Mario Gerardo Romo Y Goyenechea
Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Mario Gerardo Romo Y Goyenechea
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 1691/2019, de la secretaria del Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas mediante oficio 4801/2019; al respecto agréguese a los autos el comunicado de cuenta únicamente para los efectos legales a que haya lugar, debido a que en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. Dado el sentido de la presente resolución, por permitirlo el estado procesal devuélvanse al Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los documentos que se adjuntaron al rendir informe justificado. Se solicita acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Jalisco, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, informa que en esa dependencia no se cuenta con perito en materia de grafoscopía y de identificación; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CITATORIO: Por este medio de lista se notifica al TERCERO INTERESADO HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, por conducto de su representante legal, el auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, por el cual Téngase por recibido el oficio 1317 de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el cual remite la demanda de amparo promovida por Mario Gerardo Romo Goyenechea, contra actos del Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa y otra autoridad; porque mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo directo 72/2019 de su índice, dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del acto que se reclama, por considerar que no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. Con los anexos remitidos, fórmense un cuaderno de pruebas, el cual se ordena guardar en la secretaría de este juzgado para su debida guarda y custodia. En el procedimiento del que deriva el acto reclamado obra agregado el emplazamiento del tercero interesado HSBC México, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, la imposibilidad de notificar a la diversa tercera interesada María Esperanza Suarez Padilla, así como copia del escrito de presentación de demanda; por ello, obténgase copia certificada de las documentales de referencia y glósese como constancia en el amparo en que se actúa. De igual forma, agréguese copia certificada del acuerdo dictado en autos del juicio de origen donde la responsable rindió informe justificado y se pronunció sobre la suspensión. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 387/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Se deja insubsistente suspensión. Toda vez que la demanda fue presenta como amparo directo y la autoridad responsable resolvió lo relativo a la suspensión solicitada por la parte quejosa, lo procedente es que quede sin efectos aquella determinación, puesto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo. Sustenta lo anterior, por las razones que lo indican, los siguientes criterios: "SUSPENSIÓN EN UN AMPARO CONSIDERADO EQUIVOCADAMENTE COMO DIRECTO, EFECTOS DE LA. Si la autoridad responsable, en la hipótesis de que se trataba de un amparo directo proveyó sobre la suspensión conforme a los artículos 170 y 173 de la invocada ley cuando en realidad no es así porque se trata de un amparo indirecto, de donde surge la necesidad de tramitar por el Juez de Distrito un incidente conforme a los artículos 131 y relativos a la propia ley, siendo falsa la base de que partió la Sala del Tribunal para decretar la suspensión, ésta carece de todo efecto jurídico y no podrá subsistir desde el momento en que el Juez de Distrito al recibir los autos del amparo, previa petición abrirá el incidente y después de la tramitación resolverá lo que proceda porque además la medida atacada fue provisoria de la autoridad del fuero común en auxilio de la Justicia Federal y ésta estatuirá con propia competencia lo que ordene la ley, debiéndose comunicar esta resolución para los efectos consiguientes, también al Juez de Distrito a quien haya tocado un turno la demanda de garantías" "QUEJA SIN MATERIA. REVISTE ESA CARACTERÍSTICA LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCIÓ DEL AMPARO DIRECTO REMITIÓ LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO POR CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando un Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo directo, porque advierte que deberá conocer de él un Juez de Distrito en la vía indirecta y le remite los autos, tal resolución (aun cuando no decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados) constituye una ejecutoria que deja sin efectos lo actuado incluyendo, desde luego, todo lo relativo a la suspensión solicitada ante la autoridad responsable. Esto es así, pues el Juez Federal competente, al abocarse al conocimiento del asunto, está obligado, en fiel observancia al artículo 122 de la Ley de Amparo, a pronunciarse respecto de la suspensión provisional al contenerse esa petición expresa en la demanda de garantías, con lo que su determinación al respecto, sea cual fuese el sentido, sustituye la tomada por la autoridad responsable ante quien originalmente se le solicitó esa medida cautelar por tramitarse como amparo directo, siendo incuestionable que ambas decisiones no pueden coexistir; luego, si se hizo valer un recurso de queja contra la resolución de la responsable que proveyó respecto de la suspensión en aquella vía directa, es claro que al no existir materia sobre la cual deba pronunciarse el Tribunal Colegiado, así la debe declarar, pues ya no se rige por lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo" [Lo resaltado es de este juzgado de Distrito] 2. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Por cesación de efectos. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el juez señalado como responsable, en razón de haberse presentado la demanda inicialmente como amparo directo, se advierte que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la aquí quejosa el catorce de agosto de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 3295/2011 por el que solicitó se le reconociera como postor en la audiencia de remate a celebrarse en el expediente de referencia, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de proveído del escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 3295/2011 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en su artículo 2?, se advierte que en el expediente 3295/2011, del índice de la citada autoridad, con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo que en lo que interesa reza: "En la ciudad de Zapopan, Jalisco y siendo las 12:00 doce horas del día veinte de agosto del año dos mil dieciocho, día y hora señalados en resolución de 28 veintiocho de junio del año en curso, en los autos del juicio MERCANTIL ORDINARIO promovido por HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, en contra de María Esperanza Suarez Padilla, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la AUDIENCIA DE REMATE por lo que estando debidamente integrado en audiencia pública este tribunal, siendo su titular el abogado Roberto de la Torre González, quien actúa ante la Secretario de Acuerdos Abogada María de Lourdes García Rodríguez, se declara abierta la misma haciéndose constar que no se encuentra presente persona laguna interesada en el desahogo de ésta, no obstante que tanto las partes como el acreedor fueron debidamente notificadas de la resolución en que se señaló para el desahogo de la misma, según se infiere de las actas visibles a fojas 1910 ciento noventa, 191 ciento noventa y uno y 193 ciento noventa y tres de autos; asimismo se hace constar que no se fueron publicados los edictos ordenados en resolución de 28 veintiocho de junio pasado. (.) Por recibidos dos escritos de Mario Gerardo Romo Goyenechea, acreedor, presentados ante este juzgado el día 14 catorce y 20 veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, mismos que se ordena agregar a los presentes autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y visto el primero de ellos, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad por no permitirlo el estado procesal, habida cuenta que no fue debidamente publicitada la presente almoneda; artículo 1410 del Código de Comercio. Con independencia de lo anterior, se tiene señalando domicilio para recibir notificaciones el domicilio que indica y como autorizados a los licenciados Pablo Pérez Montelongo y Fernando Arellano Ocampo, a quienes se les discierne el mismo en virtud de su aceptación y protesta, artículo 1069 del Código de Comercio" [El énfasis es añadido] Por tanto, a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, pues la omisión que reclama ha cesado sus efectos. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno" IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Mario Gerardo Romo Goyenechea. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Pablo Pérez Montelongo al sí contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la diversa persona que menciona por no existir registro en dicho sistema. 2. Tercero interesado. a. Designación. La parte actora en el procedimiento de origen HSBC México, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, ya fue emplazada al juicio de amparo por conducto de la autoridad responsable, por ello, ya está incorporada a éste sumario; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la referida norma, se tiene con el carácter de parte tercera interesada a: i. HSBC México, sociedad anónima institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC. En ese orden, únicamente se ordena hacer del conocimiento de manera personal la tramitación del presente juicio. Sin que se le reconozca ese carácter a la diversa persona mencionada por el quejoso, en razón de que en autos del juicio de origen obra constancia de imposibilidad de emplazarla a juicio, de ahí que no se encuentre incorporada al expediente en que se actúa y dado el sentido de la presente resolución resulta innecesario su emplazamiento. b. Forma de notificación. i. Por conducto del actuario. En razón de que el domicilio proporcionado para localizar a la persona moral tercera interesada se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en él a fin de hacerle del conocimiento la presente determinación. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, se requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale de su parte domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. En la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar, por cualesquier medio, el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenidos los datos respectivos, lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), del cuerpo legal invocado. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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