Mario Jose Macias Morales
Expediente 3589/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3589/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2023
Partes del expediente
- Mario Jose Macias Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 202, en relación con diverso 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso haya interpuesto recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo del asunto. Toda vez que el expediente se encuentra integrado, háganse las anotaciones en el libro electrónico y con fundamento en lo que se establece en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se concedió la protección constitucional, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se establece en dicho artículo. Cuadernos incidentales. Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general en cita, se determina que es destruible, debido a que se negó la medida cautelar definitiva, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. Asimismo, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado en representación de las autoridades responsables del Centro Nacional de Control de Energía, por el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en atención a su contenido y anexo, con fundamento en el artículo 196 primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que no hacerlo este juzgado de Distrito se pronunciará respecto del cumplimiento. Por otro lado, de conformidad con lo que se establece en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese y vía electrónica a la quejoso.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 445/2022 de su estadística, así como el juicio de amparo al rubro citado, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del primer apartado del segundo considerando de la presente resolución. SEGUNDO. En la MATERIA de la revisión, se MODIFICA, la sentencia recurrida, conforme a lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ************* respecto de los actos reclamados del subdirector de Administración y de la Gerencia de Control Regional Norte, ambas autoridades del Centro Nacional de Control de Energía, por las razones expuestas en el octavo considerando de la sentencia recurrida y para los efectos que se precisan en el noveno punto considerativo de la misma. NOTIFÍQUESE; (.)." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno electrónico. Asimismo, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, a este cuaderno principal. Ahora, del considerando noveno de la resolución emitida por este órgano jurisdiccional, se observa que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para los siguientes efectos: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Subdirector de Administración y Gerente de Control Regional Norte, ambos del CENACE, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente ( Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, en relación con su Anexo 2 -vigente al momento de la presentación de la demanda y por el tiempo que duró su vigencia, esto es, hasta junio de dos mil diecinueve en que se publicó el nuevo Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía-. ( Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.)". Se requiere cumplimiento de la sentencia de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al subdirector de Administración y al gerente de Control Regional Norte, ambos del Centro Nacional de Control de Energía, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo que se establece en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el término de quince días, concedido a la parte quejosa para efecto de que desahogara la prevención realizada por este órgano jurisdiccional, en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que manifestara si era de su interés legal ampliar la demanda de amparo, en relación con lo siguiente: Por el acto de aplicación de la ley reclamada, surgido con posterioridad a la presentación de su demanda, así como las Modificaciones del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de control de Energía, aprobadas mediante Acuerdo Número CA-018/2019-27, emitido por el Consejo de Administración en su vigésimo séptima sesión de cuatro de junio de dos mil diecinueve Además, debía precisar si era su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación, y respecto a los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley Sin embargo, transcurrió el citado plazo de quince días, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto, no obstante haber sido notificada para ello como se advierte de la constancia de notificación correspondiente; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, por lo que, respecto a este punto se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su escrito inicial de demanda Ahora bien, se precisa que no pasa desapercibido que en el citado proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y conforme a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 991/2020, también se previno a la quejosa para que: Manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atribuible al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del citado plazo legal, se actualizaría la causal de improcedencia Prevista en el artículos 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracciones III y IV, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo Esa prevención se debió a lo estrictamente ordenado por la Superioridad ya que la quejosa en su escrito inicial de demanda no atribuyó expresamente al Presidente de la República, la promulgación del Decreto señalado como acto reclamado Sin embargo, es oportuno señalar que a la fecha, el suscrito tiene pleno conocimiento de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la contradicción de tesis 102/2021 entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló, en la parte que aquí interesa, lo siguiente 76 Precisado lo anterior, como se anunció, en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y el quejoso no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el juez de distrito precisará primero, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad; por ende, sólo debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda para correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento 77 Lo anterior es así, pues por jurisprudencia de esta Segunda Sala el Presidente de la República es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es parte en esos procesos, por ello, el juez de amparo tendría que asentarlo así en el auto respectivo 78 Bajo esa lógica no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, por lo que, congruentes con ello, el juez de amparo sólo debe requerir al promovente para que exhiba copia de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en el supuesto de no exhibirla, no se tendrá como acto reclamado la Ley, lo que encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo 79 Se enfatiza que la omisión de desahogar el requerimiento sólo trae como resultado el que no se tenga como acto reclamado la legislación de que se trata, pero de ningún modo esta situación puede provocar que se deseche la demanda en su totalidad, pues se entiende que los quejosos acreditaron el resto de requisitos de la demanda; aunado a que la interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo no puede conducirnos a conclusiones categóricas que impidan el acceso a la justicia La versión pública de la anterior resolución, es consultable en la página electrónica https://www2scjngobmx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePubaspx?Asunto ID=282991 Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a/J 11/2021 (11a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023749, de la Undécima Época, Materia Común, del tenor siguiente: LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones distintas en torno al apercibimiento que debe formularse al quejoso cuando se le requiere para que precise si señala como autoridad responsable al presidente de la República, en aquellos juicios de amparo en los que se reclama la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 5 de noviembre de 2018 Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente hasta el 19 de mayo de 2021, y la parte quejosa no haya señalado al presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito deberá precisar que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad y, por ende, debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento Justificación: En los juicios de amparo en los que se haya reclamado esa ley debe tenerse como autoridad responsable al presidente de la República, porque en la jurisprudencia 2a/J 11/2020 (10a), esta Segunda Sala reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con su emisión; por ese motivo no queda a discreción del quejoso decidir si lo señala como autoridad responsable, ya que tiene ese carácter por virtud de la interpretación constitucional que quedó plasmada en esa jurisprudencia En consecuencia, el Juez de Distrito no debe requerir para que el quejoso aclare si incluye a esa autoridad como responsable, sino reconocerle esa calidad, lo que provoca que sólo deberá requerir al promovente para que exhiba las copias de la demanda a fin de correr el traslado correspondiente y, en el supuesto de que no las exhiba, no tendrá como acto reclamado la ley, lo que se desprende de una interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, con el fin de privilegiar el acceso a la justicia En atención al criterio jurisprudencial transcrito, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según el numeral 2º de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, únicamente para lo siguiente: Aplicado por analogía el criterio en comento al caso que nos ocupa, se tiene que no debe preguntarse a la quejosa si desea atribuir como acto reclamado al Presidente de la República la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, puesto que, como lo indicó la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Amparo, en la jurisprudencia 2a/J 11/2020 (10a), reconoció la participación de esa autoridad en el procedimiento legislativo que culminó con su emisión En razón de lo anterior, lo procedente es tener como acto reclamado la promulgación del citado Decreto reclamado, atribuible al Presidente de la República Sin que en la especie, sea necesario requerir a la quejosa la exhibición de copia del escrito inicial de demanda para emplazar a juicio a esa autoridad y pedirle la rendición de informe justificado, ya que este juzgado federal la emplazó a juicio y por auto de diez de enero de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la República, en el que, en lo que interesa, manifestó lo siguiente: SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en el testimonio de revocación de sentencia y reposición de procedimiento, se ordena reanudar el procedimiento y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa
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