Mario Martinez Martinez

Expediente 2143/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2143/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • Mario Martinez Martinez
  • MARIO MARTINEZ MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 70 a 88), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Mario Martínez Martínez, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 143 a 156 del tomo de pruebas) y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual deberá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otórgales valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, con qué elementos de prueba se acredita la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en el evento delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así, lo que implica precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. De igual forma, deberá explicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado, debiendo exponer los razonamientos lógico jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (foja 86). Por auto de tres de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 158 a 161). Mediante oficio 3744 de diez de junio de dos mil dieciséis (foja 172), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de término constitucional emitido en el proceso 407/2015 de diez de junio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, sin embargo, omitió pronunciarse respecto de lo siguiente: 1. Con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, tampoco refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular, y además omitió relacionarlas con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito se encuentran bien expuestas, pues en ese aspecto sólo citó el artículo relativo a la valoración de las pruebas, pero no expresó qué valor les dió, esto es, si pleno o de indicio. 2. En cuanto a la probable responsabilidad penal, con los mismos elementos de convicción que tomó en consideración para acreditar el cuerpo del delito, refierió que la conducta del quejoso se adecuó a lo establecido en el artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sin desarrollar el estudio condigno en ese aspecto; pues debió expresar además las razones que tuvo para considerarlo así, lo que implicaba precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. 3. Tampoco explicó, con base en qué elementos de convicción, que obran en el expediente de origen, obtuvo el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado; pues debió exponer los razonamientos lógico jurídicos por los cuales concluyó en las circunstancias que establece. En virtud de lo anterior, por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 200 a 201) se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y se le requirió nuevamente al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento íntegro a los extremos de la sentencia de amparo en los términos decretados en la sentencia engrosada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis y, en atención, a las observaciones y requerimientos destacados en dicho proveído. Debiendo dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diez de junio de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, mediante oficio 4220 de cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió la resolución pronunciada ese mismo día, en la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria amparadora realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diez de junio de dos mil dieciséis, únicamente en lo que se refiere al inculpado Mario Martínez Martínez (aquí quejoso); Dictó otra resolución en la que nuevamente decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Mario Martínez Martínez como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 11, 12, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez; Sin embargo como nuevamente incurrió en las deficiencias señaladas, es decir, 1. No precisó con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, tampoco refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular, y además omitió relacionarlas con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, exponiendo las razones por las cuales consideró se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, pues en este aspecto sólo citó el artículo relativo a la valoración de las pruebas, pero no expresó qué valor les dió, esto es, si pleno o de indicio, y por otra parte, si bien citó el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pretendiendo concatenar circunstancialmente las pruebas, sólo transcribió la declaración de los policías aprehensores. 2. En cuanto a la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del referido delito, el juez responsable refirió que se encontraba acreditada con la declaración de la agraviada Laura Alvarado Méndez, adminiculada con las declaraciones de los remitentes Miguel Ángel López Díaz y Pedro Marceliano Sánchez y de la declaración del inculpado en términos del artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (como autor material del delito); pero esta autoridad consideró que dicho juzgador fue omiso en desarrollar el estudio condigno en ese aspecto, pues este estudio, no se obtiene sólo con las transcripciones de las declaraciones mencionadas, sino también precisando y explicando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. 3. Tampoco explicó, con base en qué elementos de convicción, que obran en el expediente de origen, se obtiene el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado. Atento a lo anterior, en proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 244-247) se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo, y se requirió nuevamente su cumplimiento al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, quien además de dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, debería también dejar insubsistentes las diversas resoluciones de diez de junio de dos mil dieciséis y cuatro de julio de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento. Así, mediante oficio 4759 de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió el auto de formal prisión decretado ese mismo día en contra del aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 11, 12, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez (fojas 257 y 271); sin embargo, al advertir esta autoridad que en la emisión de dicha resolución el juzgador responsable nuevamente incurrió en las deficiencias formales que a continuación se citan, mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis se le volvió a requerir el cumplimiento de la sentencia (fojas 272 a 274). ".el referido juez refiere que la probable responsabilidad penal se encuentra acreditada con los mismos elementos de convicción que sirvieron de baso para acreditar los elementos del cuerpo del delito precisando que, entre otros, se encuentra la declaración de la agraviada, la declaración de los policías ministeriales y la declaración del indiciado Mario Martínez Martínez omitiendo realizar el estudio condigno al respecto, es decir no explica las razones para tener por acreditada la probable responsabilidad penal, pues no precisa las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito que se le imputa al quejoso. En cuanto al grado de autoría o participación que atribuye al aquí quejoso, no expone los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (foja 272). Mediante oficio 4917 de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el juez penal responsable a fin de cumplir con los efectos de la ejecutoria amparadora remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha, en el que se advierte que hizo lo siguiente: Dejó sin efectos las resoluciones de veintisiete de noviembre de dos mil quince (acto reclamado), diez de junio de dos mil dieciséis y cuatro y veintiocho de julio de dos mil dieciséis; Decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Mario Martínez Martínez como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria amparadora, llevó a cabo los siguientes efectos: 1. Precisó los medios de prueba con los que tuvo por acreditados cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresó las razones lógico jurídicas en las que apoyó su conclusión, refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular y también las relacionó con cada elemento del delito, las concatenó en forma individual y circunstancial, y expuso las razones por las cuales consideró demostrado el cuerpo de dicho ilícito. 2. Al realizar el análisis de la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del referido delito, el juez penal responsable afirmó que se encontraba acreditada en términos del artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (como autor material del delito) con la declaración de la agraviada Laura Alvarado Méndez y la de los policías remitentes Miguel Ángel López Díaz y Pedro Marceliano Sánchez y con la propia declaración ministerial del indiciado, aquí quejoso, ratificada al rendir su declaración preparatoria, también desarrolló el estudio condigno en ese aspecto (precisando y explicando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le imputa al sujeto activo -aquí quejoso-), a saber: ".que el 20 veinte de noviembre de dos mil quince, aproximadamente a las 05:45 cero cinco horas con cuarenta y cinco minutos, observaron cómo conjuntamente con otro sujeto aprehendió materialmente una de las llantas objeto del delito, la cual posterior como colocó en la cajuela de la unidad del servicio público mercantil en donde posterior a su detención fue hallada otro neumático más y un birlo de seguridad, propiedad de la pasivo, por lo que constituye un elemento eficaz de cargo en su contra." (foja 291). 3. En lo que se refiere al grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado, se advierte que el juez responsable consideró que ésta se encuentra demostrada en autos en términos de lo dispuesto por el artículo 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, bajo el grado de autoría material como sigue: ".QUINTO. La probable responsabilidad penal de MARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de LAURA ALVARADO MÉNDEZ, se encuentra demostrada en autos en términos de lo dispuesto por el artículo 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, bajo el grado de autoría material, con los elementos de convicción y prueba que a continuación someteremos a juicio de valoración." (foja 290 vuelta). Y, explicó los razonamientos lógico jurídicos con los que concluyó que la acción perpetrada se llevó a cabo en las circunstancias que al efecto refiere (foja 290). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva"

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 70 a 88), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Mario Martínez Martínez, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 143 a 156 del tomo de pruebas) y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual deberá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otórgales valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, con qué elementos de prueba se acredita la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en el evento delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así, lo que implica precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. De igual forma, deberá explicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado, debiendo exponer los razonamientos lógico jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (foja 86). Por auto de tres de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 158 a 161). Mediante oficio 3744 de diez de junio de dos mil dieciséis (foja 172), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de término constitucional emitido en el proceso 407/2015 de diez de junio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, sin embargo, omitió pronunciarse respecto de lo siguiente: 1. Con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, tampoco refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular, y además omitió relacionarlas con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito se encuentran bien expuestas, pues en ese aspecto sólo citó el artículo relativo a la valoración de las pruebas, pero no expresó qué valor les dió, esto es, si pleno o de indicio. 2. En cuanto a la probable responsabilidad penal, con los mismos elementos de convicción que tomó en consideración para acreditar el cuerpo del delito, refierió que la conducta del quejoso se adecuó a lo establecido en el artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sin desarrollar el estudio condigno en ese aspecto; pues debió expresar además las razones que tuvo para considerarlo así, lo que implicaba precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. 3. Tampoco explicó, con base en qué elementos de convicción, que obran en el expediente de origen, obtuvo el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado; pues debió exponer los razonamientos lógico jurídicos por los cuales concluyó en las circunstancias que establece. En virtud de lo anterior, por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 200 a 201) se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y se le requirió nuevamente al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento íntegro a los extremos de la sentencia de amparo en los términos decretados en la sentencia engrosada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis y, en atención, a las observaciones y requerimientos destacados en dicho proveído. Debiendo dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diez de junio de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, mediante oficio 4220 de cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió la resolución pronunciada ese mismo día, en la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria amparadora realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de diez de junio de dos mil dieciséis, únicamente en lo que se refiere al inculpado Mario Martínez Martínez (aquí quejoso); Dictó otra resolución en la que nuevamente decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Mario Martínez Martínez como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 11, 12, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez; Sin embargo como nuevamente incurrió en las deficiencias señaladas, es decir, 1. No precisó con qué medios de prueba se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, tampoco refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular, y además omitió relacionarlas con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, exponiendo las razones por las cuales consideró se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, pues en este aspecto sólo citó el artículo relativo a la valoración de las pruebas, pero no expresó qué valor les dió, esto es, si pleno o de indicio, y por otra parte, si bien citó el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pretendiendo concatenar circunstancialmente las pruebas, sólo transcribió la declaración de los policías aprehensores. 2. En cuanto a la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del referido delito, el juez responsable refirió que se encontraba acreditada con la declaración de la agraviada Laura Alvarado Méndez, adminiculada con las declaraciones de los remitentes Miguel Ángel López Díaz y Pedro Marceliano Sánchez y de la declaración del inculpado en términos del artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (como autor material del delito); pero esta autoridad consideró que dicho juzgador fue omiso en desarrollar el estudio condigno en ese aspecto, pues este estudio, no se obtiene sólo con las transcripciones de las declaraciones mencionadas, sino también precisando y explicando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-. 3. Tampoco explicó, con base en qué elementos de convicción, que obran en el expediente de origen, se obtiene el grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado. Atento a lo anterior, en proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 244-247) se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo, y se requirió nuevamente su cumplimiento al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, quien además de dejar insubsistente la resolución materia del acto reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil quince, debería también dejar insubsistentes las diversas resoluciones de diez de junio de dos mil dieciséis y cuatro de julio de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento. Así, mediante oficio 4759 de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió el auto de formal prisión decretado ese mismo día en contra del aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 11, 12, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez (fojas 257 y 271); sin embargo, al advertir esta autoridad que en la emisión de dicha resolución el juzgador responsable nuevamente incurrió en las deficiencias formales que a continuación se citan, mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis se le volvió a requerir el cumplimiento de la sentencia (fojas 272 a 274). ".el referido juez refiere que la probable responsabilidad penal se encuentra acreditada con los mismos elementos de convicción que sirvieron de baso para acreditar los elementos del cuerpo del delito precisando que, entre otros, se encuentra la declaración de la agraviada, la declaración de los policías ministeriales y la declaración del indiciado Mario Martínez Martínez omitiendo realizar el estudio condigno al respecto, es decir no explica las razones para tener por acreditada la probable responsabilidad penal, pues no precisa las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito que se le imputa al quejoso. En cuanto al grado de autoría o participación que atribuye al aquí quejoso, no expone los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (foja 272). Mediante oficio 4917 de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el juez penal responsable a fin de cumplir con los efectos de la ejecutoria amparadora remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha, en el que se advierte que hizo lo siguiente: Dejó sin efectos las resoluciones de veintisiete de noviembre de dos mil quince (acto reclamado), diez de junio de dos mil dieciséis y cuatro y veintiocho de julio de dos mil dieciséis; Decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Mario Martínez Martínez como probable responsable en la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Laura Alvarado Méndez, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria amparadora, llevó a cabo los siguientes efectos: 1. Precisó los medios de prueba con los que tuvo por acreditados cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresó las razones lógico jurídicas en las que apoyó su conclusión, refirió el valor probatorio que le otorgó a cada prueba en particular y también las relacionó con cada elemento del delito, las concatenó en forma individual y circunstancial, y expuso las razones por las cuales consideró demostrado el cuerpo de dicho ilícito. 2. Al realizar el análisis de la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del referido delito, el juez penal responsable afirmó que se encontraba acreditada en términos del artículo 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (como autor material del delito) con la declaración de la agraviada Laura Alvarado Méndez y la de los policías remitentes Miguel Ángel López Díaz y Pedro Marceliano Sánchez y con la propia declaración ministerial del indiciado, aquí quejoso, ratificada al rendir su declaración preparatoria, también desarrolló el estudio condigno en ese aspecto (precisando y explicando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le imputa al sujeto activo -aquí quejoso-), a saber: ".que el 20 veinte de noviembre de dos mil quince, aproximadamente a las 05:45 cero cinco horas con cuarenta y cinco minutos, observaron cómo conjuntamente con otro sujeto aprehendió materialmente una de las llantas objeto del delito, la cual posterior como colocó en la cajuela de la unidad del servicio público mercantil en donde posterior a su detención fue hallada otro neumático más y un birlo de seguridad, propiedad de la pasivo, por lo que constituye un elemento eficaz de cargo en su contra." (foja 291). 3. En lo que se refiere al grado de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, en la comisión del delito de robo agravado, se advierte que el juez responsable consideró que ésta se encuentra demostrada en autos en términos de lo dispuesto por el artículo 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, bajo el grado de autoría material como sigue: ".QUINTO. La probable responsabilidad penal de MARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380 fracciones X, XI y XIX, en relación con los diversos 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de LAURA ALVARADO MÉNDEZ, se encuentra demostrada en autos en términos de lo dispuesto por el artículo 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, bajo el grado de autoría material, con los elementos de convicción y prueba que a continuación someteremos a juicio de valoración." (foja 290 vuelta). Y, explicó los razonamientos lógico jurídicos con los que concluyó que la acción perpetrada se llevó a cabo en las circunstancias que al efecto refiere (foja 290). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por medio del cual refiere que el cinco de agosto pasado, el juez responsable le informó del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, de lo que toma conocimiento la suscrita Juez Federal, para lo efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por la Jueza Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de tres de junio del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, así como, con los diversos oficios con los que se le tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo , dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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