Mario Jesus Sanchez Jimenez

Expediente 826/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
826/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Mario Jesus Sanchez Jimenez
  • MARIO JESUS SANCHEZ JIMENEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto hace al quejoso 1. Erick Pérez Durán, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la orden de aprehensión dictada en su; respecto de 5. Rubén Ruiz Potenciano, 6. Adulfo Mazariegos Sánchez por los actos reclamados identificados con los incisos b) y c); y, de 7. Mario Jesús Sánchez Jiménez, por el acto identificado con el inciso c); consistentes en las resoluciones emitidas en audiencia de treinta de julio de dos mil diecinueve, en la que se calificó de legal su detención y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, respectivamente, dentro de la causa penal 1442/2019/PUEBLA (actualmente seguida en el la carpeta judicial administrativa 545/2019 del índice de la autoridad responsable sustituta indicada), en términos de los considerandos tercero, apartado I, y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a 1. Erick Pérez Durán, 2. Kevin Cristian González García, 3. Casimiro Alcántara Zavaleta, 4. Rafael Constancio Martínez Castillo y 8. Brayan Espinoza Díaz, contra los actos identificados con los incisos b) y c), consistentes en las resoluciones emitidas en audiencia de treinta de julio de dos mil diecinueve, en la que se calificó de legal su detención y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 1442/2019/PUEBLA, (actualmente seguida en la carpeta judicial administrativa 545/2019 del índice de la autoridad responsable sustituta indicada); por las razones expuestas en el considerando séptimo apartados I y II de esta determinación. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a 1. Erick Pérez Durán, 2. Kevin Cristian González García, 3. Casimiro Alcántara Zavaleta, 4. Rafael Constancio Martínez Castillo, 5. Rubén Ruiz Potenciano, 6. Adulfo Mazariegos Sánchez, 7. Mario Jesús Sánchez Jiménez y 8. Brayan Espinoza Díaz, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de tres de agosto de dos mil diecinueve, únicamente por cuanto hace al hecho con apariencia de delito daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado por el artículo 397, fracción II, en relación con los diversos 8, 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal; por las razones expuestas en el considerando séptimo, apartado III, de esta determinación. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 1. Erick Pérez Durán, 2. Kevin Cristian González García, 3. Casimiro Alcántara Zavaleta, 4. Rafael Constancio Martínez Castillo, 5. Rubén Ruiz Potenciano, 6. Adulfo Mazariegos Sánchez, 7. Mario Jesús Sánchez Jiménez, 8. Brayan Espinoza Díaz, contra el acto que reclamaron del 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, sustituida por Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Jueza de Control, consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el tres de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 1442/2019/PUEBLA (actualmente seguida en la carpeta judicial administrativa 545/2019 del índice de la autoridad responsable sustituta indicada), en la parte conducente donde se dictó auto de vinculación a proceso en su contra por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 302, 307, en relación con los diversos, 8, 9, 12, 13, fracción III, 52 y 63 del Código Penal Federal, así como su calificativa de delitos cometidos contra servidores públicos, contemplada por el artículo 189, del Código Penal Federal, por las razones expuestas en los considerandos séptimo, apartado III, y octavo, para los efectos precisados en el diverso considerando noveno de esta sentencia. QUINTO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la documental que anexa al informe que se provee, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se reserva dar vista a la parte quejosa con el informe justificado de referencia, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de Mario Jesús Sánchez Jiménez, por medio del cual en cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 826/2019-E, desahoga la prevención que le fue formulada en términos de los artículos 108, fracción IV, y 114 fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, señalando también como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta. En tales condiciones, se provee: ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Mario Jesús Sánchez Jiménez, contra actos del 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, en el Estado de Puebla, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado "B" y 29 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de las demandas de amparo y del escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; adjuntado copia de la demanda de amparo promovida por esta vía, y del escrito aclaratorio, a fin de que las autoridades responsables estén en posibilidad de rendirlo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de la audiencia en las que se hubieren dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Signifíquese a las autoridades responsables que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber al juez responsable que, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro del proceso penal 1442/2019, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo en que se actúa. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación de los actos reclamados, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquélla que tenga el carácter de tercera interesada, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordene realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere al 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione: 1) la denominación oficial y actual, así como el nombre propio y completo del fiscal que interviene en la causa penal 1442/2019, de su estadística. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Por otra parte, una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 826/2019-E que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio, es pertinente señalar que de la certificación secretarial de cuenta se aprecia que en fecha de quince de agosto del año en curso se recibió otra demanda de amparo de contenido idéntico a la que aquí se provee, la cual previa prevención se radicó con el diverso juicio de amparo 805/2019, misma que se acumuló a los diversos 802/2019-E y 803/2019 del índice de este juzgado Federal, y que en dicho expediente se proveyó sobre la admisión por parte del quejoso Rafael Constancio Martínez Castillo, entre otras cosas. Lo que constituye un hecho notorio que se invoca de oficio, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia en Materia Común, de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, P./J. 16/2018 (10a.), visible en la página: diez, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL QUEJOSO RAFAEL CONSTANCIO MARTÍNEZ CASTILLO. Ahora, atinente al acto reclamado por el promovente Rafael Constancio Martínez Castillo al 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, en la ciudad de Puebla, que se analizará en este juicio, consistente en el auto de vinculación a proceso de fecha tres de agosto de dos mil diecinueve dentro de la causa penal número 1442/2019, el suscrito Juez Federal, de oficio, advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." En ese sentido, como se advierte de la citada jurisprudencia, la finalidad de la causa de improcedencia que se analiza es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así las cosas, para acreditar que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) El promovente Rafael Constancio Martínez Castillo, acudió a esta instancia constitucional (juicio de amparo 826/2019-E) a reclamar del 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, en la ciudad de Puebla, el auto de vinculación a proceso de tres de agosto de dos mil diecinueve, dentro del proceso penal 1442/2019 de su índice. b) Por otra parte, como se indicó es un hecho notorio para quien esto provee, que en este juzgado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 805/2019, que mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se acumuló a los diversos 802/2019-E y 803/2019, del cual se ordena extraer copia certificada de las constancias conducentes, esto es: papeleta, demanda de amparo, auto de radicación de dieciséis de agosto del año en curso, y auto admisorio de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, y agregarlas a estos autos para los efectos legales correspondientes; e impuesto de dicho sumario se aprecia lo siguiente: 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibió la demanda presentada por Rafael Constancio Martínez Castillo, el quince de agosto de dos mil diecinueve, correspondiente al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 1442/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Centro, en la ciudad de Puebla. 2. Se radicó el juicio con el número 805/2018, el cual se acumuló a los diversos 802/2019-E y 803/2019 de este índice, y previa prevención en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, por escrito recibido el veintitrés de agosto del año en curso en la Oficialía de Partes de éste juzgado se admitió a trámite la demanda en auto de la misma fecha. 3. Al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la captura de información y publicaciones relativas al Juicio de Amparo 802/2019-E y sus acumulados 803/2019 y 805/2018 del índice de este juzgado, se advierte en auto admisorio de veintitrés de agosto del presente año, se señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso 802/2019-E y sus acumulados 803/2019 y 805/2018, el quejoso Rafael Constancio Martínez Castillo reclamó al 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, en la ciudad de Puebla, el auto de vinculación a proceso de tres de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 1442/2019 de su índice; y que, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que, aún no se ha dictado la sentencia correspondiente. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso 802/2019-E y sus acumulados 803/2019 y 805/2018, se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso, que existe identidad respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, y que en aquél está pendiente de resolución. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza por lo que respecta al quejoso Rafael Constancio Martínez Castillo. PREVENCIÓN RESPECTO DEL QUEJOSO MARIO JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Mario Jesús Sánchez Jiménez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Primero. Precise si señala como acto reclamado destacado al Juez de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla, la audiencia donde se haya calificado de legal la detención del aquí quejoso. Ya que en el capítulo relativo al acto reclamado nada dice al respecto, pues únicamente se duele del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, y en el diverso capítulo correspondiente a los conceptos de violación, el promovente se duele de la detención indebida. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; aunado a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Sustenta lo antes expuesto, la siguiente jurisprudencia: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." Segundo. Precise si reclama como acto reclamado la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello es así, pues de un estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que en el apartado correspondiente al acto reclamado, el promovente únicamente manifestó que señala en auto de vinculación a proceso dictado en su contra el tres de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, de la autoridad ejecutora, se advierte que señala: ". la ejecución de la resolución de fecha tres de agosto del año 2019, consistente en que se nos tenga privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla." De lo anterior se advierte que el quejoso se duele del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de la causa dentro de la carpeta administrativa 1442/2019 y que como consecuencia atrae que se encuentre privado de su libertad personal; sin embargo, si bien el quejoso atribuye la privación de su libertad como una consecuencia directa de la emisión y ejecución del auto de vinculación a proceso, lo cierto es que, la imposición de medidas cautelares, en este caso, de la medida cautelar de prisión preventiva, es un acto diverso a la emisión del auto de vinculación a proceso. En tal sentido, el promovente deberá señalar si es su deseo señalar como acto reclamado en la presente instancia constitucional, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeto. Pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales y, en la especie, resulta necesario para este órgano jurisdiccional a efecto de mejor proveer en relación a la medida cautelar solicitada. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye, como ya se dijo, que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por autorizado alguno. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda; sin embargo, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Luis Alberto Alvarado Muñoz y Oscar Pérez Clemente, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a los promoventes en el lugar de su reclusión, y a sus autorizados en el domicilio indicado en el escrito de demanda.

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