Mario Martínez Rivera

Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Mario Martínez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "En atención al considerando sexto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice el emplazamiento y notificación al demandado dentro del laboral 431/2020/4-C, identificado como: Sergio Antonio González Sánchez, en el domicilio ubicado en avenida De la Cruz, número 1790-A, entre los inmuebles marcados con los números exteriores 1800 y 1790 de la misma vialidad, en la colonia Vicente Guerrero, en Guadalajara, Jalisco. O en su caso, demuestre la imposibilidad que tenga para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado 800/A/558/2022, la Presidente Auxiliar y Actuario, ambos adscritos a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, quienes allegaron un legajo certificado del que se desprende el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, del que se desprende la manifestación de la parte actora que en vía de enderezamiento manifestó que debido a una acción involuntaria se llamó a juicio a Sergio Antonio González Sánchez, así como a la fuente de trabajo ubicada en la calle Monte de la Luna número 1024, colonia San Marcos, en Guadalajara, Jalisco, cuando el único responsable de la relación laboral es José Antonio Orozco Sánchez, por lo que proveyó enderezar el escrito inicial por lo que respecta tal como el actor lo solicitó. Con lo cual, en proveído de dieciséis de mayo dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. En consecuencia, lo procedente es declarar que la ejecución de la sentencia, ha quedado sin materia, ello de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 138/2022, promovido por Mario Martínez Rivera, por derecho propio; contra actos de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Mario Martínez Rivera, por derecho propio; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El tres de febrero de dos mil veintidós, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 138/2022; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: la omisión de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta su celebración definitiva, dentro de los términos de Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 431/2020/4-C. Al Actuario notificador adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada dentro del juicio laboral 431/2020/4-C (Sergio Antonio González Sánchez, a quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo y a José Antonio Orozco Márquez). TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. No es cierto el acto reclamado a la Junta responsable consistente en la omisión de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta su celebración definitiva, dentro de los términos de Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 431/2020/4-C, pues si bien es cierto la autoridad responsable dijo que era cierto; se tiene que el dos de febrero de dos mil veintidós, se señaló de nueve cuenta fecha para las once horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil veintidós, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; lo que genera la presunción de ser cierto el acto. Sin embargo, lo cierto es que, en el caso, este queda desvirtuado, pues resulta que lo reclamado no es una omisión, sino que se trata de una imposibilidad jurídica, pues la autoridad responsable, en la etapa en que se encuentra el juicio al momento de la presentación de la demanda, no está en posibilidad llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta su celebración definitiva, dentro de los términos de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 431/2020/4-C; según lo manifiesta la Junta responsable, de no tener todos los elementos necesarios para llevar a cabo la misma, esto es que las partes en el conflicto laboral estén debidamente notificados y emplazados; manifestaciones que se corroboran con las constancias remitidas. Documentales que merece valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Una vez precisado lo anterior, tenemos que la autoridad encargada de realizar las notificaciones y emplazamientos en un juicio laboral, resulta ser el actuario adscrito y no la Junta por sí. En efecto, el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje estará compuesto, entre otros, por actuarios; asimismo, el diverso numeral 640 de la misma ley, establece o precisa cuáles son las faltas especiales de los actuarios, siendo estas del tenor siguiente: "Artículo 640.- Son faltas especiales de los Actuarios: I. No hacer las notificaciones de conformidad con las disposiciones de esta Ley; II. No notificar oportunamente a las partes, salvo causa justificada; III. No practicar oportunamente las diligencias, salvo causa justificada; IV. Hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones; V. No devolver los expedientes inmediatamente después de practicar las diligencias; y VI. Las demás que establezcan las leyes." De lo anterior se colige que, es responsabilidad del actuario adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje, la de notificar de conformidad con las disposiciones de la Ley laboral, así como también hacerlas oportunamente, salvo causa justificada. En ese tenor, es claro que la realización de las notificaciones en el juicio laboral, una vez que fue ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, constituye o le corresponde exclusivamente al actuario adscrito a esta, por lo que, su omisión, es de igual forma solamente atribuible o imputable a dicho funcionario público. En ese tenor, resulta inconcuso que no existe la omisión reclamada a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Es aplicable la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Así, ante la inexistencia de dicha omisión, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En igual sentido, pese a que el Actuario adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no realizó pronunciamiento respecto a lo reprochado, no se da la presunción de certeza de su actuar. Ello es así, porque el quejoso mediante escrito de veintiuno de enero de dos mil veintidós, instó la acción constitucional reclamando, entre otras cosas, del Actuario notificador adscrito a la junta del conocimiento la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada dentro del juicio laboral 431/2020/4-C. Ahora, de la copias certificadas de las razones actuariales diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y tres de junio de dos mil veintiuno, remitidas con el informe justificado por el Presidente de la Junta Responsable, se aprecia que la fuente de trabajo y José Antonio Orozco Márquez, en esas fechas quedaron formalmente emplazados y notificados al conflicto laboral de origen, y también lo es que dichas actuaciones procesales se emitieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Luego, debe ponderarse que dicha omisión es inexistente, dado que el acto reclamado debe acreditarse al momento de la presentación de la demanda. De ahí que no existe la omisión reclamada del diligenciario responsable, pues no existe un pronunciamiento que lo conminara a realizar esa actuación con anterioridad a la presentación de la demanda. En ese sentido, se pone de manifiesto que la omisión reclamada a la autoridad referida es inexistente. Así, ante la inexistencia de dichas omisiones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." (Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346.) Ello, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206346, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 3/94, página 15), del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, pues así lo acepto al momento de rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la diversa autoridad en la que se desprende que sí se ordenó el emplazamiento a uno de los demandados -Sergio Antonio González Sánchez-, sin que en el caso, exista constancia con la cual se acredite que se realizó, por lo que, de igual manera, queda acreditada la existencia del acto reclamado al actuario adscrito. Manifestaciones que se encuentran corroboradas con el informe justificado rendido y las copias certificadas, las cuales gozan de valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales, de conformidad con los artículos 79, 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Al no advertir diversa causa de improcedencia, ni que las partes las hagan valer se procederá con el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Omisión del Actuario adscrito de la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada dentro del juicio laboral 431/2020/4-C. Sostiene la parte quejosa que, en el caso, el actuario adscrito a la Junta del conocimiento ha sido omiso en emplazar y notificar a la parte demandada dentro del juicio laboral 431/2020/4-C, trascurriendo en demasía el término que la propia ley contempla para ello. Es fundado el concepto de violación. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deban realizar los emplazamientos y notificaciones, de cuya omisión se duele el peticionario. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda y que, dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda y del informe justificado rendido por la diversa responsable, se tiene que desde el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se ordenó a la responsable emplazar a juicio a la parte demandada -pues en esa fecha que la Junta responsable, acordó el nuevo domicilio donde se podía llevar a cabo dicha diligencia, según se desprende de las constancias certificadas que obran en autos, respecto de las cuales no obra prueba en contrario-, sin que a la fecha se tenga noticia de que lo haya hecho. En ese sentido, se desprende que no obra constancia de emplazamiento del demandado: Sergio Antonio González Sánchez, en el domicilio ubicado en avenida De la Cruz, número 1790-A, entre los inmuebles marcados con los números exteriores 1800 y 1790 de la misma vialidad, en la colonia Vicente Guerrero, en Guadalajara, Jalisco. Consecuentemente, si a la fecha no se ha efectuado el emplazamiento y notificación de este en el juicio laboral de origen, es indudable que no se cumple con la obligación legal que tiene la autoridad de realizar ese llamamiento y, por ende, resulta violatorio del artículo 17 constitucional, de ahí que se concede el amparo solicitado. SEPTIMO Efectos de la concesión. En atención al considerando sexto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice el emplazamiento y notificación al demandado dentro del laboral 431/2020/4-C, identificado como: Sergio Antonio González Sánchez, en el domicilio ubicado en avenida De la Cruz, número 1790-A, entre los inmuebles marcados con los números exteriores 1800 y 1790 de la misma vialidad, en la colonia Vicente Guerrero, en Guadalajara, Jalisco. O en su caso, demuestre la imposibilidad que tenga para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Martínez Rivera, contra los actos reclamados a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Martínez Rivera, contra el acto reclamado del Actuario adscrito a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando sexto y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de marzo de dos mil veintidós. Perito informa. Visto el escrito de César Toscano Novoa, en su carácter de perito designado por este juzgado de Distrito, para el desahogo de la prueba pericial en contabilidad en el incidente innominado, cargo que aceptó el uno de marzo de dos mil veintidós ante la presencia judicial, mediante el cual hace diversas manifestaciones a lo cual dígase que las mismas se acordaron en la comparecencia de uno del mes y año en curso. Domicilio. En otro contexto se tiene como domicilio procesal del diestro designado por este juzgado de distrito el ubicado en la finca marcada con el número 1952 interior 1, de la Avenida Hidalgo, Colonia Ladrón de Guevara en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44600. Proporciona datos de contacto. Asimismo, en atención a lo solicitado por este órgano federal, proporciona el correo electrónico toscanonovoacesar@gmail.com y el número de celular 3411077030, como datos de contacto. De los cuales este juzgado toma nota, sin que implique que las notificaciones que se le realicen a su parte por dichos medios electrónicos, sino solo por por las cargas labores de este órgano jurisdiccional, resulta necesario hacerlas por dicha vía, lo cual deberá constar en acta que suscriba el actuario de la adscrito. Gestión de autorización de honorarios. En lo referente a la estimación y cálculo de los honorarios que señala para la emisión de su trabajo, se destaca que se encuentra ajustado a los lineamientos establecidos en el "Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2022". De la página de internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, se puede advertir el valor correspondiente de una Unidad de Medida y Actualización respecto a los períodos que se requiera su consulta, la cual, se puede destacar que el valor correspondiente al año dos mil veintidós es por la cantidad de $ 96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Por su parte, el Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios dos mil veintidós, dispone que el valor correspondiente del arancel (monto por hora)/UMA (unidad de medida de actualización) por la especialidad a fines de contabilidad es de 13.53 por hora. Bajo ese tenor, se puede advertir que el monto señalado por el diestro oficial, con el efectuado por parte de este juzgado de Distrito, coinciden de la siguiente manera: * Estimación formulada por el perito oficial: horas laboradas 15 horas estimadas, valor del ARANCEL publicado es de 13.53 UMA'S por hora, y el valor de cada UMA es de $96.22 moneda nacional, entonces procedemos a multiplicar 13.53 por 96.22 y nos arroja un monto de $1,301.86 moneda nacional, que es el costo por hora autorizado para la Especialidad de Contabilidad, dicho costo deberá multiplicarse por el número de horas que se estima se invertirán por parte del Perito para dar cumplimiento con los trabajos de investigación de los trabajos encomendados por este juzgado de distrito, entonces se procede a multiplicarlo por 15 horas estimadas, por los trabajos a realizar; así las cosas la resultante es de $19,527.85 (diecinueve mil quinientos veintisiete pesos 85/100 moneda nacional), más impuestos menos retenciones, por lo que aplicando los impuestos y/o retenciones correspondientes da un total de $18,616.54 (dieciocho mil seis cientos dieciséis pesos 54/100 moneda nacional). Se informa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, fracción V, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder judicial de la Federación, es menester solicitar al Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, para que haga lo relativo a la previsión de los recursos para el pago del diestro. Así las cosas, remítase copia certificada de las actuaciones correspondientes haciendo la siguiente referencia: a) Proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en que se admitió el incidente innominado; b) Acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en que se admitió la prueba pericial contable; c) De los dos oficios de las dependencias que fueron solicitadas a fin de prestar el apoyo para la designación de un diestro oficial en materia de contabilidad, y por los cuales informaron que no contaban con diestro especializado en materia de contabilidad disponible; d) De los acuerdos de diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil veintidós. e) Del acta de aceptación de cargo del perito oficial de data de uno de marzo de dos mil veintidós; f) Del ocurso registrado con el número de oren 4441, por el que señala el monto de sus honorarios con los impuestos y retenciones. Las cuales, obran agregadas al sumario constitucional en que se actúa, lo anterior, a fin de que la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal este en aptitud de dar respuesta a la solicitud formulada para la autorización de los honorarios del perito oficial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  4. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio PFE-DCHE-JA-3451 que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, del que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, asimismo, remite copia certificada del contrarecibo número 2067482 que ampara la cantidad $5,185.73 (cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 73/100 moneda nacional), cheque que ampara la devolución ordenada en la sentencia de amparo. Asimismo, solicita sea notificada electrónicamente la parte quejosa, a través del usuario "****", para que se presente con una identificación oficial vigente con fotografía y dos copias de la misma ante la Procuraduría Fiscal del Estado, con domicilio la calle Pedro Moreno 281 "2" nivel, zona centro de Guadalajara, Jalisco, en un horario de nueve a quince horas, a fin de que le sea entregado el numerario emitido a su favor. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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