Mario Iván Alanis Simental
Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Mario Iván Alanis Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio que remite el Titular de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Durango, mediante el cual acusa recibo del oficio de veinticuatro de junio del año en curso, en el que se informó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Durango, como complemento a su informe justificado, mismo que se tuvo por recibido en veintitrés del mes y año en curso. Bien, de las constancias referidas así como de las que obran en autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa Mario Iván Alanís Simental, reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado y otra autoridad, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- De la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, reclamó la omisión de admitir y de emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto por el suscrito en contra de la resolución dictada en el expediente TJA/SS/176/2018, por la SEGUNDA SALA ORDINARIA de fecha 30de septiembre de 2020. B).- Del MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, reclamo la omisión de turnar el recurso de revisión interpuesto por el suscrito en contra de la resolución dicada en el Expediente TJA/SS/MA/176/2018, por la SEGUNDA SALA ORDINARIA de fecha 30 de septiembre de 2020" En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por imperativo del artículo 62 de la ley de la materia dispone: Tal numeral y fracción establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" El quejoso ***, reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y otra autoridad, la omisión de dar trámite al recurso de revisión interpuesto contra la resolución del treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida en los autos del expediente TJA/SS/MA/176/2018. Bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que en el oficio de cuenta y constancias de autos, se desprende que el treinta y uno de mayo del año que transcurre, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango; previo al haber transcurrido el término de cinco días concedidos a la contraparte del quejoso en el juicio de origen, a efecto de que compareciera a dar contestación a los agravios interpuestos, sin que al efecto hubiese comparecido; ordenó remitir el recurso de revisión hecho valer por el impetrante de amparo en los autos del citado juicio. Asimismo, del oficio de cuenta rendido por el Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al cual anexó copia certificada del proveído dictado el veintidós del mes y año en curso; se desprende que tuvo por recibido el recurso interpuesto por el quejoso Mario Iván Alanís Simental, contra la sentencia del treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida en el expediente TJA/SS/MA/176/2018, ordenando su registro en los libros de gobierno correspondientes bajo el número de identificación RJA/124/2021. De lo anterior se advierte, que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el dos de junio de dos mil veintiuno, existía la omisión reclamada por parte de la autoridad responsable, también lo es que el día veintidós de junio siguiente, la responsable tuvo por recibido el recurso de impugnación interpuesto y procedió a dar trámite al mismo bajo el número de registro RJA/124/2021. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En tales consideraciones, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo acorde a lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día ocho de julio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Durango, como complemento a su informe justificado, mismo que se tuvo por recibido en veintitrés del mes y año en curso. Bien, de las constancias referidas así como de las que obran en autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa Mario Iván Alanís Simental, reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado y otra autoridad, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- De la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, reclamó la omisión de admitir y de emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto por el suscrito en contra de la resolución dictada en el expediente TJA/SS/176/2018, por la SEGUNDA SALA ORDINARIA de fecha 30de septiembre de 2020. B).- Del MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, reclamo la omisión de turnar el recurso de revisión interpuesto por el suscrito en contra de la resolución dicada en el Expediente TJA/SS/MA/176/2018, por la SEGUNDA SALA ORDINARIA de fecha 30 de septiembre de 2020" En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por imperativo del artículo 62 de la ley de la materia dispone: Tal numeral y fracción establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" El quejoso ***, reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y otra autoridad, la omisión de dar trámite al recurso de revisión interpuesto contra la resolución del treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida en los autos del expediente TJA/SS/MA/176/2018. Bien, en la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que en el oficio de cuenta y constancias de autos, se desprende que el treinta y uno de mayo del año que transcurre, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango; previo al haber transcurrido el término de cinco días concedidos a la contraparte del quejoso en el juicio de origen, a efecto de que compareciera a dar contestación a los agravios interpuestos, sin que al efecto hubiese comparecido; ordenó remitir el recurso de revisión hecho valer por el impetrante de amparo en los autos del citado juicio. Asimismo, del oficio de cuenta rendido por el Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al cual anexó copia certificada del proveído dictado el veintidós del mes y año en curso; se desprende que tuvo por recibido el recurso interpuesto por el quejoso Mario Iván Alanís Simental, contra la sentencia del treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida en el expediente TJA/SS/MA/176/2018, ordenando su registro en los libros de gobierno correspondientes bajo el número de identificación RJA/124/2021. De lo anterior se advierte, que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el dos de junio de dos mil veintiuno, existía la omisión reclamada por parte de la autoridad responsable, también lo es que el día veintidós de junio siguiente, la responsable tuvo por recibido el recurso de impugnación interpuesto y procedió a dar trámite al mismo bajo el número de registro RJA/124/2021. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En tales consideraciones, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo acorde a lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día ocho de julio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
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