Mario Miguel Pérez Ruíz

Expediente 1077/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1077/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Mario Miguel Pérez Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se realizó legalmente a la parte quejosa por la vía electrónica el día cinco de abril siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que negó la medida cautelar solicitada. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1077/2020-V-A, promovido por ***, en contra del acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día diez de noviembre siguiente, a este Órgano de Control Constitucional, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, entre otras cuestiones, se ordenó el trámite de separación de juicios, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa eran autónomos, por lo que debían substanciarse por separado; se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1077/2020-V-A; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que le compete; se ordenó tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado, así como emplazar a la tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escritos con números de registro 11379 y 11380, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto admisorio, por lo que se ordenó el trámite respectivo y se suspendió en lo principal el procedimiento del presente juicio. Posteriormente, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio número 762, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual adjuntó copia certificada del testimonio de resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca relativo al recurso de queja 179/2020, en la que desechó por notoriamente improcedente, el recurso de queja de mérito. Asimismo, en dicho acuerdo (veintidós de febrero de dos mil veintiuno), entre otras cuestiones, se procedió a levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio y se señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable: El auto de veintiocho de octubre del presente año, dictado en autos del expediente 12/2020, en el que se dicaron diversas medidas de protección a favor de Ana Marcela Ochoa Aldape, con una vigencia de treinta días naturales computados legalmente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo admitió en su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, los mencionados artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la citada causa de improcedencia, toda vez que de las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente de origen 12/2020, se decretaron diversas medidas de protección a favor de Ana Marcela Ochoa Aldape, respecto de sus hijas menores de edad, con una vigencia de treinta días naturales computados legalmente, con apoyo en el artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. En este orden de ideas, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de la parte quejosa con motivo del acuerdo reclamado, no se le podría restituir en el goce de los mismos. Se considera lo anterior, ya que como se señaló anteriormente, la parte quejosa se duele del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se decretaron diversas medias de protección a favor de Ana Marcela Ochoa Aldape, respecto de sus hijas menores de edad, la cual como se ha dicho fue con una vigencia de treinta días naturales computados legalmente; es decir, dicha medida fue decretada del veintiocho de octubre de dos mil veinte, hasta el veintisiete de noviembre de esa anualidad. Y tomando en consideración que el presente juicio se está resolviendo en fecha veintiséis de marzo del año que transcurre, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se les concediera, pues el plazo de treinta días naturales ya ha transcurrido, por lo que ya no sería posible que la medida de protección cobrara nueva eficacia al haberse agotado su vigencia. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 77, interpretado en sentido contrario, y 63, fracción V, de la propia ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expresados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos, para los efectos legales correspondientes, el oficio número 2345, signado por la Secretaria adscrita a este Juzgado Federal, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de veinticinco de febrero pasado, dictado en autos del diverso juicio de amparo 310/2021-III-B, del cual se advierte que, entre otras cuestiones, acusa recibo del oficio 4032/2021/V-A, con el que se remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso Mario Miguel Pérez Ruiz, a fin de que se pronuncie respecto del acto reclamado consistente en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente 12/2020 índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio 762, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada por ese Tribunal, en la queja número 179/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Mario Miguel Pérez Ruiz, en contra del acuerdo dictado en este juicio, el once de noviembre de dos mil veinte; resolución cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Se desecha por notoriamente improcedente el presente recurso de queja." Acúsese recibo y con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, en vigor, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se procede a levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio de amparo, decretada en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; por lo que se señala como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se encuentra reservado de proveer lo conducente respecto del alegato ministerial número 409/2020, registrado con el número de promoción 11775, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal y el informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, hasta en tanto se resolviera lo correspondiente con relación al recurso de queja interpuesto en este asunto, lo cual ya aconteció; por tanto, provéase lo conducente. Respecto del alegato ministerial número 409/2020, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, resérvese para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, como solicita el representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, con relación al informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional relativa. Finalmente, como se ordenó por auto admisorio, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistente en el auto de cuatro de noviembre del presente año, dictado en autos del expediente 12/2020 del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo, a efecto de que proceda a su registro como una nueva demanda y se sirva turnarla a este Juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto en la Circular SECNO/31/2020, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. En el entendido que este órgano jurisdiccional determinó conocer del acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de octubre del presente año dictado en autos del expediente 12/2020 de su índice, por haber sido el primer acto señalado por la parte quejosa en el capítulo respectivo de la demanda de mérito. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, que autoriza y da fe.

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