Mario Luna Núñez

Expediente 1173/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1173/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Mario Luna Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se recurrió la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se tuvo por no presentada y por otra se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de la Ciudad de Durango y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que por una parte tuvo por no presentada y por otra se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, al que acompaña el escrito signado por el quejoso, con el que pretende cumplir con la prevención realizada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; al efecto, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de cinco de octubre del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído del veintitrés de septiembre del año en curso, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda promovida por ***, por propio derecho, se le requirió para que manifestara lo siguiente: "a) Fecha en que tuvo conocimiento. Se le requiere a la parte quejosa para precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama en su inciso b) de los actos reclamados en su demanda de amparo: "B) DEL JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE DURANGO.- Le reclamo el auto dictado dentro del juicio ordinario civil expediente 483/2017 y de fecha 14 de mayo del año 2021 en el cual se niega a decretar la caducidad de la instancia en dicho juicio." La anterior aclaración de demanda, deberá hacerla "Bajo protesta de decir verdad" Con el apercibimiento que de no cumplir con la solventación de los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del término de cinco días, con las copias del escrito aclaratorio y demás documentos que acompañe, se tendría por no interpuesta la demanda de amparo, únicamente por lo que hace a dicho acto. Determinación que se notificó personalmente el veinticuatro de septiembre del año en curso, surtiendo sus efectos el veintisiete siguiente, por lo que término concedido transcurrió del veintiocho de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintiuno, sin que se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento, por lo que se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y se tiene por no presentada la demanda de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 5, 6, 10, 108, 110, 112, 114 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Mario Luna Núñez, por propio derecho únicamente por el acto reclamado al Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad. Por otra parte, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado" (Lo subrayado es propio) ACTOS RECLAMADOS. En ese sentido, previa depuración de los actos precisados en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es la sentencia dictada en el toca de apelación número 351CU/2021, de fecha veinticinco de agosto dos mil veintiuno que se le notificó el treinta del citado mes y año. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 112 de la vigente Ley de Amparo dispone: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" (Lo subrayado es propio) INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" (Lo resaltado es propio) La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por lo que informa la tesis jurisprudencial, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo" Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, debe considerarse que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto reclamado consistente en la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno en el toca de apelación número 351CU/2021, que confirmó el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Ordinario Civil 483/2017, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, por su propia naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ello tomando en consideración que el efecto que produce la resolución reclamada, es el de continuar el trámite del juicio respectivo, por lo que sus efectos son sólo intraprocesales. En efecto, el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, pues el hecho de que se haya confirmado el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se negó decretar la caducidad de la instancia, no impide el ejercicio de algún derecho y no afecta materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa, esto es, no tiene el carácter de irreparable, puesto que trae consecuencias de naturaleza adjetiva o procesal, las que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite y, que de infringir algún derecho pueden ser analizados en la sentencia que se llegara a emitir en el juicio, y en caso de ser a favor del agraviado podría tener como efecto la restitución. Sirve de apoyo al caso que se analiza, la Tesis aislada sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo" (Lo subrayado es propio) Así como, la Tesis aislada sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales" De igual forma, se cita por analogía la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    agréguese el oficio del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y testimonio de la ejecutoria que acompaña, relativa al recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo número 144/2021, promovido por **, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Durango y otras autoridades. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes. En tal virtud, comuníquese tal ejecutoria a las responsables en lo conducente, mediante la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. ES FUNDADA la presente queja.- SEGUNDO. En la materia del recurso SE MODIFICA la resolución recurrida.- TERCERO. Se ordena al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, que siguiendo los lineamientos de esta resolución provea lo conducente en relación con la ampliación de demanda formulada en los autos del juicio de amparo indirecto 144/2021, del índice administrativo del órgano jurisdiccional a su cargo" Ahora, toda vez que en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno se decretó la suspensión total en este juicio de garantías, virtud a la admisión del recurso de queja presentado en escrito de veintiocho de abril de este año por los quejosos (materia de la ejecutoria que se provee), por lo que a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad y, en acatamiento a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de mérito, se reanuda el presente procedimiento, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, visto nuevamente el escrito recibido en este juzgado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa amplía la demanda de amparo por cuanto a las siguientes autoridades y actos reclamados: "I.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- Tienen dicho carácter: a).- El C. DIRECTOR MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO, DGO., quien emite el Oficio de Dictamen Técnico REG-DIA-01, de fecha 19 de enero de 2021, mediante el cual se autoriza el EMBANQUE de 247 árboles, en base al DICTAMEN identificado como REG-DIA-03, DICTAMEN TECNICO, "ANEXO FOTOGRÁFICO DICTAMEN No. DMMA/IV-D/PART-DIA-665-B/2021", Fecha de Revisión: 21/09/2017, emitido con fecha 19 de enero de 2021, por el Subdirector de Normatividad y Educación Ambiental, la Jefa del Departamento de Normatividad y Orientación Ecológica, la Auxiliar Técnico Ing. ***, y la Auxiliar técnico ***. Dicha autoridad con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad, por tratarse de una institución de carácter público. b).- Los C.C. SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ORIENTACIÓN ECOLÓGICA, LA AUXILIAR TÉCNICO ING. KARLA ANDREA CERECERO RODRÍGUEZ, Y LA AUXILIAR TÉCNICO JUAN PABLO MUÑOS LARES, todos ellos adscritos a la Dirección Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Durango, Dgo., quienes emiten el DICTAMEN identificado como REG-DIA-03, DICTAMEN TECNICO, "ANEXO FOTOGRÁFICO DICTAMEN No. DMMA/IV-D/PART-DIA-665-B/2021", Fecha de Revisión: 21/09/2017, emitido con fecha 19 de enero de 2021. Dichas autoridades con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad, por pertenecer a instituciones de carácter público. II.- ACTO QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA.- 1).- Del DIRECTOR MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO, DGO., la autorización del EMBANQUE de 247 árboles, en base al DICTAMEN identificado como REG-DIA-03, DICTAMEN TECNICO, "ANEXO FOTOGRÁFICO DICTAMEN No. DMMA/IV-D/PART-DIA-665-B/2021", Fecha de Revisión: 21/09/2017, emitido con fecha 19 de enero de 2021, por el Subdirector de Normatividad y Educación Ambiental, la jefa del Departamento de Normatividad y Orientación Ecológica, la Auxiliar Técnico Ing. *** y la Auxiliar Técnico **, que resulta ilegal, vinculado a la obra de construcción del puente elevado ubicado en el Boulevard Francisco Villa, de esta ciudad, y que viola el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y bajo un desarrollo sustentable, en los términos expuestos en el escrito inicial de demanda de amparo, y la presente ampliación de demanda, en relación a los conceptos de violación formulados en dichos escritos. 2).- De los CC. SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ORIENTACIÓN ECOLÓGICA LA AUXILIAR TÉCNICO, ING. KARLA ANDREA CERECERO RODRÍGUEZ Y LA AUXILIAR TÉCNICO JUAN PABLO MUÑOS LAREZ, todos ellos adscritos a la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO, DGO., la autorización y dictamen de procedencia para el EMBANQUE de 247 árboles, en base al DICTAMEN identificado como REG-DIA-03, DICTAMEN TECNICO, "ANEXO FOTOGRÁFICO DICTAMEN No. DMMA/IV-D/PART-DIA-665-B/2021", Fecha de Revisión: 21/09/2017, emitido con fecha 19 de enero de 2021, por medio del cual, se dictamina y sirve de base para autorizar el EMBANQUE de 247 árboles, conforme al Oficio de Dictamen Técnico REG-DIA-02, de fecha 19 de enero de 2021, emitido por el Director Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Durango, Dgo. Dichos actos reclamados 1) y 2), son emitidos por servidores públicos sin tener competencia para ello, y sin cumplir con os requisitos legales y técnicos necesarios y se encuentra vinculado a la obra de construcción del puente elevado ubicado en el Boulevard Francisco Villa, de esta ciudad, y violan el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y bajo un desarrollo sustentable, en los términos expuestos en el escrito inicial de demanda de amparo, y la presente ampliación de demanda, en relación a los conceptos de violación formulados en dichos escritos" Por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliado el escrito inicial de demanda, por los actos y autoridades ya descritos, virtud a lo cual, con copia del documento en cuestión, córrase traslado a las autoridades responsables a fin de que rindan su informe con justificación, tal como lo establece el artículo 117 de la ley de la materia, al que deberán acompañar las constancias de las que derivan los actos que se les reclaman en copia certificada; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá, a cada una, una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la ciudad de México, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Se les autoriza para que rindan dicho informe al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx; con la finalidad de resguardar la integridad del personal que interviene en la entrega y recepción de documentos, en el entendido que podrán rendirlo en la vía que determinen y/o suelan hacerlo. Notifíquese.

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