrete Pantoja. II. Autoridades responsables. Dirección General de Ingresos de la Tesorería de esta ciudad y otras autoridades. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 394/2021-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto que reclama en la presente instancia constitucional, ya que en el apartado respectivo refiere que se trata de la omisión de aplicarle los artículos 2 (reserva y protección ecológica) y 6, fracción III, (rústicos), inciso b) no agrícolas de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis; sin embargo, de los antecedentes se advierte que reclama la orden de valuación con folio número 0343-21 de seis de mayo de dos mil veintiuno, empero, también hace mención a diversas omisiones legislativas en las leyes de ingresos para el municipio de León, Guanajuato, de los años dos mil diecisiete a dos mil veintiuno; mientras que dentro del capítulo de conceptos de violación, hace referencia a la inconstitucionalidad de los artículos 2, 5 y 6, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno; de ahí que, ante tanta ambigüedad, deberá precisar qué es lo que reclama en el presente juicio de amparo. Relate de manera cronológica y detallada, la totalidad de los antecedentes del acto que, en su caso, señale como reclamado, en el entendido de que si reclama la orden de valuación con folio número 0343-21 de seis de mayo de dos mil veintiuno, deberá narrar los antecedentes vinculados con la misma. De igual forma, si se trata de la inconstitucionalidad de los artículos 2, 5 y 6, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, deberá indicar cuál fue el primer acto de aplicación y en qué fecha se dio éste, asimismo, exprese si previamente promovió juicio de amparo en contra de las omisiones legislativas de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de los años dos mil diecisiete a dos mil veintiuno. Asimismo, sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes e integral el incidente de suspensión, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario DoctorNegrete, cuyo titular es Mario Negrete Pantoja, toda vez que su nombre de usuario se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, como el promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Se tiene como como autorizada en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Ana Carmen García Hernández, en virtud de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Se exhorta y se requiere al quejoso. Asimismo, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Finalmente, es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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