Mario Landa Brito
Expediente 1453/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Mario Landa Brito
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos acepta conocimiento previo Intégrese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, el órgano de su adscripción aceptó la competencia por razón de turno declinada en su favor y, por ende, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notificación a la parte quejoso y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes Además, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, billete, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: FRANCEL IVÁN TELLEZ POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL MIGUEL MORALES ACEVEDO, el auto y/o resolución de VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, cumpliera con lo siguiente: ".en el juicio laboral 01/529/19-III, proceda a realizar lo siguiente: 1. Certifique cuáles son los medios probatorios que faltan por desahogar y que fueron admitidos en el juicio laboral de origen, y 2. Realice las notificaciones y gestiones necesarias a fin de desahogar las pruebas admitidas o decrete la imposibilidad para hacerlo acordando lo que en derecho corresponda. " Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el tres de mayo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el que certificó que los medios probatorios pendientes por desahogar en el juicio laboral de origen 01/529/19-III, eran los siguientes: Los ofrecidos por la parte actora: 1. Prueba de inspección a cargo de la parte demandada. 2. Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los ofrecidos por la parte demandada: 3. Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Testimonial a cargo de Rubén Hernández Cisneros, María del Rocío Navarro Rosales, José Alberto Ríos González, Carlos Tapia Domínguez y Rene Mejía Hernández. 5. Prueba pericial ofrecida por las partes. - Posteriormente, por oficio recibido el diecisiete de mayo del año en curso, remitió copias certificadas del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que tuvo legalmente desahogados los informes de autoridad ofertados por las partes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. -Mediante oficio presentado ante este juzgado el nueve de junio del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que certificó la no comparecencia Rubén Hernández Cisneros, María del Rocío Navarro Rosales, José Alberto Ríos González, Carlos Tapia Domínguez y Rene Mejía, en virtud de que su presentación quedó a cargo del oferente de dicha prueba, por lo que hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos y decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de los atestes antes descritos. Así mismo, en dicha data remitió el acuerdo de ocho de junio del año en curso, en el que tuvo por legalmente desahogada la toma de muestras realizada a Francel Iván Gómez Téllez por el perito de la parte demandada. De manera subsecuente, mediante oficio recibido por este juzgado el trece de julio del año en curso, la responsable remitió copia certificada de la determinación de doce de julio del año en curso, en el que tuvo por legalmente desahogada la prueba pericial en materias de Documentoscopia, Grafoscopia y Dactiloscopia ofrecidas por la parte demandada y a cargo de Ana Laura Arroyo Figueroa. Con posterioridad, mediante oficio recibido por este juzgado el cinco de agosto del año en curso, remitió el acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, a través del cual tuvo por legalmente desahogada la prueba pericial en materias de Documentoscopia, Grafoscopia y Dactiloscopia ofrecida por la parte actora y a cargo de Pedro Jiménez Martínez y en el que, atendiendo al estado procesal de los autos, admitió la diversa prueba pericial en materia de grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia, ofertada por la parte actora y, en el que, respecto a los comprobantes de pago desechó los medios de perfeccionamiento consistentes en la pericial de grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia. En continuación con el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio presentado ante este juzgador el veintitrés de septiembre del año en curso, se tuvo por legalmente desahogada la prueba pericial ofrecida por la parte actora y a cargo del perito Pedro Jiménez Martínez. Finalmente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido el veintinueve de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en autos del procedimiento laboral 01/529/19-III, en el que certificó que no queda prueba pendiente por desahogar ni que requiera de diligencia especial para su desahogo. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para el efecto de que certificara cuales eran los medios probatorios pendientes por desahogar en el juicio natural 01/529/19-III y, una vez hecho lo anterior, realizara las notificaciones y gestiones necesarias a fin de desahogar las pruebas admitidas o en su defecto, decretara la imposibilidad para hacerlo acordando lo que en derecho correspondiera, resulta inconcuso que efectivamente la autoridad responsable llevó a cabo lo anterior. Ello es así, pues como quedó demostrado, la junta realizó los actos necesarios que conllevaron al desahogo, así como la deserción de todas y cada una de las probanzas que en atención al fallo certificó que aún se encontraban pendientes de desahogar, con el resultado descrito en párrafos precedentes. En consecuencia, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Devolución de documento. Finalmente, considerando que conjuntamente con la demanda se presentó un documento con sello y firmas originales que podría ser de utilidad a la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días siguientes a la notificación de este proveído, acuda por sí o a través de persona autorizada ante este órgano jurisdiccional a recogerlo, apercibida que de no hacerlo así, la citada documental quedará glosada al presente expediente y seguirá la misma suerte que este expediente principal. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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