Mario Jorge Yañez Navarro

Expediente 59/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
59/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Mario Jorge Yañez Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de enero de dos mil diecinueve. ACUERDO Causa ejecutoria la sentencia de sobreseimiento Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Por oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Notificación Quejoso Por lista Autoridad responsable Por oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho (folios 41 a 50), dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  4. Principal

    Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Desechamiento de la ampliación de demanda Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 30 a 34) y al efecto manifiesta que es su voluntad ampliar la demanda de amparo respecto del oficio 400-75-00-03-05-2018-15231, de quince de noviembre del presente año, emitido en respuesta a su escrito de petición (fojas 26 y 27). Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda o su ampliación y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo o su ampliación y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda o su ampliación y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante algunas de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene como sustento constitucional la fracción IV del artículo 107, de tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, previo a su promoción debe acudirse a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia de esta causal de improcedencia, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y solo en caso de no obtener resolución favorable el juicio de amparo será procedente; de lo contrario el amparo se convertiría en un recurso ordinario más y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta época, con números de registros 338340 y 267633, de rubros: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Asimismo, cabe destacar que dicha causa de improcedencia se previó desde la anterior Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XV, cuyo contenido era similar al actual; sin embargo, no se establecían algunas de las excepciones que contempla la actual ley. Ahora bien, es importante definir cuáles son los actos que pueden actualizar esa hipótesis de improcedencia, para lo cual debe tenerse en cuenta que el poder reformador de la Constitución estableció con toda claridad el principio de definitividad para los actos y omisiones de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, distinguiéndolos cuidadosamente de las normas generales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los lineamientos que regulan el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y las excepciones a su observancia no operan respecto de normas generales, precisamente porque el artículo 107, fracción IV, de la Constitución es contundente al respecto. En decir, la referida fracción XX no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades. Por tanto, si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -independientemente de su jerarquía- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario agotarlo cuando se reclamen disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia 2a./J. 91/2017 (10a.), con número de registro 2014976, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Precisado lo anterior, debe señalarse que la regla general que refleja la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, pues existen excepciones que están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Por tanto, para que se actualice esa hipótesis de improcedencia el juzgador debe verificar que no se esté ante alguno de los siguientes supuestos: Excepciones previstas constitucional y legalmente: Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. Que en la demanda de amparo se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. La suspensión del acto reclamado es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se actualiza esta excepción al principio de definitividad, cuando la ley no establezca de manera expresa la figura de la suspensión del acto reclamado o, bien, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación distintas, pues precisamente mediante la suspensión del acto se busca conservar la materia de la controversia y evitar que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto; por lo que en aras de garantizar el derecho de defensa del quejoso y no dejarlo en estado de indefensión, procede el juicio de amparo indirecto. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Esta excepción tiene como finalidad otorgar una mayor protección al gobernado, pues esencialmente se busca que las leyes ordinarias cuando suspendan los efectos de los actos se ajusten a los lineamientos que establece la propia Ley de Amparo. En cuanto a los alcances de la suspensión, los artículos 138, 139 y 147 disponen lo siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." De dichos preceptos se desprende que una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, se deberá actuar de la siguiente forma: 1. Realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a efecto de determinar si se concede o niega la suspensión. La interpretación de la apariencia del buen derecho exige un estudio preliminar cuidadoso de la probable inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual debe ser ponderado contra la afectación que se pueda provocar al interés social, es decir, es una decisión de mera probabilidad, que lo que busca es determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. 2. Por otra parte, acorde al artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, cuando proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. En tanto que el numeral 147 del mismo ordenamiento legal señala que, en los casos que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En mérito de lo anterior resulta, que además de prever, como efectos de la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado, la conservación de la materia del juicio de amparo, para lo cual se deberán ordenar mantener las cosas en el estado que guardan, emitiendo las medidas necesarias para ello; la actual Ley de Amparo contempla expresamente en el artículo 147, cuando la suspensión sea procedente y siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita, la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, lo que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta la sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Aspecto que tiene estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto que el juzgador está obligado efectuar con el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a fin de resolver si concede o niega la suspensión provisional, acorde a lo previsto en el artículo 138. Lo anterior, evidentemente, sin desatender el imperativo de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y cuidando de no lesionar el interés social. 3. En caso de negar la suspensión del acto reclamado, la autoridad podrá ejecutar el acto reclamado. Que ley ordinaria no exija mayores requisitos que los que la misma Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, los requisitos para que sea decretada la suspensión del acto reclamado, a reserva de la materia de telecomunicaciones que se regula en el último párrafo de ese numeral, son que: Lo solicite el quejoso; y No se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público, cuyos casos están previstos en el artículo 129 de la propia ley. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aun cuando la Ley de Amparo no establece expresamente, constituyen presupuestos lógicos: Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Además, el numeral 131 de la actual legislación de amparo, dispone que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá, cuando aquel acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento. De esa manera si la ley correspondiente del acto para conceder la suspensión de éste, establece los mismos o menores requisitos que la Ley de Amparo para esos efectos subsistirá el principio de definitividad que debe regir al juicio constitucional, por lo que el quejoso, previamente a promover el juicio de amparo, deberá agotar los medios ordinarios de impugnación; por el contrario, si la ley consigna más requisitos será procedente el juicio de amparo al actualizarse esta excepción. d. La ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. La actual Ley de Amparo no es expresa en señalar el plazo en que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse en relación con la suspensión del acto reclamado; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 222/2015 determinó que se advierte del análisis relacionado de los artículos 112 y 139 que prevén que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, el órgano jurisdiccional debe resolver si desecha, previene o admite y que con la presentación de la demanda deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. De esa manera, el juez de amparo debe proveer respecto de la medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada. Por tanto, si la ley ordinaria establece un plazo mayor al anterior, se actualiza la excepción en comento. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. Esta excepción se actualiza ante la ausencia total de las disposiciones legales en que se sustenta el acto reclamado y obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y, por ende, de la ley en donde se contempla. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa. Debe precisarse que si se reclama la indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción, pues en esta hipótesis el acto sí tiene fundamentación, dado que sí se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa. Asimismo, el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado también operará la excepción al principio de definitividad. De ahí que si el o los actos reclamados son materialmente administrativos, en el auto de inicio no es jurídicamente factible desechar de plano la demanda de amparo por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en cuestión, sino que es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el último párrafo de esa fracción. Tesis aislada VI.1o.A.49 K (10a.), con número de registro 2012479, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." Tesis Aislada (III Región)4o.19 K (10a.), con número de registro 2008052, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Tesis aislada IV.2o.A.52 K (10a.), con número de registro 2005733, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Tesis Aislada I.3o.A.128 K, con número de registro 212868, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." f. Que en la demanda de amparo se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución. Esta excepción al principio de definitividad tuvo su origen en la función interpretativa de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, de la jurisprudencia de la Segunda Sala, emitida en la Séptima Época, con número de registro 237480 y rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Una violación directa a la Constitución consiste en la inobservancia de algún derecho consagrado en ese ordenamiento en forma directa, sin que medie interpretación o aplicación de preceptos secundarios. Dichas consideraciones derivaron de la contradicción de tesis 502/2012, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), con número de registro 2003874, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." g. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. La causa de improcedencia en estudio establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, "conforme a las leyes que los rijan.". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de dicha expresión debe entenderse en el sentido de que el ordenamiento jurídico que debe contener los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes para impugnar el acto reclamado requiere ser una norma legal, en sentido formal y material. Lo anterior, debido a que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación del acto reclamado. La conclusión precedente de ninguna manera implica que el quejoso no pueda interponer recursos o medios de defensa previstos en ordenamientos diversos a los legales, sino solo precisa que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo, por no tratarse de una ley en sentido formal y material. Además, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, por lo que puede establecerse en un ordenamiento legal diverso. Dichas consideraciones derivan de las jurisprudencias 2a./J. 151/2006P./J. 3/2001, 2a./J. 115/99, 2a./J. 116/99 y 2a./J. 4/92, con números de registros 174026, 190367, 193142, 193141 y 206421, de rubros: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL." Excepciones establecidas jurisprudencialmente La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una excepción más al principio de definitividad, consistente en que el tercero extraño al procedimiento respectivo, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 57/2000, con número de registro 191503, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los requisitos previstos para agotar el medio ordinario de defensa y al no ubicarse en alguna de las excepciones ya referidas. En efecto, el oficio 400-75-00-03-05-218-15231, de quince de noviembre de dos mil dieciocho, fue emitido por la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el cual puede reclamarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de los artículos 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el diverso 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; que prevén: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;(.)" "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." De la interpretación de los preceptos transcritos, se desprende la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, contra los actos administrativos que causen un agravio en materia fiscal distinto a los referidos en la Ley Orgánica mencionada. Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pueden suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo y el plazo para concederse tampoco es mayor, de conformidad con los numerales 24 y 25, de esa legislación. Sirve de apoyo, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2008807 y de rubro y texto: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." El acto reclamado se encuentra fundado en los artículos 145 y 156 Bis del Código Fiscal de la Federación y los conceptos de violación de la parte quejosa expuestos en la ampliación de demanda se refieren a violaciones a la debida fundamentación y motivación, pero no alega violaciones directas a la Constitución Federal. Finalmente, el acto impugnado en la ampliación de demanda, no actualiza alguna de las excepciones jurisprudencialmente establecidas, para no agotar el principio de definitividad, toda vez que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento ni se trata de asunto de naturaleza penal. Sobre las bases expuestas, dado que se cumplen las exigencias legales para la actualización de causa de improcedencia analizada y no se surte ningún supuesto de excepción, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la ampliación de demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Por lista Tercero Interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano