Mario Moisés Torres Gómez

Expediente 2679/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2679/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Mario Moisés Torres Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 2679/2022-I-B, promovido por Mario Moisés Torres Gómez; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el catorce de noviembre de dos mil veintidós y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Fiscal General del Estado de Yucatán. EJECUTORAS: Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación. Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán. Comandante de Mandamientos Ministeriales de la Policía Estatal de Investigación Todos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2679/2022-I-B y se admitió a trámite, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: Las órdenes de localización, detención y presentación dictadas en su contra; y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 26207), Fiscal General del Estado de Yucatán (promoción 26326), Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación (promoción 26380), Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán (promoción 26378) y Comandante de Mandamientos Ministeriales de la Policía Estatal de Investigación (promoción 26487). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar las negativas de las responsables. En consecuencia, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto de los actos reclamados a dichas autoridades, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos, y Sustancias Químicas, y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisionado de Autorización Sanitaria, residentes en la Ciudad de México, con anexo, con el que informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió a la parte quejosa que en caso de no hacer manifestación alguna dentro de tres días, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por lo que en proveído de siete de diciembre del presente año, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso mediante el cual realizó manifestaciones en torno a lo informado por la autoridad responsable referente a la ejecutoria de mérito. En esas condiciones, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, en particular con la documental remitida por la autoridad responsable, y lo señalado por el aquí quejoso, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES Ahora bien, en sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: "[.] De conformidad con los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 112/99 emitida por el Tribunal Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, cuando se reclama una norma general la concesión de amparo tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos, para el presente y futuro, la norma declarada inconstitucional, por tanto, el efecto del amparo es desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos el sistema prohibitivo previsto en los artículos 235, último párrafo, 235 Bis, 237, último párrafo, 238, 245, fracciones II y IV, 247, último párrafo, 250 y 290, de la Ley General de Salud Con fundamento en el artículo 78, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, tal protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el oficio 183301EL352280, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por lo que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de la parte quejosa, deberá emitir una nueva determinación en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente. En el entendido que ello no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros; y, que corresponderá a la autoridad mencionada establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Debe precisarse que la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. [.]". Posteriormente, la autoridad responsable Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, en suplencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, y en representación de las autoridades responsables Comisionado Federal, Comisionado de Autorización y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, por lo que se remitieron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en Turno, para que resolviera lo conducente. Luego, el veintiuno de abril de dos mil veintidós, se recibió el oficio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a quien le tocó resolver por cuestión de turno, el recurso de revisión 169/2021, y remitió la resolución pronunciada en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós,. En la resolución recibida, la Superioridad en sus resolutivos, señaló: "PRIMERO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. En los términos y para los efectos que se indican en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Rodrigo Osorio Cáceres, Mayra Robles Tohen y Rosa Luisa García Muñoz, respecto del acto y de las autoridades que se encuentran precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.". Por lo que se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia de mérito. Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos, y Sustancias Químicas, y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisionado de Autorización Sanitaria, residentes en la Ciudad de México, mediante oficios recibidos respectivamente el quince de agosto y dos de diciembre ambos del año en curso, remitió copia certificada de los diversos oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-10094-2022 de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14473-2022 y COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14472-2022, de los que se aprecia que otorgó a los aquí quejosos la autorización respectiva para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente. ANÁLISIS Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a realizar dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, las gestiones necesarias, a fin de que se otorgara la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente, a los aquí quejosos; lo que así aconteció y quedó acreditado con las constancias conducentes que remitieron las responsables. DETERMINACIÓN Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Por otra parte, respecto al escrito presentado por la parte quejosa en proveído de siete de diciembre del presente año, en la que solicitó se requiera a la autoridad responsable para que especifique el número de plantas y/o gramaje que el quejoso puede sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, debe decirse que no ha lugar de acordar favorablemente, toda vez que tal circunstancia no forma parte de los efectos de la sentencia amparadora descrita en párrafos precedentes. ARCHIVO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. DEPURACIÓN Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su tercer punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: dos de diciembre de dos mil veintidós. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: cinco de diciembre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: catorce de octubre de dos mil veintidós. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: uno de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Sara Luisa Castro Almeida, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho oficio de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese al presente cuadernillo para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Stephanie Guadalupe Canto López. Respecto a su solicitud de copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente principal, no ha lugar de proveer favorablemente, toda vez que el veintiséis de octubre pasado, se levantó la audiencia constitucional en el juicio de amparo del que deriva este cuadernillo. Por otra parte, en cuanto a las diversas copias que refiere del incidente de suspensión, dígasele que deberá solicitarlas en ese cuaderno, ya que este y aquél se tramitan por cuerda separada. Finalmente, en su oportunidad, agréguese el presente cuaderno de antecedentes al expediente principal Notifíquese y cúmplase.

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