Mario Ivan Abadía Gómez

Expediente 821/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
821/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Juana Gomez Alvarez
  • Mario Ivan Abadía Gómez
  • Rosario del Carmen Mendoza Rojas
  • Fiscal General del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración, en atención a que se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en el presente asunto. Transferencia del sumario En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo Finalmente, hágase la devolución del anexo de sigilo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Karla Paola Rueda Morante, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 821/2022, promovido por Rosario del Carmen Mendoza Rojas, en representación de Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de junio de dos mil veintidós (fojas 3 a 14), ratificada en la misma fecha por los directos quejosos (fojas 21 a 23). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El diecisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 63 a 72). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El veinte de junio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 76). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal y Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, en sus denominaciones correctas, consistentes en incomunicación, malos tratos, tortura e ilegal detención. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal, negaron los actos reclamados consistentes en incomunicación, malos tratos y tortura. Asimismo, el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Procedimientos Penales "B", negó tales actos y la detención de los peticionarios de amparo. Además, el actuario judicial de la adscripción en la diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que ratificaron la demanda de amparo presentada a su nombre por Rosario del Carmen Mendoza Rojas, hizo constar que los impetrantes Mario Iván Abadía Gómez y Juana Gómez Álvarez no presentaban lesiones aparentes. Por su parte, los quejosos no desvirtuaron tales negativas en el trámite del amparo, ni en la audiencia constitucional. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal, al rendir sus informes justificados negaron que la detención de los quejosos haya sido ilegal, pues fueron detenidos en flagrancia delictiva, anexando diversas constancias en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza de la detención reclamada por los peticionarios, este órgano de control constitucional advierte oficiosamente que, en el caso, se surte la causal del improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto han cesado los efectos del acto reclamado, lo que impide entrar al estudio de ese acto y de los conceptos de violación expresados en su contra. Tal precepto y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente, sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. En ese contexto, la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, anexó diversas constancias, de las que se advierte: I. La indagatoria FED/MOR/CUER/0000527/2022, inició con el informe policial homologado 17ME0200715062022, de quince de junio de dos mil veintidós, suscrito por los agentes Luis Antonio Morales Lozano y Francisco Martín Torres Carrillo, en el que pusieron a disposición de la representación social a Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, por la probable comisión del hecho que la Ley señala como delito en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (fojas 84 a 90). II. El dieciséis siguiente la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación Uno en el Estado de Morelos, emitió "Acuerdo de Libertad Durante la Investigación" en términos de los artículos 140 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de los detenidos Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, ordenando su inmediata libertad (fojas 91 a 93), lo que también fue informado por la promovente del amparo Rosario del Carmen Mendoza Rojas (fojas 107 y 108). Atento a lo anterior, si durante el trámite del juicio de amparo, los directos quejosos fueron puesto en libertad desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, dada la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la Tesis de Jurisprudencia número 103, de la Segunda Sala, de texto y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de dicho ordenamiento se sobresee en el juicio también por lo que respecta a ese acto de tales autoridades responsables. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por las razones expuestas en el TERCERO y QUINTO de ellos. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintin Galindo Sanchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA la resolución de cinco de septiembre del presente año, que en lo conducente establece: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 821/2022, promovido por Rosario del Carmen Mendoza Rojas, en representación de Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de junio de dos mil veintidós (fojas 3 a 14), ratificada en la misma fecha por los directos quejosos (fojas 21 a 23). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El diecisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 63 a 72). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El veinte de junio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 76). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal y Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, en sus denominaciones correctas, consistentes en incomunicación, malos tratos, tortura e ilegal detención. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal, negaron los actos reclamados consistentes en incomunicación, malos tratos y tortura. Asimismo, el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Procedimientos Penales "B", negó tales actos y la detención de los peticionarios de amparo. Además, el actuario judicial de la adscripción en la diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que ratificaron la demanda de amparo presentada a su nombre por Rosario del Carmen Mendoza Rojas, hizo constar que los impetrantes Mario Iván Abadía Gómez y Juana Gómez Álvarez no presentaban lesiones aparentes. Por su parte, los quejosos no desvirtuaron tales negativas en el trámite del amparo, ni en la audiencia constitucional. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal, al rendir sus informes justificados negaron que la detención de los quejosos haya sido ilegal, pues fueron detenidos en flagrancia delictiva, anexando diversas constancias en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza de la detención reclamada por los peticionarios, este órgano de control constitucional advierte oficiosamente que, en el caso, se surte la causal del improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto han cesado los efectos del acto reclamado, lo que impide entrar al estudio de ese acto y de los conceptos de violación expresados en su contra. Tal precepto y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente, sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. En ese contexto, la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, anexó diversas constancias, de las que se advierte: I. La indagatoria FED/MOR/CUER/0000527/2022, inició con el informe policial homologado 17ME0200715062022, de quince de junio de dos mil veintidós, suscrito por los agentes Luis Antonio Morales Lozano y Francisco Martín Torres Carrillo, en el que pusieron a disposición de la representación social a Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, por la probable comisión del hecho que la Ley señala como delito en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (fojas 84 a 90). II. El dieciséis siguiente la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación Uno en el Estado de Morelos, emitió "Acuerdo de Libertad Durante la Investigación" en términos de los artículos 140 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de los detenidos Mario Iván Abadai Gómez y Juana Gómez Álvarez, ordenando su inmediata libertad (fojas 91 a 93), lo que también fue informado por la promovente del amparo Rosario del Carmen Mendoza Rojas (fojas 107 y 108). Atento a lo anterior, si durante el trámite del juicio de amparo, los directos quejosos fueron puesto en libertad desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, dada la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la Tesis de Jurisprudencia número 103, de la Segunda Sala, de texto y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de dicho ordenamiento se sobresee en el juicio también por lo que respecta a ese acto de tales autoridades responsables. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por las razones expuestas en el TERCERO y QUINTO de ellos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agente del Ministerio Público Federal adscrito solicita acceso a expediente electrónico Glósese a los autos el oficio AMPF/51/2022 signado de manera electrónica por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, por medio del cual solicita el acceso, entre otros, al expediente electrónico que deriva del presente asunto. Autorización consulta del expediente electrónico Al respecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "KANDYCISNEROS" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Estado procesal de autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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